Roberto Macías, abre las puertas de Europa, a todos los Whistleblowers en España. Las víctimas de la corrupción pueden adherirse a su petición.

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La Asociación Alianza Contra al Corrupción, presidida por Jaime Gonzalez Díaz, invoca a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la Directiva Europea EU 1937/2019, que protege a los denunciantes (Whistleblowers), señalan que «no debería haber sido condenado después de exponer la corrupción sindical».

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, acaba de registrar la petición n.º 1343/2021, presentada por Jaime González Díaz, de nacionalidad española, en nombre de la Asociación Alianza contra la Corrupción, sobre presunto incumplimiento de la Directiva relativa a la protección de los denunciantes.

El  fondo de la denuncia presentada es el incumplimiento de la Directiva 1937/2019, relativa a la protección de los denunciantes de corrupción. Una Directiva, que defendió el letrado de Macías, ejercida por Francisco José Sánchez del Águila Ramón, presidente de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AmayT). Pero que la Fiscalía Anticorrupción, representada por Fernando Soto Patino, rechazó bajo la siguiente argumentación: En primer lugar porque «no entra en vigor hasta el próximo 17 de diciembre, siendo a partir de esa fecha cuando España tiene dos años para su transposición a leyes nacionales, y por la no consideración de Roberto Macías como denunciante de corrupción», dado que se entiende por el representante del Ministerio Público que «no cumple las condiciones que establece dicha directiva: denuncia interna en la organización y/o denuncia a las autoridades, administrativas, policiales o judiciales», han señalado desde el sindicato.  Al respecto, la Asociación Alianza Contra la Corrupción, presentó un vídeo exponiendo lo ocurrido en la sala, mientras se desarrollaban las cuestiones previas. En la grabación, pueden apreciarse los argumentos de la Fiscalía.

Tanto en el desarrollo de las cuestiones previas como en la fase del juicio oral, la Fiscalía Anticorrupción, mantuvo un criterio que según el peticionario, contraviene el Derecho de la Unión encarnado en la Directiva Whistleblower. En la denuncia entregada a la Comisión de Peticiones, se detallan una serie de casos que ilustran, a su entender, la corrupción judicial existente en España, los conflictos de interés entre el poder ejecutivo y judicial y el abuso de derecho.

Las víctimas de la corrupción pueden adherirse a la denuncia.

Las víctimas de la corrupción pueden adherirse en la página Parlamento Europeo. El objetivo de la Comisión de Peticiones no es otro que el de responder a todas las peticiones y, cuando sea posible, ofrecer una alternativa extrajudicial a preocupaciones o cuestiones legítimas que, siempre en relación con los ámbitos de actividad de la UE. De hecho, el mismo portal permite también adherirse en línea a peticiones abiertas que los miembros de la Comisión de Peticiones han admitido a trámite. Es la mejor forma de visibilizar un problema grave, estructural y de atención urgente que lacera a nuestra sociedad.

Caso de Roberto Macías vs UGT Andalucía

Roberto Macías, ex trabajador de UGT fue condenado en mayo de 2020 por una juez de Sevilla a dos años de cárcel por revelación de secretos, tras revelar información sobre el presunto fraude de facturas falsas en el sindicato. Cabe destacar que Macías, trabajó en UGT-A, seis años, entre 2006 y 2012, como administrativo en el área de compras del sindicato, un departamento clave en la supuesta trama urdida por la organización para desviar subvenciones millonarias.

La juez sustituta del Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla, Ana María León Gallego, falló contra Roberto Macías en una sentencia que fue recurrida ante la Audiencia de Sevilla. La Sección Séptima, ahora debe pronunciarse y confirmar la condena o decretar la absolución del ex trabajador del sindicato. El pasado marzo, el sindicato urgió a la Sala para que diera ya a conocer su decisión, ya que entonces había pasado más de un año desde la fecha en la que los magistrados deliberaron sobre este asunto. Al conocer que el Consejo de Ministros aprobó a propuesta del Ministerio de Justicia, dirigido por Pilar Llop, el Anteproyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción con el objeto de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea (UE).

El objeto de la Directiva es proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, mediante el establecimiento de canales protegidos de comunicaciones y la prohibición de cualquier represalia contra ellos.

La ministra de Justicia, Pilar Llop,  explicó que referido Anteproyecto de Ley, además de ser un arma para combatir la corrupción, también se entiende y abarca al resto de tipologías de infracciones del ordenamiento español “que tanto pueden dañar nuestra sociedad. Será una herramienta para combatir cualquier quebranto económico contra la hacienda pública, así como otras infracciones que vulneran otros ámbitos, especialmente la protección del medio ambiente, la seguridad nuclear, la seguridad de los alimentos, protección de los consumidores, prevención del blanqueo de capitales, entre otros».

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