La Demanda del Rey Emérito a Miguel Ángel Revilla: Un Pulso entre la Inviolabilidad y la Denuncia de la Corrupción
La reciente demanda interpuesta por el Rey Emérito, Juan Carlos I, contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por supuestas afirmaciones injuriosas en los medios, evidencia la tensión entre la protección legal de figuras públicas y la necesidad democrática de transparencia y rendición de cuentas. Este evento resuena especialmente en el contexto de las investigaciones periodísticas y judiciales que han rodeado al anterior monarca.
Miguel Ángel Revilla ha manifestado su desacuerdo con la demanda, considerándola una «situación complicada» al enfrentarse a un ex Jefe de Estado. Para él, resulta una «anomalía de la Constitución española» que un «hombre inmune», «que no puede ser denunciado por nadie», demande a un «ciudadano a pie». Revilla, sin aforamiento, insiste en que «todos somos iguales ante la ley», expresando sorpresa e indignación («¿Por qué yo?») ante la demanda de una persona «inmune [y] poderosa». Subraya su postura constante contra la corrupción y las ilegalidades de los políticos, afirmando que, sin la inviolabilidad, el Rey Emérito probablemente enfrentaría una situación legal distinta, citando denuncias de Hacienda por más de cinco delitos fiscales.
Este conflicto legal se desarrolla en un marco de múltiples escándalos de corrupción que han afectado a la Casa Real. El Caso Nóos, iniciado en 2010 por el presunto uso fraudulento de fondos públicos por el instituto de Iñaki Urdangarin, marcó un precedente. Aunque Urdangarin fue apartado de la actividad oficial en 2011 por conducta «no ejemplar», declaraciones de su exsocio sugirieron que la Casa del Rey le pidió apartarse solo «en apariencia». Este caso, entre otros, influyó en la abdicación del Rey Juan Carlos I en 2014.
Más recientemente, el foco se centró en el Rey Emérito. El Tribunal Supremo abrió al menos tres investigaciones entre junio y noviembre de 2020:
- Supuestas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca. Audios del excomisario Villarejo, difundidos desde 2018, documentaron presuntas comisiones. El libro «El rey al desnudo» de Ernesto Ekaizer corroboró conversaciones privadas sobre la «comisión» correspondiente al Rey Emérito por sus gestiones.
- Presunto delito fiscal por el uso de tarjetas «black». Fondos de origen extranjero, de cuentas a nombre de un empresario mexicano y un militar, nutrían estas tarjetas que afectaban a varios familiares, incluyendo nietos. Estos movimientos, posteriores a su abdicación, no estarían amparados por la inviolabilidad. La Fiscalía Anticorrupción halló indicios de un presunto delito fiscal superior a 120.000 euros en un ejercicio, tras la alerta del Sepblac. Revilla alude al «montón de dinero» que el Rey Emérito tendría fuera de España y a su situación como «no ciudadano fiscal español».
- Una tercera investigación por supuesto blanqueo de capitales.
En su defensa, Revilla argumenta basarse en información «investigada y publicada en todos los medios», cuya veracidad considera comprobable. Esto resalta la importancia crucial del periodismo de investigación y de quienes informan, alertan o denuncian la corrupción, ya sean periodistas o ciudadanos.
El periodismo de investigación ejerce un vital «control ético» sobre el poder, revelando información de «interés público» oculta. La libertad de expresión, amparada por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es fundamental para este «perro guardián público». Obstáculos al acceso a información pública pueden disuadir investigaciones, mientras que la divulgación de información estatal, especialmente fuera del control democrático, es esencial. Incluso la denuncia interna («whistleblowing») debe ser protegida.
Históricamente, informar sobre la Monarquía ha sido complejo, con escasos estudios previos sobre escándalos de la Casa Real, posiblemente debido a un «cordón de seguridad informativo» o «pacto de silencio» mediático durante décadas. Aunque la tardía información sobre presuntas ilegalidades de Juan Carlos I resulta cuestionable, los recientes escándalos han impulsado la investigación periodística. Sin embargo, un estudio sugiere que los medios analizados principalmente publicaban resoluciones judiciales, sin investigar «por su cuenta», indicando una posible persistencia de ese «cordón».
La demanda a Revilla ilustra el riesgo legal para quienes hablan públicamente sobre figuras poderosas y acusaciones de corrupción. Aunque la ley protege el honor, exige pruebas para afirmaciones perjudiciales. Los periodistas deben actuar de «buena fe» y verificar la información, aunque a veces informen basándose en fuentes oficiales sin verificación inmediata. La obtención de la información controvertida también es relevante.
En este contexto, la protección de quienes informan, opinan, alertan o denuncian la corrupción es vital para la democracia. Esto incluye a periodistas y a figuras públicas como Revilla que, basándose en información pública y verificable, alzan la voz contra posibles ilegalidades. La posibilidad de ser demandado por un «inviolable» genera una asimetría que amenaza la libertad de expresión y el control ciudadano.
En este contexto, nos preguntamos qué opina un activista de la Asociación Alianza Contra la Corrupción, Jaime González, sobre este caso y su implicación en la lucha contra la impunidad.
Pregunta: Jaime, desde la Alianza Contra la Corrupción, ¿cómo valoran la demanda del Rey Emérito a Miguel Ángel Revilla y qué mensaje creen que envía a aquellos que se atreven a denunciar o informar sobre posibles casos de corrupción en las altas esferas?
Respuesta de González: Desde la Alianza Contra la Corrupción, vemos con profunda preocupación esta demanda. Nos parece un intento de silenciar voces críticas y de perpetuar la impunidad de quienes históricamente han gozado de privilegios. Miguel Ángel Revilla, basándose en información pública y notoria, ha expresado una opinión que muchos ciudadanos comparten. Que ahora se enfrente a una demanda por parte de quien en su día fue la máxima representación del Estado envía un mensaje escalofriante: que incluso la verdad, si incomoda al poder, puede ser judicializada.
Otro activista, Roberto Macías, Afirma: «Creemos firmemente en la necesidad de acabar con la impunidad de los poderosos. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda categoría ante la ley. Es fundamental proteger a figuras como Miguel Ángel Revilla o Pablo Hasél , y a todos aquellos periodistas, denunciantes y ciudadanos que exponen la decadencia del Estado y sus instituciones. Su valentía es esencial para la salud democrática».
Desde la Alianza, mostramos nuestro total apoyo a Miguel Ángel Revilla en esta causa. Es crucial que la sociedad civil se una para defender su derecho a la libertad de expresión y para exigir que nadie, por muy alto que haya sido su cargo, esté por encima de la justicia y la rendición de cuentas. Su lucha es, en última instancia, la lucha de todos contra la corrupción y la impunidad.