AUDIOS BOMBA: ¿Un plan desde Ferraz para derribar a la UCO?
Grabaciones de una reunión secreta exponen la presunta estrategia de una ‘fontanera del PSOE’ para neutralizar investigaciones judiciales y policiales que afectan al entorno del poder, ofreciendo favores a cambio de información comprometida.
La publicación de unos audios ha desatado una grave tormenta mediática y política al desvelar una presunta operación para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El centro de esta polémica es una reunión por videollamada en la que participaron, según los medios, una militante del PSOE identificada como Leire Díez, un abogado y empresarios procesados por delitos fiscales. La conversación, de 53 minutos, fue grabada y posteriormente filtrada y publicada. El PSOE ha calificado la grabación de ilegal.
La Figura de Leire Díez
Leire Díez ha sido descrita como una «afiliada de base» del PSOE por la dirección del partido, y como una «fontanera del PSOE» o «de Ferraz» por otros, e incluso como una «pieza clave en las estrategias del PSOE para neutralizar a sus adversarios». Aunque ella niega tener una relación contractual con el partido o ser cercana a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, diversos medios la han vinculado a él. En el Congreso, diputados del Partido Popular la han identificado directamente como «miembro del Partido Socialista una fontanera de la Secretaría de Organización», afirmando que «comprometió decisiones que afectan a la fiscalía a la abogacía del Estado y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». Díez ha declarado que su implicación correspondía a un «trabajo periodístico sobre corrupción en el sector energético», una explicación que contrasta fuertemente con el contenido de los audios difundidos.
El Objetivo: Neutralizar a la UCO
El principal objetivo de la información que Leire Díez buscaba, según las grabaciones, era obtener datos para «desacreditar» y lograr la «caída» del teniente coronel Antonio Balas, jefe de Delincuencia Económica de la UCO, quien está al frente de las investigaciones que afectan al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez (su esposa y hermano) y a la trama del caso Koldo. En la grabación, Díez habría sido explícita: «Necesito a Balas, así de claro. Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado». Se menciona también un interés en el fiscal Anticorrupción José Grinda, sobre quien se habría intentado obtener información o presión para que «sacara mierda» de su jefe o «dara carpetazo a casos», llegando a denunciar un intento de soborno.
La Estrategia: Favores a Cambio de Información
La estrategia puesta en evidencia en los audios habría sido un intercambio de favores por información. Leire Díez y otros interlocutores habrían ofrecido a los empresarios con problemas judiciales «beneficios judiciales y fiscales», incluyendo «acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado» y la posibilidad de «recuperar impuestos pagados». A cambio, esperaban recibir «información comprometida y pruebas documentadas» sobre el teniente coronel Balas. Desde la perspectiva crítica, esta maniobra buscaría favorecer al PSOE/Gobierno al neutralizar las investigaciones que les afectan, mientras que los empresarios buscarían mejorar su situación legal.
Reacciones Políticas y Legales
La publicación de los audios ha provocado un «escándalo» en la política nacional. Desde el Partido Popular se ha calificado la situación como «objetivamente un escándalo» que «requiere y exige una respuesta del gobierno». Se ha acusado al gobierno de «guerra sucia», de ser un «gobierno mafioso», y de tener un «vacío moral». Diputados de la oposición han vinculado el caso a presuntas «cloacas» y a una «persecución judicial y política contra disidentes políticos», señalando la gravedad de que, según ellos, se comprometan «decisiones que afectan a la fiscalía a la abogacía del Estado y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».
Ante estas acusaciones, el PSOE ha reaccionado negando «categóricamente» la supuesta operación. Han anunciado la apertura de un «expediente informativo a Leire Díez», aunque han especificado que «no implica ninguna medida cautelar» y han reiterado que ella es una «afiliada de base» que no estaba en nómina ni actuaba en nombre del partido. Desde el gobierno y el PSOE se ha acusado a la oposición de «enfangar», de difundir «noticias manipuladas inexactas falsas» y de intentar «hilar un discurso que es el suyo que usted intenta que sea coherente pero que realmente resulta grotesco». Han defendido la integridad de los miembros del gobierno frente a las acusaciones de «mecanismos mafiosos», recordando casos de «condenados» en las filas del PP.
Corrupción tutelada desde Ferraz
Los audios han puesto sobre la mesa acusaciones extremadamente graves de una presunta interferencia política en investigaciones judiciales sensibles, utilizando una estrategia de favores a cambio de información para neutralizar a cargos clave en la lucha contra la corrupción. Si bien el PSOE rechaza las acusaciones y las enmarca en una campaña de desprestigio de la oposición, el contenido de las grabaciones, la identidad de los participantes y los objetivos explicitados en los audios han generado profundas dudas sobre la independencia de las instituciones del Estado y la posible utilización de resortes del poder para fines partidistas. El caso de Leire Díez y la UCO se configura así como un nuevo capítulo en la pugna política, con el sistema judicial y policial en el centro de la controversia.