El Ministerio de Justicia, excluye a los «alertadores de corrupción» de la Comisión encargada de presentar la propuesta sobre Directiva Europea que les protege.

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La comisión de «expertos» conformada por el ex Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, dejó sin representación a las víctimas de la corrupción en España.

«El desprecio del Gobierno de España a los Whistleblowers es tan evidente que, nos aíslan para no tener participación en el órgano que presentará la propuesta de transposición de la Directiva de protección al denunciante», señala Roberto Macías, Vicepresidente de la Alianza Contra la Corrupción.

El Gobierno de Pedro Sánchez, se ha distinguido por ocultar los nombres de aquellos «expertos» que se encargan de apoyar, coordinar y definir la implementación de las decisiones a nivel político. Personas que rehúyen al ruido mediático, pero desde las sombras ayudan al Gobierno a tomar decisiones que luego tendrán impacto en la vida pública.

En el caso de la pandemia por COVID-19, los nombres de los expertos que ayudaban a Fernando Simón, Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), a gestionar la crisis sanitaria, se convirtió durante meses en unos de los mayores secretos de Estado. Cabe destacar que el Ejecutivo, estuvo varios meses negándose a hacer pública los nombres de los expertos, de quiénes componían el llamado «comité técnico de desescalada» y solo lo hizo después de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le obligara a revelarlo.

El Ministerio de Justicia, también optó por la estrategia de la opacidad y el silencio, respecto al grupo de
trabajo que formó la Comisión General de Codificación, para preparar una propuesta para la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

La composición del Grupo de trabajo es la siguiente:

Coordinadores:


D. José Luis Piñar Mañas
Presidente de la Sección de Derecho Público de la Comisión General de
Codificación. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad San
Pablo-CEU.
D. José María Ayala de la Torre
Abogado del Estado. Socio-director del Despacho Ayala de la Torre abogados

Vocales:

Dª. Mercedes Fuertes López
Vocal permanente de la Sección de Derecho Público.
Catedrática de Derecho administrativo de la Universidad de León.
D. Ignacio Sáez Hidalgo
Letrado de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla León.
D.ª María Dolores Herrera Pereda
Directora de Cumplimiento del Grupo Iberdrola.
Dª. Begoña Díaz Varela Arrese
Directora de Recursos Humanos y Relaciones Laborales en Agencia EFE.
D. Luis Florencio Santa-María Pérez
Abogado del Estado. Director de Órganos de Gobierno, Cumplimiento Normativo
y Prevención de Blanqueo de Capitales de Abanca Corporación Bancaria S.A.

La orden fue firmada el pasado 2 junio de 2020, por el ex Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno. Sin contar con la participación de ningún alertador de corrupción en los trabajos de la citada Comisión. Al ser cuestionado Roberto Macías, Vicepresidente de la asociación Alianza Contra la Corrupción, manifestó: «El desprecio del Gobierno de España a los Whistleblowers es tan evidente que, nos aíslan para no tener participación en el órgano que presentará la propuesta de transposición de la Directiva de protección al denunciante«, señaló el activista.

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