Europa sancionará a España por la falta de transposición de la Directiva Europea EU 1937/2019
El Gobierno de España no hace lo suficiente para proteger a los alertadores de corrupción. «No hay una voluntad real para combatir la corrupción, el fraude y proteger a las personas que activan las primeras alarmas», señala Roberto Macías.
«En el reino de los delincuentes se sigue lapidando la honradez y castigando a los defensores de la ética pública». Apuntan desde la Alianza Contra la Corrupción.
La Comisión ha decidido incoar procedimiento de infracción INFR(2022)0073 de fecha 27/01/2022 contra el reino de España, por la falta de transposición de la Directiva UE 1937/2019 (Lack of transposition of Directive 32019L1937 by Spain). Relativa a la protección de personas que alertan infracciones al Derecho de la Unión.
La Comisión de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, acaba de iniciar el procedimiento de infracción amparado en los artículos 258 a 260 relativos al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFEU).
El objeto del procedimiento de infracción se inicia por el incumplimiento por parte de un Estado miembro respecto de la legislación de la Unión Europea. Hay tres grandes grupos de infracciones:
- (1) no transposición de Directivas o falta de comunicación de la transposición,
- (2) disconformidad de la transposición y
- (3) mala aplicación de las disposiciones de la Unión Europea.
El 17 de diciembre de 2021, finalizó el plazo dado a los Estados miembros, para transponer la Directiva y proteger a las personas que informen o alerten actos de corrupción. Cabe destacar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sancionó al reino de España, por incumplir con sus obligaciones de transposición de otra Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva de protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales), y, en consecuencia, le condenó al pago de 15.000.000 de euros y una multa coercitiva diaria 89.000 euros. (Sentencia Tribunal Justicia de la Unión Europea, Sala 8ª, de 25 de febrero de 2021, asunto n.º C-658/19)
La inexplicable dilación en la transposición de la Directiva, permite que se sigan destrozando las vidas de personas que cumplieron con su obligación cívica y ética de alertar de graves irregularidades. Tal es el caso del escritor y activista Luis Gonzalo Segura, que está siendo sometido a una intensa campaña de hostigamiento y acoso judicial por informar a la sociedad de los abusos, irregularidades, privilegios y corrupción dentro del Ejército español. Podemos acceder a sus investigaciones, artículos y denuncias en la siguiente dirección: https://www.luisgonzalosegura.es/
El día de ayer, informamos que la asociación Moviment Residencies Catalunya, reclamaba una investigación profunda y rigurosa sobre el genocidio ocurrido en las residencias de mayores en relación con las más de 30.000 mil personas fallecidas en plena pandemia de COVID-19. En su comunicado, la asociación defensora de los derechos de las personas mayores, también se sumaron a exigir la transposición de la Directiva:
Por otra parte, el 17 de diciembre de 2021 cumplió el plazo para implantar la ley de protección a denunciantes (de obligado cumplimiento), ley que no se ha aplicado desde el Estado Español, la misma, que bien aplicada protegería a las trabajadoras del sector de la dependencia que quieren denunciar, pero no se atreven porque denunciar supondría un acoso sin precedentes. Si el personal de los centros pudiera denunciar con una protección real, ayudaría mucho a que la verdad saliera a la luz.
La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, recientemente denunció públicamente que el Gobierno todavía no ha cumplido con su obligación de transponer la normativa europea sobre protección de personas informantes o alertadores de corrupción, “lo que tiene consecuencias muy negativas para quienes denuncian y buscan protección”.
El objetivo de la norma europea es impulsar iniciativas de denuncia como las que realizó Jaime González, el funcionario que reveló el alcance del Cartel del Fuego en España, o de Ana Garrido Ramos, que hizo estallar el caso Gürtel con sus informaciones. El informante debe ser protegido en todo momento, para evitar que, los justos acaben con sus vidas destrozadas.
Roberto Macías, activista y alertador de corrupción, señala: «Es evidente que el Gobierno de España, no hace lo suficiente para proteger a los alertadores de corrupción. No hay una voluntad real para combatir la corrupción, el fraude y proteger a las personas que activan las primeras alarmas». La asociación Alianza Contra la Corrupción, son más contundentes en sus manifestaciones: «En el reino de los delincuentes se sigue lapidando la honradez y castigando a los defensores de la ética pública».
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