Excesiva lentitud judicial: En 2024 se celebrará el juicio contra la ex cúpula de UGT Andalucía. Se fija la fecha de Juicio una década después de las primeras filtraciones sobre la financiación ilícita del sindicato.
La primera información relacionada con el dispendio de fondos públicos: «Pastrana pagó con la Visa Oro de UGT gastos en Sudáfrica cuando se anunciaba el ERE» fue publicada en abril de 2013.
Roberto Macías, alertador de la trama de corrupción, de momento el único condenado por la justicia por denunciar públicamente las vías de financiación ilícitas del sindicato hermano del PSOE.
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha señalado ya las sesiones del juicio promovido contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados 40.750.047,74 euros de ayudas públicas.
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha señalado ya las sesiones del juicio promovido contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados 40.750.047,74 euros de ayudas públicas.
En un auto emitido el pasado 4 de abril, publicado por ABC y posteriormente recogido por Europa Press, dicha instancia judicial fija el día 14 de diciembre de 2023 para la sesión de cuestiones previas, señalando para el 15 de enero de 2024 el comienzo del grueso del periodo de sesiones, que se prolonga hasta el 19 de junio de ese año con decenas de jornadas
«Ello, sin perjuicio de la facultad del tribunal de suprimir algún día o señalar días adicionales en función del desarrollo del juicio», abunda la Sección Tercera en este auto. En concreto, los investigados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la ex secretaria de Gestión Económica; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
Excesiva lentitud judicial para investigar la corrupción sindical por parte del juzgado de instrucción número 9 de Sevilla, dirigido por el Magistrado Juan Jesús Vélez.
El magistrado Juan Jesús García Vélez, abrió el 22 de agosto de 2013, las primeras diligencias de una causa que volvió a su juzgado en 2014. A partir de ese momento la investigación judicial presentó excesivas dilaciones al tratarse de una causa de «corrupción compleja».
Nada fue igual tras el apartamiento de las investigaciones de la jueza Mercedes Alaya contra la UGT Andalucía. El caso que mantenía un ritmo, constancia y fuerza procesal, paso a quedar desactivado. Fue la propia Fiscalía Anticorrupción, la que boicoteó la actuación de Alaya, hasta conseguir apartarla del caso.
El origen de la disputa fue la concentración de todas las diligencias sobre UGT-A en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, del que Mercedes Alaya, fuera titular. Entonces, la magistrada reclamó la asunción del caso a través de un auto fechado el 29 de octubre de 2013, después de que el juez decano resolviera, a través de un acuerdo de 2 de octubre, que Alaya era la persona idónea para instruir la causa de UGT por tener ésta conexidad o relación con dos frentes que la juez ya estaba investigado. Uno, los ocho millones que pagó UGT-A a una empresa de formación del entramado de sociedades pantalla del conseguidor de los ERE y ex ugetista Juan Lanzas. Y, el segundo, las diligencias abiertas por la juez tras la declaración del jefe del departamento de Gestión de Formación Profesional para el Empleo, Teodoro Montes. Este funcionario desveló graves irregularidades en formación que afectan según su relato a la gestión que han hecho de las subvenciones tanto patronal como UGT y CC OO.
Las primeras diligencias del «caso UGT» (5072/2013) las abrió el titular de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, el 22 de agosto de hace tres años. Llegaron a su juzgado por reparto aleatorio después de abrirse la espita de las informaciones periodísticas que apuntaban a graves irregularidades en subvenciones públicas y de la denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias que ahora, por vueltas o caprichos del destino, es quien tiene a su presidente, Miguel Bernad, en la cárcel acusado de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal. Las tres personas que han movido al más alto nivel los hilos del sindicato UGT-A durante tres lustros, los ex secretarios generales Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, y el ex tesorero Federico Fresneda también están acusados de fraude y de participar de manera directa en la «financiación ilícita» del sindicato.
Una vez que el Magistrado García Vélez, se hizo formalmente con la investigación, el caso quedó durante tres anos paralizado en espera de la llegada de informes periciales que se demoraron casi un lustro. Fue así, como los gastos publicados por el ABC en marzo del ano 2013, relacionados con el dispendio de fondos públicos por parte del sindicato hermano del PSOE, quedarían en una especie de amnesia judicial. La primera publicación daba cuenta de ello: Pastrana pagó con la Visa Oro de UGT gastos en Sudáfrica cuando se anunciaba el ERE. Una década después de las filtraciones a los medios de comunicación será juzgada una parte de la ex cúpula que tuvo responsabilidad en estos actos.
Roberto Macías, ex trabajador clave en las investigaciones el único condenado por filtrar la corrupción del sindicato.
Macías, pese a ser la persona que destapó el escándalo de las presuntas facturas falsas, se ha convertido, paradójicamente, en el primer condenado en la causa que el sindicato impulsó contra él. Mientras, las pesquisas judiciales contra UGT-A, que derivan de las revelaciones periodísticas de EL MUNDO y otros medios de comunicación a partir del año 2013, están a punto de llegar a juicio, pese a los intentos de los procesados de anular la causa.
La Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia, que patrocina la defensa de Macías, ha alertado sobre las «ignominiosas acciones que interpone la cúpula ugetista contra un alertador de corrupción, en virtud de la Directiva Europea EU 1937/2019, que protege a las personas que informen de infracciones al Derecho de la Unión», como es el caso de Macías.
«Queremos manifestar que el caso de Roberto Macías sentará un precedente en el derecho europeo, pues a todas luces se trata de un alertador de corrupción que debió ser protegido por nuestros poderes públicos; pero por una extraña e insólita decisión judicial acabó siendo el primer condenado» en el caso de la presunta trama de las facturas falsas de UGT-A, ha señalado. «Una muestra más de la necesaria protección para las fuentes periodísticas y de la imperiosa necesidad de proteger a todas las personas que informen actos de corrupción», ha apostillado el letrado.
