El pacto de silencio que protege al poder: el caso de Elisa Mouliaá y la soledad de quienes denuncian
El proceso judicial que enfrenta la actriz Elisa Mouliaá revela no solo la fragilidad estructural en la que quedan muchas denunciantes, sino también la capacidad del poder político para blindarse a sí mismo cuando uno de los suyos se ve señalado.
La grieta en el relato oficial
La política española atraviesa uno de sus momentos más incómodos. Las estructuras que durante años se han presentado como garantes de igualdad y justicia muestran ahora su reverso: mecanismos de autoprotección que, en casos de presunto acoso o violencia sexual, parecen activarse en favor de quienes ostentan poder.
El caso que involucra a Íñigo Errejón ha actuado como catalizador de un debate que trasciende nombres propios. La pregunta de fondo es inquietante: ¿qué ocurre cuando la denuncia se dirige contra una figura con capital político, mediático e institucional?
La respuesta que percibe parte de la opinión pública apunta a un patrón reiterado. Se activa un engranaje que desplaza el foco del presunto abuso hacia la denunciante, cuestionando su credibilidad, su estabilidad emocional o sus motivaciones personales. Un fenómeno que muchas víctimas describen como una segunda agresión.
La doble vara de medir del sistema
Una de las críticas más recurrentes que emerge en este tipo de procesos es la sensación de desigualdad ante la ley. Sectores sociales denuncian que, cuando el investigado pertenece al ámbito político, el nivel de escrutinio institucional se diluye, mientras que el desgaste sobre la denunciante se intensifica.
Esta percepción se alimenta de comparaciones con otros casos mediáticos, como el de Juana Rivas, donde el apoyo social e institucional se articuló de forma distinta. Para muchas voces críticas, existe una doble vara de medir que otorga ventajas implícitas a quienes forman parte de la estructura política, mientras deja a la ciudadanía común enfrentándose sola a procesos judiciales largos, costosos y emocionalmente devastadores.
La narrativa del acusado vulnerable
Tras la denuncia, parte del espacio político y mediático intentó proyectar la imagen del político como víctima de una persecución o de un supuesto exceso punitivo. La carta de dimisión presentada por Errejón, en la que hacía referencia a una “subjetividad tóxica” derivada de la presión política, fue interpretada por algunos sectores como un gesto de vulnerabilidad.
Sin embargo, esa exposición personal convive con una estrategia judicial centrada en negar los hechos denunciados. Este doble discurso —reconocer fragilidad emocional mientras se rechaza toda responsabilidad legal— genera un relato que, según analistas críticos, desplaza el debate desde los hechos hacia la figura del acusado, diluyendo el centro del conflicto.
Resistencia en solitario frente al aparato del poder
En el centro del proceso se encuentra Mouliaá, quien ha continuado adelante pese al coste emocional, económico y profesional que implica enfrentarse a una figura con influencia política.
La actriz ha relatado las secuelas psicológicas derivadas no solo de los hechos denunciados, sino del propio proceso judicial: reconstrucciones constantes de los acontecimientos, peritajes psicológicos, exposición pública y desgaste mediático. A ello se suma la carga de tener que sostener pruebas y testimonios frente a un entorno que, según denuncia, cuestiona permanentemente su credibilidad.
La revictimización institucional
Diversas voces han señalado que determinados interrogatorios y dinámicas judiciales reproducen esquemas que trasladan el peso de la prueba hacia la víctima. Preguntas sobre la vida privada, el consumo de alcohol o la reacción física durante los hechos denunciados forman parte de un repertorio que organizaciones especializadas llevan años denunciando.
Para los críticos del sistema, estas prácticas transmiten un mensaje disuasorio: denunciar implica exponerse a un proceso que puede convertirse en una forma de castigo social y psicológico.
El silencio político y la fractura del feminismo institucional
Otro elemento que ha generado controversia es la tibieza con la que algunos sectores políticos y sociales han abordado el caso. Partidos como Más País o Sumar, tradicionalmente vinculados al discurso feminista, han sido señalados por mantener posiciones prudentes o ambiguas.
Paralelamente, el caso ha sido utilizado desde posiciones ideológicas opuestas, incluidas críticas procedentes de Vox, lo que ha contribuido a polarizar el debate y, según algunos analistas, a diluir el foco sobre la denunciante, convertida en terreno de disputa política.
Esta coincidencia de ataques desde espectros ideológicos enfrentados alimenta la percepción de un cierre de filas transversal dentro de la clase política, basado en una lógica de autoprotección institucional.
El barro como herramienta de desgaste
Las denuncias contra figuras de poder suelen ir acompañadas de campañas de descrédito: filtraciones interesadas, cuestionamientos sobre la salud mental de la denunciante, insinuaciones sobre motivaciones económicas o personales. Estrategias que buscan erosionar la legitimidad del testimonio y lanzar un mensaje preventivo a futuras denunciantes.
Este fenómeno, descrito en algunos ámbitos como una forma de guerra judicial y mediática, no solo afecta a quienes denuncian, sino que refuerza una cultura de silencio que favorece la impunidad.
Cuando la democracia se mide en la protección del débil
El caso Mouliaá trasciende el ámbito judicial para convertirse en un termómetro democrático. La fortaleza de un sistema político no se mide únicamente por su capacidad para castigar delitos, sino por su habilidad para proteger a quienes se enfrentan al poder desde posiciones vulnerables.
Cada mujer que decide denunciar no solo interpela a un individuo, sino que cuestiona las estructuras que permiten que determinadas conductas permanezcan impunes. Y cada vez que esas estructuras fallan, la confianza ciudadana en las instituciones se resquebraja.
Romper el pacto de silencio que históricamente ha protegido al poder se convierte así en una exigencia colectiva. Porque cuando denunciar implica enfrentarse en solitario a los tentáculos del poder, la justicia deja de ser un derecho y se convierte en una batalla.
