La absolución de los responsables del caso Invercaria–Al Andalus no es solo un revés para quienes esperaban justicia. Es un golpe directo a la credibilidad del sistema democrático. Es la confirmación de algo que la ciudadanía lleva demasiado tiempo sospechando: en España, la mala gestión del dinero público no tiene consecuencias. Ninguna.
La Audiencia Provincial de Sevilla afirma que “se trató de un proyecto real y serio”. Pero no hay nada serio en una aerolínea que dura 16 meses. No hay nada serio en inyectar más de un millón de euros públicos en una empresa que ya presentaba “una situación financiera comprometida”. No hay nada serio en un sistema que permite que decisiones de alto riesgo se tomen sin controles efectivos, sin transparencia y sin rendición de cuentas.
Lo que sí es serio —gravemente serio— es que, tras más de una década de investigación, análisis, informes, declaraciones y recursos, el resultado final sea que nadie es responsable. Ni política, ni administrativa, ni éticamente. Nadie.
La justicia penal exige pruebas de dolo. Pero la democracia exige algo más básico: responsabilidad. Y en este caso, la responsabilidad ha sido enterrada bajo toneladas de tecnicismos jurídicos que, aunque impecables en su forma, son devastadores en su efecto.
Porque lo que esta absolución transmite es un mensaje claro y peligroso: si no hay sobres, si no hay comisiones, si no hay grabaciones, entonces no hay corrupción. Y eso es falso. La corrupción también es estructural. También es sistémica. También es la suma de decisiones temerarias tomadas con dinero ajeno, amparadas en la opacidad y justificadas con informes que, a la luz de los hechos, no resistieron ni un año y medio de realidad.
La sentencia insiste en que “no consta que cantidad alguna fuera dedicada a fines distintos de los que constituían su proyecto”. Pero ese no es el punto. El punto es que el dinero público se perdió. El punto es que los mecanismos de control fallaron. El punto es que se financiaron proyectos inviables con una alegría que jamás se aplicaría al dinero propio. El punto es que nadie ha explicado por qué. Y el punto, sobre todo, es que nadie ha pagado por ello.
La absolución no limpia nada. Solo consagra la impunidad.
Solo refuerza la idea de que en España la corrupción no siempre es delito, pero casi siempre es gratis.
Prometheus News y la Alianza Contra la Corrupción no aceptan esta normalización del fracaso. No aceptan que la mala gestión se disfrace de “proyecto serio”. No aceptan que el dinero público se trate como un recurso infinito, sin dueño y sin consecuencias.
La justicia penal ha cerrado el caso. La justicia democrática no puede hacerlo. Porque mientras nadie responda por lo ocurrido, mientras nadie explique cómo se perdió ese dinero, mientras nadie asuma la responsabilidad de haber financiado un proyecto que se estrelló en tiempo récord, la herida seguirá abierta.
