La Herida Abierta de Aznalcóllar: Lucro, Impunidad y la Amenaza de un Nuevo Desastre en Doñana
No Más Aznalcóllar: La Inaceptable Alianza entre Intereses Mineros y la Indiferencia Política
A 27 años del mayor desastre natural de Andalucía, la posible reapertura de la mina de Aznalcóllar, adjudicada en 2015 a la empresa minera Los Frailes, filial de la multinacional Grupo México, ha generado un intenso debate y un fuerte rechazo por parte de múltiples plataformas ecologistas y sociales. La sombra de la catástrofe de 1998, cuando la rotura de una balsa de lodos de la mina operada por Boliden vertió más de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y cerca de 1,9 millones de metros cúbicos de aguas ácidas sobre la cuenca del río Guadiamar, poniendo en riesgo a Doñana, planea sobre el nuevo proyecto.
La reapertura propuesta implica la autorización de un vertido tóxico de 85.520 millones de litros en el Bajo Guadalquivir, lo que, según las plataformas denunciantes, podría causar grandes impactos ambientales y socioeconómicos en la zona. Esta región ribereña ya está castigada por la actividad minera. Carlos Davila, responsable de la oficina técnica de SEO Birdlife en Doñana, ha calificado la posible reapertura como un «drama ecológico y social que todavía permanece en forma de contaminación residual».
Un Proceso Judicializado y Críticas a la Licitación
La adjudicación de la mina en 2015 a Minera Los Frailes sigue judicializada. En 2025, se espera un juicio en el que catorce funcionarios están acusados de delitos graves como fraude, malversación, negociación prohibida a funcionarios, prevaricación y prevaricación ambiental. Los críticos consideran que es «absolutamente inviable» que se den autorizaciones para la reapertura mientras el proceso judicial está en curso. Ecologistas en Acción afirma que la adjudicación se realizó de manera «muy irregular».
El Grupo México: Un Historial de Desastres Ambientales
Grupo México, la empresa matriz detrás de Minera Los Frailes, tiene un largo historial de tragedias e impunidad. Los desastres causados por esta empresa son numerosos y con graves impactos socioambientales. Algunos ejemplos documentados incluyen:
- Más de 120 infracciones federales en materia de medio ambiente, salud y seguridad en sus instalaciones de Arizona y Texas entre 2000 y 2019, incluyendo descargas de contaminantes en el agua.
- El derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi en México en 2014, afectando a más de 22 mil personas. Los efectos de este derrame aún son incalculables.
- El derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés en 2019.
- El derrame de desechos tóxicos (mercurio, plomo y arsénico) al Río Bolaños en Jalisco en 2010, causando alta mortandad de peces.
- Incumplimientos en los límites de emisión de dióxido de azufre y vertidos de agua contaminada al mar en Perú, asociados con problemas respiratorios y altas tasas de mortalidad en la población local.
Este historial lleva a organizaciones ecologistas a afirmar que «todas las empresas mineras mienten» y que «siempre presentan unos proyectos que nunca luego ejecutan», mientras las administraciones «no están lo suficientemente vigilantes».
La Posible Contaminación del Guadalquivir y sus Implicaciones
El proyecto de reapertura prevé el vertido de 85.250 millones de litros de agua al estuario del Guadalquivir. Aunque la empresa sostiene que el agua será «depurada» y «casi potable», los críticos argumentan que ese «casi» es «suficiente para contaminar el Guadalquivir de forma irreversible» mediante su efecto acumulativo. Este vertido se sumaría al que ya realiza la mina de Las Cruces. Expertos científicos han alertado sobre el negativo impacto de estos residuos y los efectos del nuevo vertido. Investigadores de universidades andaluzas están elaborando informes sobre las nefastas consecuencias de este vertido. Se ha llegado a afirmar que seguir adelante con proyectos mineros como este convertirá el Estuario del Guadalquivir en «una cloaca».
El tipo de actividad minera que se realizará, al menos inicialmente, implica la extracción de mineral por debajo de la corta actual. El material de desecho (relaves) se reinyectará en los huecos mineros antiguos en forma de una pasta con cemento. Sin embargo, el proceso hidrometalúrgico para sacar la producción de metal generará nuevos lodos que se depositarán en la corta vieja de Aznalcóllar, que ya está saturada por los lodos de 1998.
Las implicaciones del funcionamiento de la mina van más allá de la contaminación directa. Representan la vuelta de un «modelo de desarrollo insostenible que comete, de nuevo, los mismos errores del pasado». Los críticos denuncian que se vuelve a colocar en el foco «un desarrollo minero mal entendido». La incapacidad para mantener las riberas y valles ecológicamente y económicamente aprovechables para actividades como la agricultura, la pesca y el turismo es una consecuencia directa. Félix Talego, profesor de la Universidad de Sevilla, ha criticado que las empresas mineras extranjeras «han dejado un desierto unido a una contaminación permanente».
Impacto Medioambiental, Flora, Fauna y Salud Humana
El desastre de 1998, que vertió lodos tóxicos con metales pesados muy agresivos como plomo, zinc, cadmio, cobre o arsénico, arrasó el cauce del río Guadiamar a lo largo de 40 kilómetros y afectó alrededor de 4.600 hectáreas. Incluso 25 años después, aún quedan parches y zonas con restos de lodos primitivos que hacen que los niveles de contaminación en los ríos Agrio y Guadiamar todavía no cumplan la normativa ambiental. Los suelos contaminados son ácidos y no crece vegetación. Las sales resultantes de la oxidación de los sulfuros transportan contaminantes al río y al acuífero.
La contaminación minera, incluyendo los drenajes ácidos cargados de metales pesados como cadmio, manganeso, hierro, aluminio, plomo, mercurio, níquel, arsénico, cobre, selenio, cromo y zinc, continúa durante siglos o miles de años tras el abandono de la mina. Se han detectado evidencias claras de contaminación por metales en suelos agrícolas, vegetales y fauna, incluyendo peces, caracoles y moluscos bivalvos. El plomo, presente en residuos de cartuchos de caza, tarda más de 300 años en degradarse y mata unas 60.000 aves al año en España. En Doñana, miles de gansos pueden ingerir perdigones acumulados.
La actividad minera afecta negativamente a los ecosistemas. En 1998, la rotura de la balsa puso en peligro Doñana por contaminación extrema. La pérdida de biodiversidad es una consecuencia. Un episodio denunciado en el Brazo del Este, cerca de una granja, incluyó el vertido directo de una sustancia tóxica a una canalización, causando la muerte de multitud de peces.
Los efectos sobre la salud en la población local son una preocupación constante. El proyecto de reapertura implica un riesgo para la salud de la población. La contaminación por metales pesados tiene efectos tóxicos para los organismos y para la salud humana. Hay expertos que conectan la degradación ambiental con una «mayor incidencia de cáncer y de la mortalidad entre la población». Aunque tras el desastre de 1998 se realizaron revisiones y se concluyó que no había afectado a la salud, algunos sugieren que quizás ahora habría que volver a hacer algún estudio.
Las poblaciones en Andalucía afectadas por los impactos mineros incluyen no solo Aznalcóllar, sino también los municipios a orillas del río Guadiamar (que se vieron afectados a lo largo de 40-50 km), el Bajo Guadalquivir, y potencialmente el área desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda, además de las costas de Doñana y la Ría de Huelva y aguas costeras atlánticas, así como zonas con suelos agrícolas contaminados. El informe de WWF sobre Doñana y el estuario del Guadalquivir abarca 25 municipios de las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla.
Gestión de Residuos: Un Legado Permanente
Tras el desastre de 1998, gran parte de los lodos tóxicos se recogieron y se depositaron en la denominada corta de Aznalcóllar, donde se mantienen hasta la fecha. El desastre puso de manifiesto los efectos eternos de los vertederos tóxicos. Las empresas mineras a menudo endosan su pasivo ambiental a la sociedad. En ocasiones, las empresas mineras utilizan cortas y pozos abandonados para enterrar ilegalmente residuos industriales tóxicos o peligrosos sin medidas de protección ambiental, que terminan filtrándose al entorno. La gestión de los pasivos ambientales del desastre de 1998 y de la mina pasaría a ser gestionada por Grupo México. Los nuevos lodos generados por la operación se depositarán en la corta vieja de Aznalcóllar, que ya está saturada. Un plan de gestión de residuos mineros debe incluir, como mínimo, la caracterización y clasificación de los residuos, así como una política de prevención de accidentes graves.
El Agua Contaminada: ¿Suficientes Medidas?
La mina actual a cielo abierto contiene 14 millones de metros cúbicos de agua contaminada con metales, que se planea verter. Inicialmente se propuso verterla en el corredor ecológico del Guadiamar, pero ahora se plantea construir una tubería de 30 km hasta el río Guadalquivir. La empresa afirma que el agua será tratada previamente para reducir la carga de metales pesados y que cumplirá con los parámetros legales. Planean construir una planta depuradora de alta tecnología que cumpla con los estándares más rigurosos.
Sin embargo, los críticos siguen considerando este vertido una «aberración» porque el agua «Sigue estando contaminada». Argumentan que, aunque la empresa diga que el agua es casi potable, contiene «suficientes metales pesados para envenenar el río». Los expertos científicos han dejado claro el negativo impacto que tendrían estos residuos y efectos del nuevo vertido. La Fundación Nueva Cultura del Agua critica que «ninguna normativa está hecha para proteger los ecosistemas, sino más bien, para permitir el desarrollo de la extracción como un negocio», lo que lleva a la degradación ambiental. Los investigadores universitarios alertan de un «descontrol generalizado de la contaminación minera».
La pregunta implícita sobre si los dueños de la mina beberían el agua vertida, a pesar de las afirmaciones de que estará tratada y «casi potable», queda respondida por la fuerte oposición de expertos y organizaciones que insisten en que el agua sigue contaminada y representa un grave riesgo ambiental. Las medidas propuestas por la empresa, aunque presentadas como de alta tecnología, no convencen a quienes señalan la insuficiencia de la normativa, el historial de la empresa y la degradación continua del medio ambiente minero.
Además, la reapertura de la mina demandaría un consumo elevado de agua. Esto es preocupante en una zona donde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ya advirtió que la demarcación no cuenta con suficiente agua disponible y ha iniciado trámites para declarar masas de agua subterránea «en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo». La sobreexplotación de acuíferos es un problema existente en la zona.
Responsabilidades Políticas y Voces de la Comunidad
Las administraciones públicas, especialmente la Junta de Andalucía, se han erigido en «promotora activa» de estos nuevos proyectos mineros. La CHG, que debe dar el beneplácito al vertido, tiene una credibilidad «bajo sospecha» por no haber actuado diligentemente ante problemas como el robo de agua en Doñana. Un informe reciente alerta que la Autorización Ambiental Unificada para la Mina de Los Frailes incumple la ley de Doñana al omitir el informe preceptivo del Consejo de Participación de Doñana. El propio Consejo impidió que los vertidos mineros se incluyeran en el orden del día de una reunión.
Mientras los grupos ecologistas y científicos alertan sobre el colapso hídrico y acusan de alarmismo a quienes visibilizan el proyecto, los promotores de la mina, incluyendo al alcalde minero, enfatizan la promesa de creación de empleo, cifras que, según los críticos, han sido infladas desde 200 puestos en 2015 hasta 2.000 ahora. Sin embargo, se ignora el coste real de ese posible empleo, sin evaluar los costes contra la salud, los empleos que se perderán en otros sectores (pesca, alimentación, turismo), ni los costes eternos de gestionar los nuevos residuos.
La población, más consciente hoy de los perjuicios ambientales y sociales de la minería, ha mostrado su rechazo. Sin embargo, algunos ex trabajadores de la mina ven en la reapertura la «ilusión» de recuperar sus empleos. La lucha por la reapertura de la mina y por los puestos de trabajo ha sido larga para ellos. Argumentan que la mina reabrirá con «total garantía medioambiental social y por supuesto económico», algo que contrasta con la visión de quienes denuncian un modelo insostenible y con un historial de impunidad.
La justicia, 25 años después del desastre, no ha condenado a nadie por aquella catástrofe. Boliden argumenta que invirtieron «tremendos recursos» en minimizar los efectos y remediar la situación, e indemnizaron a los agricultores. Sin embargo, consideran que tienen un desacuerdo sobre el dinero relacionado con los esfuerzos y prefieren que se juzgue en los tribunales. Los críticos señalan que, mientras se logró el éxito en la gestión científica y la restauración post-catástrofe, el tema de hacer que Boliden se hiciera cargo («el que contamina paga») parece imposible.
En resumen, el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar, impulsado por Grupo México a través de Minera Los Frailes, está marcado por un proceso de licitación judicializado, un historial de desastres ambientales de la empresa, la preocupación de expertos y organizaciones por la contaminación del Guadalquivir y sus efectos a largo plazo, y un debate sobre la sostenibilidad de un modelo minero que ya provocó una catástrofe en el pasado. La promesa de empleo choca con las advertencias sobre los graves impactos ambientales y en la salud, mientras la impunidad del sector minero sigue siendo una característica esencial.
