Poder en la Penumbra: Redes de Influencia, Rescates Públicos y el Entorno del Expresidente Zapatero
Una reconstrucción crítica de las investigaciones, testimonios y vínculos empresariales que han reabierto el debate sobre la opacidad en la política española
La configuración del poder político en la España contemporánea ya no se limita a los órganos formales del Estado. En paralelo a la estructura institucional, ha emergido un ecosistema de influencias, mediaciones y relaciones internacionales que opera en zonas grises. En ese espacio híbrido, la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ocupa un lugar central, según diversas fuentes políticas, policiales y testimonios que han aflorado en los últimos meses.
Este reportaje examina el contexto que ha llevado a que su nombre aparezca en investigaciones policiales, declaraciones públicas controvertidas y análisis sobre la permeabilidad entre política y negocios.
La “presidencia en la sombra”: acusaciones y fracturas internas
El detonante de la actual crisis interna en el PSOE fueron las declaraciones de Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos. En intervenciones públicas, Ábalos hijo describió a Zapatero como un “presidente en la sombra”, asegurando que ejerce una influencia determinante en la política exterior del Gobierno y en las decisiones estratégicas del partido.
Según su relato, el expresidente actuaría como un operador interno con capacidad para gestionar información sensible y presionar a distintos sectores del partido. Estas afirmaciones no forman parte de ninguna causa judicial, pero han alimentado un debate sobre el peso real de Zapatero en la arquitectura de poder del PSOE.
En paralelo, han circulado informaciones —no confirmadas oficialmente— sobre supuestos movimientos recientes en Madrid de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez, pese a las sanciones europeas que restringen su entrada en el espacio Schengen. Estas versiones han sido utilizadas por sectores críticos para cuestionar la eficacia de los controles y la influencia de determinados mediadores políticos.
El rescate de Plus Ultra: un expediente que sigue generando preguntas
El rescate de Plus Ultra en 2021 continúa siendo uno de los episodios más controvertidos de la gestión económica del Gobierno. La aerolínea recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (SEPI), pese a su reducida cuota de mercado y a operar con una flota mínima.
La Audiencia Nacional y la UDEF investigan si la operación se ajustó a criterios técnicos o si estuvo influida por intermediarios con conexiones políticas.
Fuentes de la SEPI y del Ministerio de Transportes citadas por varios medios aseguran que Zapatero mantuvo reuniones de “alta tensión” relacionadas con el rescate. Según estas versiones, habría trasladado su apoyo a la operación y defendido la consideración de la aerolínea como “empresa estratégica”, un requisito imprescindible para recibir fondos públicos.
El informe final que avaló el rescate fue emitido por la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del entonces secretario de Estado Pedro Saura, en un contexto que algunos funcionarios describen como de “urgencia” y “presión política”.
Julio Martínez Martínez: empresario detenido y pieza clave de la investigación
La UDEF ha identificado al empresario Julio Martínez Martínez, de 58 años, como uno de los actores centrales en la trama económica vinculada a Plus Ultra. Martínez administraba un entramado de 19 sociedades, algunas con actividad mínima pero facturaciones relevantes, un patrón que los investigadores consideran compatible con estructuras diseñadas para compartimentar operaciones financieras.
Martínez fue detenido en 2025 en el marco de la investigación sobre el rescate. Según informaciones publicadas por El Economista, Negocios.com y otros medios, el empresario contrató servicios profesionales a la agencia de comunicación Whathefav S.L., gestionada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente.
La policía analiza si esos pagos corresponden a servicios reales o si pudieron funcionar como transferencias sin contraprestación suficiente, extremo que aún no ha sido acreditado.
No existe imputación contra las hijas de Zapatero ni contra el expresidente.
La admisión del expresidente: pagos profesionales sin detalles
El 12 de diciembre de 2025, El Economista publicó que Zapatero había admitido haber recibido pagos profesionales de uno de los empresarios investigados, citando fuentes de su entorno. El diario subrayó que:
- no se facilitó el importe,
- no se detalló el concepto,
- ni se aclaró la duración de la relación profesional.
Otros medios replicaron la información, señalando que esta admisión —aunque sin concreción— ha reforzado el interés policial en los flujos económicos que rodean el rescate de Plus Ultra.
Escrutinio judicial y proyección internacional
La investigación sobre Plus Ultra se ha visto acompañada por otras líneas de trabajo policial. Fuentes de la UCO citadas por medios nacionales han descrito la existencia de una red de intermediarios con conexiones en distintos ministerios, aunque estas afirmaciones no han sido formalizadas en autos judiciales.
En el plano internacional, el exjefe de inteligencia venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal ha realizado declaraciones ante autoridades extranjeras en las que menciona a múltiples figuras políticas europeas. Entre ellas, habría señalado supuestos pagos o beneficios otorgados a distintos actores, incluido Zapatero, aunque estas afirmaciones no han sido corroboradas judicialmente ni han derivado en imputaciones.
Un caso que revela un problema estructural
Más allá de las responsabilidades individuales, el caso Plus Ultra y las controversias asociadas al entorno del expresidente ponen de manifiesto un patrón más amplio:
- rescates públicos con criterios poco transparentes,
- intermediarios empresariales con estructuras opacas,
- relaciones económicas que se solapan con la esfera política,
- ausencia de mecanismos de control sobre la actividad privada de expresidentes.
La justicia deberá determinar si existieron delitos. El periodismo, por su parte, tiene la responsabilidad de iluminar las zonas donde la ley no siempre alcanza: los conflictos de interés, la opacidad y la erosión de la confianza pública.