UGT: Cementerio de denunciantes de corrupción.
Vuelve hablarse de los denunciantes de corrupción (whistleblowers), a raíz del gravísimo incumplimiento por parte del gobierno de España, que deja pendiente para primavera o verano del año próximo, la transposición de la Directiva Europea (EU) 1937/2019, relativa a la protección de personas que informan de infracciones al Derecho de la Unión.
Los periodistas y los grandes medios vuelven a poner especial atención en las vidas de los denunciantes que fueron destrozadas por las mafias que fueron objeto de sus alertas o filtraciones. La lista parece interminable: Ana Garrido, Pablo Álvarez, Germán Galera, Jaime González, Azahara Peralta, Gracia Ballesteros, María Serrano, Luis Gonzalo Segura, Francisco José Sánchez del Águila Ramón, Robert Martínez, María José Alarcón, Paloma Coiduras, Javier Perejón, Teodoro Montes, Cristóbal Cantos, José María Castillejo, etc. En otra categoría, podría situarse a los ex políticos «arrepentidos«, que también contribuyeron a denunciar actos de corrupción en sus partidos como José Luis Peñas en Madrid o Marcos Benavent en Valencia.
En todos los estamentos del Estado español, podemos encontrar vidas rotas por cumplir con el deber moral y ético de informar sobre la rapiña y depredación de fondos públicos. Sus testimonios son desoladores; al escucharlos parece que nos encontramos viviendo en un Estado consumido por la corrupción y el fraude. Sin embargo, entre todas las organizaciones participantes en este obsceno festín de fondos públicos, destaca la Unión General de Trabajadores (UGT), que se ha distinguido por represaliar con especial dureza a los trabajadores y trabajadoras que han tenido la decencia de informar de sus corruptelas.
Represalias contra el denunciante del caso UGT Asturias.
El pasado 22 de diciembre, Pablo Álvarez Fernández, ex delegado sindical en Duro Felguera, informó en su cuenta de Facebook el duro calvario que le supuso denunciar en sus redes sociales la consolidada corrupción sindical en Asturias. Exponemos de forma literal la exposición que realiza sobre los hechos:
La sentencia acredita que el secretario de Administración y Finanzas, Macario Esteban Serrano (uno de los tres dirigentes con Visa) intentó desacreditar la cuentas «presentando meras fotocopias» y añade que «no consta la falsificación de ningún documento».
En Andalucía, la cúpula Ugetista cargó contra Laureano Conde García por borrar 1.756 ficheros con el Ccleaner
La ex dirección de UGT-A, encabezada por el sindicalista malagueño Manuel Ferrer, despidió a Laureano Conde García, acusándole de borrar 1.756 archivos, un presunto sabotaje del que fue absuelto por el Juzgado de Instrucción Nº11 de Sevilla. Pero en la jurisdicción de lo Social, la justicia castigó al único sindicalista que tuvo el valor de enfrentarse a la todopoderosa cúpula que dirigía Manuel Pastrana Casado, por despedir a sus compañeros y compañeras conforme lo establecido por la Reforma Laboral aprobada por el gobierno de M. Rajoy.
Laureano Conde, también fue concejal y teniente de alcalde del PSOE en el municipio sevillano de Mairena del Aljarafe. Pero todos los políticos y sindicalistas que conoció durante su larga militancia en el PSOE y UGT, le dieron la espalda cuando fue señalado. Nadie quiere tener contacto con el «chivo expiatorio» de una organización por temor a correr su misma suerte.
Para una entrevista concedida para el periódico el Mundo en el año 2013, Laureano Conde, tuvo tiempo para denunciar la caza de brujas a la que estaba siendo sometido también Roberto Macías.
¿UGT sostiene que usted ha borrado 1.756 archivos?
Es una acusación falsa. No hay documentación contable borrada. Desde enero, cuando la dirección de UGT afirma que se borraron los archivos, hasta hoy, ¿ni el departamento de contabilidad, ni el de justificaciones ni el de compras se dan cuenta del borrado? Esto era una caza de brujas para localizar a los supuestos filtradores de las facturas que salían en los medios de comunicación.
UGT Andalucía Vs Roberto Macías.
La vida de Roberto Macías, denunciante de corrupción, quedó hace mucho atrapada en El Proceso Kafkiano. Roberto tuvo la osadía de filtrar documentación a los medios de comunicación en la cual se podía demostrar cómo el sindicato UGT Andalucía (Unión General de Trabajadores) había cometido gravísimas irregularidades en Andalucía. A día de hoy, se puede certificar que más de 40 millones de euros fueron presuntamente defraudados y, por lo que se desprende de la fianza impuesta por el juzgado –200 millones de euros–. Desde aquellas filtraciones, la vida de Roberto Macías y su familia, se convirtió en un terrible infierno.
Las vidas de Laureano Conde García y Roberto Macías, fueron súbitamente destrozadas por la maquinaria político sindical, que durante años controló todas las instituciones a su antojo. Esos nodos de poder construidos por el socialismos en Andalucía y en otras regiones de España, facilitaron la condena social, profesional y judicial de sindicalistas honrados que intentaron limpiar a la UGT de tanta corrupción.
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