Revolución en los cuarteles: denunciar la corrupción, el franquismo y el régimen Borbónico es un derecho.

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Marco Antonio Santos, consigue escribir un histórico precedente judicial al revertir una infame, cruel y desproporcionada sentencia, que confirmaba su expulsión del Ejército por expresar públicamente su condena al franquismo en las fuerzas armadas.

Una sentencia pionera que ampara el derecho a la libertad de expresión en los cuarteles. Gracias a la lucha judicial de Marco Antonio Santos, el Ejército es una institución un poco más libre y democrática. Se escribe un nuevo escenario, que garantiza a los miembros de las fuerzas armadas la libertad para criticar públicamente los abusos, arbitrariedades, anacronismos y obscurantismo militar.

Denunciar al franquismo en el Ejército español forma parte del derecho de los militares. No ha sido fácil defender un derecho consagrado en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (-STEDH 25.11.1997, caso «Grigoriades c. Grecia-, que dichas críticas tienen un insignificante impacto objetivo sobre la disciplina militar”).  Así lo reconocía el mismo Marco Antonio Santos, en la tertulia nocturna que presenta «paso al frente», donde Antolín Pulido y Roberto Macías, donde analizan las repercusiones y la trascendencia que supone la sentencia dictada por el Supremo.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha anulado la sanción de resolución del compromiso impuesta a Marco Antonio Santos, cabo de tierra por dos faltas muy graves en relación con la publicación en una página web de un artículo sobre corrupción al considerar que está amparado por el derecho a la libertad de expresión del militar sancionado. 

El tribunal analiza el contenido del citado artículo, titulado “Corrupción, por………” y afirma que el recurrente expresa que el Ejército es, junto a la monarquía, “la institución más opaca” y que, además, “he vivido en mis carnes directamente esto desde el primer día que ingresé en las FFAA”. Añade que para ilustrar la imputación de “opacidad” relata dos vivencias (una en Kosovo que dice sucedida en el año 2002 y otra en Chinchilla, sin datar) en las que imputa a sus mandos (sin identificarlos) conductas personales abusivas o inapropiadas (facilitar llamadas telefónicas a España a cambio de embutidos y refrescos y emborracharse en una cena). 

El tribunal no considera acreditada la otra conducta por la que este militar fue sancionado al publicar en su perfil de Facebook post, imágenes, noticias y enlaces a otros contenidos en los que se vertían comentarios irrespetuosos hacia la corona, en contra de determinadas formaciones políticas de la escena española, de sus idearios, programas y representantes, y se cuestionaban intervenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Afirma que el relato fáctico, en sus dos primeros párrafos, no puede ser tomado en consideración por su “excesiva vaguedad”, ya que el mero hecho de incluir el recurrente en su página de Facebook, enlaces a otros contenidos que, se ignora en qué medida, incluyen comentarios sedicentemente irrespetuosos -en cuanto que no se concretan- hacia instituciones o personalidades relevantes, o descalificaciones de actuaciones de las fuerzas de seguridad, no permite imputar al recurrente el contenido íntegro de esas páginas enlazadas, que pueden serlo meramente a título informativo. 

La sentencia indica que en relación con esta conducta no se concretan los supuestos comentarios irrespetuosos, o actuaciones cuestionadas, ni consta si esos comentarios o cuestionamientos se realizan por el propio denunciado o simplemente figuran en alguna de las páginas enlazada.

Margarita Robles debe ser apartada de la vida pública.

La sentencia del Tribunal Supremo resulta impecable, con argumentos estrictamente jurídicos y primando sobre todo el respeto al derecho fundamental a la libertad de expresión; que es cierto que hay limitaciones especiales al ejercicio de tal derecho para los militares, pero que nada de lo que manifestó supone exceder esos límites, que están determinados por su eventual efecto negativo sobre la debida disciplina en la institución militar. Por lo tanto, todas las personas que participaron en las represalias contra Marco Antonio Santos, deben ser apartadas de la institución para garantizar que no vuelven a perseguir, acosar y represaliar a ningún militar demócrata. La primera que debe ser apartada de la vida pública es Margarita Robles, que es incapaz de reformar el Ejército, que sigue conservando su esencia franquista. Así lo reconoció Marco Antonio Santos en una entrevista:

-Por qué crees que se tiene esa imagen del ejército como enemigo del pueblo?

Es evidente. El ejército, concretamente la cúpula firmante es, en esencia, franquista, opresor y cobarde. Está lleno de traidores como el caudillo al que veneran, traidores a la Constitucióno

 

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