La denuncia presentada hace 4 meses por la asociación Alianza Contra la Corrupción, contra la titular del juzgado de instrucción N.44, jueza Durántez Gil, planteando la posibilidad de prevaricación dolosa y tráfico de influencias, duerme en un cajón del CGPJ.
Una vez más, el sistema judicial español se encuentra bajo escrutinio público debido a un caso que sugiere la injerencia judicial y un trato privilegiado hacia individuos con conexiones políticas-judiciales poderosas. En esta ocasión, el foco vuelve estar en el hijo del Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Varela, quien ha sido detenido por agresión a su ex pareja en Madrid. Sin embargo, lo que más sorprende no es el delito en sí, sino la rápida liberación del acusado por parte de un juez, generando fuertes sospechas de parcialidad y privilegio.
El historial del acusado está marcado por acusaciones previas, incluida una presunta denuncia falsa por violación presentada por una mujer brasileña. Acabó siendo archivada jueza del número 44 de Madrid, María Isabel Durántez Gil, de forma inusualmente rápida, a juicio de la asociación Alianza Contra la Corrupción. Lo que motivo una denuncia por la comisión de irregularidades graves y que pudieran ser constitutivas de delitos como prevaricación dolosa y tráfico de influencias.
En este caso reciente, la víctima relata una escalofriante experiencia donde Conde-Pumpido la amenazó de muerte y la agredió físicamente, incluso intentando asfixiarla con un cable de cargador en plena vía pública. A pesar de la gravedad de los cargos, el juez decidió dejarlo en libertad con cargos poco después de su detención.
La agresión se produjo la mañana del pasado miércoles 24 de abril cuando ambos estaban en un coche. Según la denuncia de la mujer, Conde-Pumpido detuvo el vehículo en una área de descanso del kilómetro 46 de la A-6, a la altura de Collado Villalba. Ese momento, amenazó con matarla e intentó ahogarla con el cable de un cargador. La mujer añadió que fue insultada y obligada a bajarse del coche, llegando a amenazarla de muerte si no le obedecía. La mujer salió de vehículo y el abogado se marchó. A continuación, la víctima llamó al 112 y luego denunció los hechos ante la Guardia Civil, competente en ese punto de demarcación de la Comunidad de Madrid. Los agentes lo han detenido este mediodía.
Esto plantea serias interrogantes sobre la integridad del sistema judicial español y la imparcialidad de ciertos jueces. La conexión entre el acusado y su padre, una figura influyente en el Tribunal Constitucional, sugiere un posible conflicto de interés que debería haber llevado a actuación diferente por parte del juez encargado del caso. Pero, ¿qué juez estaría dispuesto a ganarse la enemistad del todopoderoso presidente del Tribunal Constitucional al tomar una decisión en este caso?»
Este medio se ha vuelto a poner en contacto con la asociación Alianza Contra la Corrupción para conocer el estado actual de la denuncia presentada contra la titular del Juzgado de Instrucción N.44, a quien acusan de cometer una serie de irregularidades y omisiones graves
¿Han recibido algún avance o respuesta por parte del Consejo General del Poder Judicial en relación con la denuncia presentada contra la jueza del número 44 de Madrid, María Isabel Durántez Gil, que ustedes presentaron en diciembre?
Pues no, no tenemos ningún tipo de información a pesar de qué tienen la obligación de notificarnos su resultado. Han pasado 4 meses desde que interpusimos la denuncia y desde entonces, el silencio es absoluto. Pensamos, que los papeles de nuestra denuncia los utilizan para limpiar los cristales en plaza Castilla, apuntan desde la asociación
Este caso también resalta la falta de enfoque de género en el sistema judicial, incumpliendo la Ley de garantía integral de la libertad sexual. La retirada de la denuncia por parte de la víctima y la aparente falta de asistencia institucional plantean dudas sobre la protección de los derechos de la denunciante y la equidad en el trato a las víctimas de agresiones sexuales.
Es evidente que el sistema judicial español necesita una revisión y corrección urgentes de las presuntas irregularidades en la aplicación de la ley y la justicia. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para preservar la confianza en el sistema judicial y garantizar que todos los ciudadanos sean tratados con igualdad ante la ley, independientemente de su estatus social o conexiones políticas. Este caso pone de manifiesto la necesidad de reformas profundas para garantizar que el poder y la influencia no perviertan la justicia y para proteger los derechos de las víctimas.
