El Caso del Novio de Ayuso: Fraude Fiscal, Comisiones en Pandemia y una Trama Política Cruzada por Filtraciones
Lo que aparentemente comenzó como una inspección fiscal de la Agencia Tributaria (AEAT) a un particular, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha escalado hasta convertirse en un complejo entramado legal y político que salpica a la cúpula de la Fiscalía y pone en cuestión las explicaciones de la presidenta. Tras año y medio de investigación, Hacienda concluyó que González Amador había defraudado al fisco, pero hoy el foco se ha ampliado significativamente.
Las Acusaciones: Fraude, Falsedad y Comisiones Millonarias
El caso se centra en la presunta defraudación de 350.951 euros por parte de Alberto González Amador correspondientes a los impuestos de sociedades de los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Según el informe de la Agencia Tributaria y la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid, se le acusa de un presunto delito de fraude fiscal y otro de falsedad documental.
¿Cómo se generó el dinero presuntamente defraudado? Las fuentes indican que el origen de los ingresos de González Amador durante la pandemia se encuentra en comisiones por intermediar en la compraventa de material sanitario, como guantes y mascarillas. En concreto, su firma Maxwell Cremona SL, de su propiedad al 100%, facturó 2,33 millones de euros en 2020, de los cuales casi el 85% (1.973.000 euros) procedían de un único contrato para intermediar para la empresa FCS en la compraventa de productos sanitarios. Según la contabilidad aportada a Hacienda, FCS Select Products pagó a la empresa de González Amador 1.973.000 euros en dos comisiones por vender material sanitario valorado en 42 millones de euros a la firma gallega Mape Asesores. Anteriormente, González Amador había estado ligado profesionalmente a Quirón Salud.
Para supuestamente defraudar a Hacienda, González Amador habría recurrido a un sistema descrito como «burdo y absurdo». La Agencia Tributaria detectó que, a pesar de multiplicar su facturación por seis durante la pandemia, sus beneficios declarados bajaron, lo que activó las alertas. Se le acusa de utilizar una red de facturadores falsos y empresas fantasma para intentar evitar pagar impuestos. La Fiscalía presentó 15 facturas falsas por gastos inexistentes equivalentes a más de 1,5 millones de euros. Se mencionan incluso facturas por gastos personales como hilo dental, un saxofón, y un viaje de vacaciones. También se señala el uso de una empresa pantalla, Masterman SL, sin valor aparente, por la que pagó 500.000 euros.
La Fiscalía y el Intento de Pacto
El caso llegó a la Fiscalía Provincial de Madrid en enero de 2024 a raíz del escrito-denuncia de la Agencia Tributaria. El fiscal especialista en delitos económicos, Julián Salto, concluyó la investigación el 7 de febrero y decidió denunciar a González Amador. La denuncia se formalizó el 13 de febrero y se remitió al juzgado el 20 de febrero.
En paralelo a esta acción, se produjeron comunicaciones entre la defensa de González Amador y la Fiscalía. El abogado de Alberto González Amador se puso en contacto con el Ministerio Fiscal el 2 de febrero de 2024 mediante correo electrónico para explorar la posibilidad de alcanzar una «conformidad penal», es decir, un pacto. En este correo, el abogado manifestaba la «voluntad firme» de González Amador de alcanzar un pacto, «reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública)» y de pagar la deuda. El fiscal Julián Salto contestó el 12 de febrero, tomando nota de esta voluntad.
Este intento de pacto, con el abogado reconociendo los delitos por escrito, es un punto crucial que choca con la defensa posterior de González Amador. Recientemente, ante el Tribunal Supremo, declaró que no dio su consentimiento previo a su abogado para enviar el correo del 2 de febrero y que no tuvo conocimiento de su contenido hasta el 14 de marzo, tras ser filtrado a la prensa. Afirmó haber defendido siempre su inocencia ante la Agencia Tributaria y negó haber cometido fraude, usado facturas falsas o sociedades interpuestas.
Las Contradicciones de Ayuso y la Defensa de la «Cacería»
Desde que la noticia del fraude salió a la luz, Isabel Díaz Ayuso ha defendido a su pareja, calificando el caso como una «cacería política» orquestada por el gobierno para atacarla a través de él. Ha afirmado que el asunto es una inspección fiscal a un ciudadano particular que «nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid». Inicialmente, llegó a decir que era Hacienda quien debía dinero a su novio, una afirmación que «acabó por demostrarse falso». También ha expresado que su pareja no había tenido oportunidad de defenderse, lo cual las fuentes desmienten, señalando que tuvo la oportunidad de presentar alegaciones durante los dos años de inspección fiscal.
Un punto de particular interés son las aparentes contradicciones de Ayuso sobre el momento en que se conocieron o eran pareja con González Amador. Al ser preguntada si ya eran pareja cuando ocurrieron los hechos investigados (los ejercicios 2020 y 2021), respondió con un monosílabo («no») antes de desviarse a su teoría de la «cacería». Sin embargo, las fuentes, basándose en la cronología de los delitos (la presentación de las declaraciones fiscales en 2021 y 2022) y en la fecha en que se les vio juntos públicamente (primavera de 2021), señalan que sí eran pareja en el momento en que se cometieron los delitos fiscales. La presidenta reside además con González Amador en un piso de lujo en el barrio madrileño de Chamberí, valorado en 1,19 millones de euros y adquirido en 2022 (después de las comisiones de la pandemia y el supuesto fraude), con una hipoteca de 500.000 euros que estaría al 100% a nombre de él.
La «Revelación de Secretos» y la Posición del Juzgado
El caso dio un giro significativo con la acusación de «revelación de secretos» y difusión de datos personales contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y la Fiscal Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Esta acusación surge tras la filtración a varios medios de comunicación de información confidencial del caso, en particular el contenido del correo electrónico en el que el abogado de González Amador reconocía los delitos fiscales y proponía un pacto.
La noche del 13 de marzo, El Mundo publicó que la Fiscalía ofrecía un pacto a la pareja de Ayuso. Horas después, la Cadena SER desmintió esa información, afirmando que fue el novio de Ayuso quien ofreció el pacto declarándose culpable para evitar el juicio, citando acceso a un correo electrónico. Al día siguiente, la Fiscalía publicó una «nota informativa» que desmentía la versión de El Mundo y confirmaba que el único pacto existente era el propuesto por el abogado de González Amador con reconocimiento de hechos delictivos.
El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha admitido ante el juez del Supremo que difundió un correo, pero afirmó desconocer que la iniciativa del pacto procedía del abogado de González Amador.
La querella presentada por la defensa de González Amador contra los fiscales alega que la revelación pública de la existencia y el contenido de la denuncia de la Fiscalía, de las actuaciones tributarias adjuntas y de las comunicaciones secretas sobre la negociación del pacto constituye un delito de revelación de secretos y acceso/difusión de datos personales. La querella argumenta que esta información era reservada por ley y código ético del Ministerio Fiscal, y que su difusión no buscaba promover la justicia, sino obtener «réditos políticos» debido a la relación sentimental con Ayuso. La defensa sostiene que esta filtración ha dañado derechos fundamentales como la intimidad, el habeas data, la presunción de inocencia y el derecho de defensa de González Amador antes incluso de que el procedimiento penal comenzara.
Debido a la implicación del Fiscal General, el caso de la «revelación de secretos» se investiga en el Tribunal Supremo (TS). El magistrado instructor en el TS, Ángel Hurtado, ha rechazado la petición de González Amador de ampliar el periodo de análisis de la información incautada en el despacho de la Fiscal Provincial de Madrid, limitándolo del 8 al 14 de marzo. Esta decisión se basa en la declaración del fiscal Julián Salto, quien dijo que fue informado de que el investigado era la pareja de Ayuso el 8 de marzo. Sin embargo, un informe de la UCO señala que la Fiscal Provincial, Pilar Rodríguez, envió «todo» el material del caso a la Fiscalía General del Estado el 7 de marzo.
La Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, ha recurrido el plazo fijado por el juez, criticando la «amplitud y vaguedad» de la orden inicial que permitió la incautación «masiva e indiscriminada» de información, incluyendo datos sensibles del Ministerio Fiscal, lo que consideran una vulneración del derecho fundamental a la intimidad. La UCO, por su parte, ve una «participación preeminente» del fiscal general en la filtración.
En cuanto al caso de fraude fiscal original, González Amador fue denunciado en un juzgado de Madrid. Aunque inicialmente buscaba un pacto de conformidad, este se abortó en junio cuando acudió a los juzgados, ya que acusaciones populares convencieron a la jueza para ampliar la investigación a otros delitos.
El caso de la pareja de Ayuso, con sus acusaciones de fraude fiscal derivado de comisiones millonarias en la pandemia, el uso de sociedades y facturas falsas, las defensas cruzadas, las contradicciones en las versiones y la investigación por la presunta filtración de información confidencial, pone de relieve la complejidad y las implicaciones políticas de un asunto que trasciende la mera inspección fiscal inicial.
