El Consejo General del Poder Judicial, abre diligencias sobre la insólita petición del juzgado N.4 de Motril, para identificar a la fuente de la asociación «Alianza Contra la Corrupción»
«No revelaran la identidad de ningún informante de corrupción» responden en su escrito al Secretario Judicial, amparados en la Directiva EU 1937/2019
Ante la insólita petición formulada por el juzgado mixto N.4 de Motril, que reclama identificar a la persona que alertó de la posible distracción de aguas públicas por parte de la Comunidad Regantes Nuestra Señora de la Aurora, en el término de los Guájares (Granada). Bajo los siguientes términos: «informe a este juzgado persona o personas que remitieron la resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, que se acompaña a la denuncia presentada en la oficina de correos de Sevilla, del 26 de junio del 2022″. El presidente de la asociación el Sr. Jaime Gonzalez, acudió al CGPJ a presentar una queja contra el Sr. Óscar Cabrera Pérez, Secretario Judicial, por una actuación que desde la asociación de activistas contra la corrupción consideran irregular en derecho.
En el escrito que tenemos acceso, manifiestan lo siguiente: «Aparte de que no nos consta dicha identidad, lo cual va a ser manifestado a dicho juzgado, pero entendemos que la actuación del Letrado puede ser irregular, puesto que la directiva 2019/1937 y la ley 2/2023 de 20 de febrero, legitiman expresamente la denuncia anónima, el secreto de la identidad del denunciante y la confidencialidad del canal externo. La única excepción a la confidencialidad de esta información se halla en que una autoridad judicial expresamente establezca la necesariedad de esta medida para una causa. Pero en este caso, en ningún momento el escrito del Letrado nos pone de manifiesto esta motivación, adoleciendo de todo tipo de falta de formalidad. De esta forma, los responsables de la asociación no podemos valorar hasta qué punto estamos constreñidos por el emplazamiento que nos hace el juzgado».
No revelaremos la identidad de nadie.
En la respuesta que en breve dará el presidente de la asociación, el Sr. Jaime Gonzalez, al juzgado N.4 de Motril, tiene claro que no revelará la identidad del alertador que informó de las posibles infracciones cometidas por la Comunidad Regantes Nuestra Señora de la Aurora. En el escrito que hemos tenido acceso, se posiciona contrario a la petición del Secretario Judicial, responden: «Con todos nuestros respetos, para información de la fiscalía y de ese juzgado, de lo anterior colegimos que aunque supiéramos la identidad de los remitentes, primero el requerimiento de revelar la identidad de estos sujetos es ilícito porque hay una ley que expresamente establece que no se puede revelar, sería un presunto delito de prevaricación del juzgado y por nuestra parte de revelación de secretos, y lo que nos queda la duda es si tendríamos que revelarlo (aunque lo supiéramos) si se demostrara que la resolución se ha obtenido ilícitamente, que entendemos que no es el caso, porque en el escrito del juzgado no se nos explica nada de nada, ningún tipo de antecedente o fundamentos en tal sentido, pareciera una investigación prospectiva, y nos da la sensación de que es imposible que haya pruebas de que haya habido una revelación de secretos, porque en ese caso nosotros deducimos que no nos pedirían a nosotros informe, si no que ya probablemente les constaría la identidad de los sujetos por sus propios medios y no se hubieran enterado a posteriori de nuestra denuncia».
La respuesta del Consejo General del Poder Judicial.
El máximo órgano de control de los jueces, informan de la incoación de diligencias informativas, para valorar la denuncia presentada por la asociación. En su asunto, dicen: Acuso recibo de su escrito que ha tenido entrada el día 30.05.2023, y le comunico que, por Acuerdo de 31 de mayo de 2023, se ha procedido a la incoacion de la Diligencia Informativa arriba referenciada.
La asociación de activistas valoran positivamente la incoación de las diligencias informativas, tienen claro que denunciar corrupción no debe ser objeto de sanción penal, administrativa, etc. Porque denunciar corrupción es un deber ético, cívico y legal, nunca un delito, aseguran.