La Investigación contra Begoña Gómez: Un Laberinto Judicial y Político que Sacude a España
La investigación judicial contra Begoña Gómez Fernández, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, se ha convertido en uno de los casos más mediáticos y políticamente cargados de la actualidad española. Iniciado el 24 de abril de 2024, el caso gira en torno a presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada.
La denuncia inicial provino del autoproclamado «sindicato» Manos Limpias, ligado a la ultraderecha, que basó sus acusaciones en informaciones publicadas en medios de comunicación. Posteriormente, otras organizaciones como Hazte Oír, y los partidos políticos Vox e Iustitia Europa, así como el Movimiento de Regeneración Política de España, se personaron en el caso como acusación particular.
Desde el principio, el proceso ha estado marcado por la controversia. La Fiscalía solicitó inicialmente el archivo de la denuncia, argumentando que se basaba en informaciones periodísticas no contrastadas y sin indicios de intervención delictiva por parte de Gómez. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, dirigido por el juez Juan Carlos Peinado, admitió la querella y abrió diligencias de investigación. La Audiencia Provincial de Madrid respaldó la continuación de la investigación, aunque pidió que se enfocara en las presuntas ayudas recibidas por la UTE vinculada a Carlos Barrabés y dejara de lado inicialmente el tema del rescate de Air Europa.
Implicación de Juan Carlos Barrabés y contratos públicos
Una figura central en la investigación es el empresario y experto tecnológico Juan Carlos Barrabés. Se alega que asistió a Begoña Gómez en la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según Manos Limpias, Gómez habría firmado cartas de recomendación para la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley, propiedad de Barrabés, lo que habría ayudado a que estas empresas obtuvieran contratos del Gobierno.
Informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detallado los contratos públicos recibidos por Innova Next y The Valley. Un informe preliminar indicó que ambas consultoras recibieron un total de 15,6 millones de euros en contratos de varios ministerios entre 2021 y 2022. Otro informe posterior reveló que Juan Carlos Barrabés acumuló 99 expedientes de contratación entre 2015 y 2024 a través de seis sociedades, sumando un total de 2.492.443 euros (sin IVA), con contratos de organismos como el Ayuntamiento de Madrid, la Generalitat Valenciana, Red.es, el Consejo Superior de Deportes y Renfe. Sin embargo, un informe posterior de la UCO, conocido en julio de 2024, concluyó que no existían «indicios delictivos» ni «irregularidades o anormalidades de tipo administrativo» en las dos operaciones en las que supuestamente Begoña Gómez habría ejercido influencia.
Juan Carlos Barrabés declaró como testigo el 15 de julio de 2024, afirmando haberse reunido con Begoña Gómez en ocho ocasiones en el Palacio de la Moncloa, y en al menos dos de esos encuentros estuvo presente el presidente Pedro Sánchez. Días después, el 19 de julio de 2024, el juez imputó a Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Implicaciones universitarias y nuevas imputaciones
La investigación también ha tenido repercusiones en la Universidad Complutense de Madrid. Un informe de la UCM enviado al juez señalaba indicios de que Begoña Gómez pudo haber cometido un delito de apropiación indebida al registrar a su nombre software financiado por la propia universidad y al emitir contratos y gastos sin autorización. Vicerrectores de la UCM declararon posteriormente que habían advertido a Gómez sobre no registrar el software a su nombre y que el rector, Joaquín Goyache, ordenó directamente la creación de la cátedra para ella. Goyache, inicialmente citado como testigo, también fue imputado como investigado.
El 29 de octubre de 2024, el juez Peinado imputó dos nuevos delitos a Begoña Gómez: apropiación indebida e intrusismo profesional, relacionados con el software financiado por la UCM y un posible beneficio económico de su venta a terceros. La UCM comunicó el 11 de septiembre de 2024 que no renovaría la cátedra extraordinaria dirigida por Gómez, cuyo período inicial de cuatro años concluía en 2024.
Correos electrónicos presentados por la defensa de Begoña Gómez el 26 de noviembre de 2024 sugirieron que Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, estaba al tanto de las comunicaciones de la cátedra de la UCM con Gómez. El Partido Popular ha solicitado que Álvarez declare como testigo.
Citaciones judiciales y negativas a declarar
Begoña Gómez fue citada a declarar por primera vez el 5 de julio de 2024. Sin embargo, su declaración fue suspendida y reprogramada para el 19 de julio a petición de la defensa, que alegó no haber sido notificada de la querella de Hazte Oír. En la nueva fecha, Gómez se negó a declarar ante el juez Peinado, basándose en la tesis de su defensa de que el procedimiento carece de objeto claro y a la espera de la resolución de recursos por la Audiencia Provincial. Fue citada nuevamente el 18 de noviembre y por tercera vez el 18 de diciembre de 2024 para declarar sobre las nuevas imputaciones.
Pedro Sánchez también fue citado a declarar como testigo por el juez el 22 de julio. Acogiéndose a su derecho a no declarar contra su cónyuge, el presidente respondió al interrogatorio del juez en el Palacio de la Moncloa.
Reacciones políticas y repercusiones
El caso ha generado una fuerte polarización política. El presidente Pedro Sánchez publicó cartas a la ciudadanía calificando la denuncia como un «zafio montaje» impulsado por asociaciones ultraderechistas con el objetivo de forzar su renuncia. El PSOE ha acusado al juez Peinado de llevar a cabo una «investigación prospectiva», prohibida por la legislación española, y al Partido Popular de una «cacería política».
Por su parte, el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que Sánchez tiene «un problema con la corrupción» y ha propuesto medidas de regeneración. El caso también motivó la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, impulsada por el PP. Begoña Gómez se acogió a su derecho a no declarar en esta comisión, denunciando su «objetivo político». El PP y Vox han explorado vías para forzar la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión.
El caso ha tenido repercusiones internacionales, con amplia cobertura mediática en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia e Iberoamérica. La imputación de Gómez fue noticia destacada, generando una situación delicada para el gobierno de Pedro Sánchez y afectando la imagen pública del presidente. Declaraciones como las del presidente argentino Javier Milei, quien llamó «corrupta» a Begoña Gómez, intensificaron la tensión diplomática.
Air Europa y el futuro del caso
Aunque inicialmente la Audiencia Provincial pidió dejar de lado el tema del rescate de Air Europa, el juez Peinado consideró en mayo de 2025 que existe un «indicio delictivo» que afecta directamente a Begoña Gómez tras hallarse un mensaje de Víctor de Aldama que sugiere que Gómez pudo tener conocimiento de la búsqueda de ayuda pública por parte de Javier Hidalgo, hijo del dueño de Air Europa. Se investiga si la relación entre Gómez e Hidalgo tuvo incidencia en el rescate de 475 millones de euros concedido por el Gobierno en noviembre de 2020.
Las querellas presentadas por Pedro Sánchez y Begoña Gómez contra el juez Peinado por prevaricación y revelación de secretos fueron rechazadas tanto por la Fiscalía Superior de Madrid como por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que avalaron la investigación del juez.
El caso Begoña Gómez sigue siendo una investigación en curso. Los delitos imputados, como tráfico de influencias y corrupción en los negocios, podrían acarrear penas que van desde meses a varios años de prisión, además de multas e inhabilitación profesional. Las implicaciones legales y políticas del caso continúan desarrollándose, manteniendo la atención sobre el juzgado de instrucción y las posibles repercusiones para el Gobierno español.
