La Sombra del Nepotismo y la Prevaricación Cercan al Presidente Sánchez: ¿Es Hora de Dimisión?
La Jueza Frente a la Fiscalía: Indicios Sólidos vs. «Conjeturas»
La política española se convulsiona bajo el peso de las investigaciones judiciales que afectan al entorno más cercano del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Mientras el caso que implica a su esposa, Begoña Gómez, capta titulares, la instrucción contra su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, revela un entramado de indicios que la jueza instructora considera lo suficientemente graves como para sentarlo en el banquillo. Este análisis de Prometheus News desentraña las claves de un caso que, para la oposición, exige la dimisión inmediata del Presidente.
Un Puesto «Diseñado a Medida»: Indicios de Favoritismo y Prevaricación
La investigación judicial, que instruye la jueza Beatriz Biedma en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, se centra en la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 como Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, y, especialmente, en el cambio de denominación de su puesto en 2022 a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Es aquí donde surgen las «principales sospechas».
Según el auto judicial y los indicios recopilados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la jueza considera que este cambio no fue una simple reestructuración funcional. Existe información que sugiere que David Sánchez pudo haber conocido de antemano su designación, y la propia jueza ha indicado indicios de que se le dio un «trato de favor tanto en la creación de la plaza como en la adjudicación». La magistrada explicó durante la declaración de David Sánchez que los indicios apuntan a que la creación del puesto se basó en supuestas necesidades de los conservatorios que, según el análisis de correos y testigos, «verdaderamente no existía».
La UCO identificó irregularidades en la modificación del puesto que podrían haber incumplido normativas internas de la Diputación y evitado trámites obligatorios, como la negociación y dictamen de la Comisión Técnica de Puestos de Trabajo, lo que «podría constituir un acto de prevaricación». La jueza ve una «aparente legalidad» que, bajo su interpretación de los indicios, «encubre una fórmula para la adjudicación directa de ese puesto de trabajo» a David Sánchez.
El concepto de nepotismo, definido como el aprovechamiento de un cargo público para favorecer a un familiar o allegado ignorando procesos de selección y requisitos, se cierne sobre este caso. Esta práctica, penada por ley en España, perjudica la meritocracia y daña derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Como señala un comentarista en una de las fuentes, el nepotismo público en España puede llevar a un «derroche colosal de las arcas del Estado» y convertir a España en un «país del tercer mundo». Las acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias en el caso de David Sánchez encajan directamente en esta preocupante descripción.
La Jueza Frente a la Fiscalía: Indicios Sólidos vs. «Conjeturas»
A pesar de que la Fiscalía Provincial de Badajoz solicitó el sobreseimiento de la causa en mayo de 2025, argumentando que no se han hallado pruebas sólidas de los delitos y que la instrucción se basa en «conjeturas», la jueza Beatriz Biedma ha decidido mantener la instrucción abierta. La Audiencia Provincial de Badajoz ha respaldado esta decisión, considerando inapropiado un sobreseimiento en este momento procesal.
La jueza ha ido más allá y ha dictado auto de apertura de juicio oral contra David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo (entonces presidente de la Diputación de Badajoz) y otras nueve personas por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Ha desestimado el recurso presentado por David Sánchez contra su procesamiento, insistiendo en la existencia de indicios de delito y remarcando que «la verdadera prueba» se practicará en el juicio.
Esta postura de la jueza, que no se deja «intimidar por las maniobras políticas», aprecia una «gravedad suficiente en lo ocurrido como para abrir un juicio oral», incluso permitiendo que la acusación popular (Vox y PP) impulse la causa en solitario si la Fiscalía persiste en pedir el archivo, basándose en la «doctrina consolidada del Tribunal Supremo». La acusación popular, que inició el caso a través de ‘Manos Limpias’, solicita una pena de tres años de prisión para David Sánchez y la devolución de los salarios cobrados, estimados en más de 200.000 euros.
Las Declaraciones: Contradicciones y Desconocimientos
El testimonio de David Sánchez ante la jueza no ha disipado las dudas, sino que ha puesto de manifiesto aparentes contradicciones con informes internos y testimonios.
- David Sánchez afirmó haber encontrado la oferta de empleo «a través de un buscador de internet» y negó cualquier tipo de trato de favor. Dijo que no conocía a nadie en la Diputación ni relacionado con el PSOE en Extremadura antes de incorporarse.
- Sin embargo, la jueza le confrontó con indicios de que el puesto «se ha ido adaptando no a las necesidades de la diputación […] sino a sus propias necesidades personales». Le llamó la atención que, siendo jefe de la Oficina de Artes Escénicas, no supiera «dónde está ubicada» la oficina o «quién la compone», o que tuviera «colaboradores» en lugar de subordinados. David Sánchez admitió que no recordaba haber solicitado teletrabajo, aunque se le mostró un correo que lo sugería.
- Sobre su trabajo en los conservatorios, la jueza le mostró correos electrónicos que sugerían «disonancias» o «confusión» con los directores de los conservatorios sobre sus competencias, incluso casi un año después de incorporarse. También le sorprendió que el último correo electrónico con una directora fuera de agosto de 2019, cuestionando la continuidad del contacto necesario para su función de coordinación. David Sánchez atribuyó las disonancias a «diferencias de criterio» y afirmó mantener una «excelente relación», aunque admitió que a veces no se comunicaba por correo.
- Un informe de la Diputación, citado por la jueza, indica que sus funciones de coordinación de conservatorios se hicieron «cada vez más residuales» tras su regreso de excedencia en 2021, centrándose fundamentalmente en el programa Ópera Joven. David Sánchez «no lo entiendo así», defendiendo que Ópera Joven es un «instrumento» para dar salida a los alumnos de los conservatorios y que sigue haciendo las mismas funciones iniciales.
- La jueza también inquirió sobre un correo de 2018 donde David Sánchez hablaba de una «cierta influencia política» y de que le dejarían «el hueco para la ópera u otras cosas que vayan surgiendo». David Sánchez dijo que «no me veo reflejado» en ese correo.
- Se eliminó la cláusula de incompatibilidad de su contrato tras el cambio de denominación del puesto. David Sánchez consideró esto «totalmente intrascendente porque nunca ha hecho uso de esa compatibilidad o incompatibilidad» y negó haber solicitado ese cambio.
- Confirmó residir en Portugal desde octubre de 2021, acudiendo a Badajoz «todas las que necesito», sin una frecuencia fija, ya que su trabajo se basa en objetivos desvinculados de un espacio físico. Esto contrasta con la cláusula de su contrato original que requería prestar servicios «de forma habitual en Badajoz».
- Preguntado directamente por la jueza si había influido directa o indirectamente en la Diputación para la creación o modificación de su plaza, negó rotundamente haberlo hecho «en absoluto».
La defensa de David Sánchez, ejercida por un reconocido penalista, sostiene que las actividades como Ópera Joven se enmarcan dentro de sus funciones de promoción y sirven como «pasarela» para los alumnos, siendo una «oportunidad inédita». Han planteado, además, una «cuestión técnica» relacionada con un diputado aforado cuyos correos fueron incautados, una «última bala» que, de prosperar, podría invalidar pruebas y elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia. Esta maniobra, descrita como «apaño indigno» y «probable abuso del derecho» para «interferir en el proceso», subraya la dimensión política del caso.
El Cerco Judicial al Presidente: ¿Moción de Censura o Dimisión?
El caso de David Sánchez se suma a la investigación sobre Begoña Gómez, creando lo que el Partido Popular describe como un «tándem para hacer negocios privados» y un «año negro de nuestra democracia» marcado por la «corrupción y caciquismo». La imputación tanto de la mujer como del hermano del Presidente es vista por la oposición como motivo suficiente para exigir responsabilidades políticas.
El vicesecretario del PP, Elías Bendodo, exige a Pedro Sánchez que «dé la cara y no la espantada judicial» y considera que «la única carta de Sánchez que vale es la de su dimisión». Otros dirigentes del PP han sugerido que convoque elecciones o dimita, aludiendo a una legislatura «abocada al fracaso». El propio Pedro Sánchez llegó a cancelar su agenda para «reflexionar» sobre su continuidad tras la denuncia a su mujer, un movimiento que algunos interpretaron como una estrategia para frenar las investigaciones.
Con la jueza enviando a David Sánchez a juicio por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y con los indicios apuntando a un posible diseño ad hoc del puesto y trato de favor, el caso no solo tiene relevancia judicial, sino también profundas implicaciones políticas. Las acusaciones de «enchufismo» y el posible incremento patrimonial (aún bajo investigación y pendiente de aclaración bancaria) añaden gravedad a la situación.
El cerco judicial sobre el círculo íntimo del Presidente es innegable. La pregunta que resuena con fuerza es si, llegados a este punto de la investigación judicial, con indicios que apuntan a posibles delitos graves y con las crecientes exigencias de la oposición, este caso debería provocar una moción de censura al Presidente, o si la situación judicial y la sombra de la corrupción que planea sobre su entorno más cercano le abocan directamente a la dimisión. La respuesta a esta cuestión definirá la estabilidad política y pondrá a prueba la confianza ciudadana en las instituciones en un contexto ya marcado por la tensión y la polarización.
