‘Enchufismo’ Institucionalizado en la FAFFE: Vínculos Políticos y Familiares Bajo la Lupa Judicial en Andalucía
La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), creada en 2003 bajo el gobierno de Manuel Chaves y dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, se ha convertido en el epicentro de uno de los casos de corrupción «más sonados de Andalucía», estrechamente vinculado al PSOE andaluz. Concebida teóricamente para ofrecer formación profesional y promoción del empleo para desempleados, la FAFFE, que llegó a tener alrededor de 1.200 empleados hasta su disolución e integración en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en 2011, operó en la práctica como un «monumento de malevolencia administrativa» y un «vergonzoso espejo del abuso y el derroche».
La FAFFE: Una «Agencia de Colocación a Dedo»
Según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la FAFFE funcionó como una «auténtica agencia de colocación a dedo» para «miembros, familiares y amigos del PSOE Andaluz», garantizando «sueldos considerables y seguridad laboral sin importar la competencia o la ética». La UCO ha confirmado que la fundación realizó «contrataciones irregulares» priorizando «vínculos personales y políticos», saltándose los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) identificó y denunció a 85 personas contratadas por «razones de clientelismo político o nepotismo», las cuales están siendo investigadas por la Guardia Civil. Se estima que hasta 200 personas vinculadas al PSOE o a los sindicatos UGT y CC.OO. cobraron del Fondo. La mayoría de estos contratados continuaron trabajando para la Junta, pasando de la FAFFE al SAE en mayo de 2011, y muchos han consolidado su plaza mediante procesos de estabilización.
Casos Emblemáticos de ‘Enchufismo’
Entre los casos más notables de presunto «enchufismo» investigado por la UCO figuran:
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Candelaria María Aparicio Méndez, sobrina del exlíder de la UGT, Cándido Méndez: La Guardia Civil ha confirmado su contratación «presuntamente irregular», señalando la ausencia de «convocatorias, méritos documentados, ni baremación objetiva para justificar su contratación, ascensos o la posterior consolidación de su puesto en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)». Un testimonio dentro del informe de la UCO recoge que su entrevista fue «de trámite» y que la decisión de contratarla venía de la dirección en Sevilla, entendiendo que era «sobrina de Cándido Méndez».
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Carmen Ibanco, esposa del actual portavoz socialista en el Senado y exsecretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas: Su contratación y promoción en la FAFFE también son consideradas irregulares por la UCO. Su incorporación en 2007 fue tramitada «sin firma en la solicitud» y «sin rastro documental del proceso de selección», enviando su currículum directamente al director de Recursos Humanos. Las declaraciones de Ibanco en el Parlamento andaluz en 2021, donde afirmó que «utilizaba el WordPerfect«, alimentaron las sospechas sobre su selección y el «enchufismo» en la FAFFE.
El «enchufismo» no se limitó a estos casos. La lista facilitada al juzgado incluye exalcaldes socialistas como Antonio Torres (Lebrija) —condenado por cobrar sin trabajar— y Francisco Aguilera Acevedo (Montellano) —de quien compañeros declararon a la UCO que la mayor parte de su horario laboral lo dedicaba a dormir—. También figuran familiares directos del exdirector Fernando Villén, como su esposa, cuñado y sobrino, así como hijas de alcaldes, concejales del PSOE, sobrinos de exconsejeros y familiares de otro exconsejero.
Testimonios de antiguos empleados señalan que «la gente que venía de la Faffe alardeaba de ganar más dinero que los propios funcionarios del SAE», beneficiándose de «pluses arbitrarios» no recogidos en el convenio colectivo.
‘Tarjetas Black’ y Gastos Injustificables
Pero el caso FAFFE no se circunscribe solo al «enchufismo». También se reveló un «mal uso» de las «tarjetas black» a disposición de los dirigentes, con gastos que superaron los tres millones de euros en «viajes, hoteles y clubes de lujo». La investigación de la Guardia Civil detalla gastos significativos en «clubs de alterne» o «prostíbulos». Se gastaron más de 30.000 euros en cinco prostíbulos andaluces, o específicamente 31.969 euros, según la investigación de la UCO. El exdirector Fernando Villén fue condenado a seis años de prisión, en parte, por gastar 32.000 euros en burdeles. La Guardia Civil registró 43 usos de las tarjetas black de la FAFFE en clubs de alterne entre 2004 y 2010, en 12 «juergas» en establecimientos de Sevilla, Cádiz y Córdoba.
Algunos de los gastos específicos con tarjetas black mencionados en las fuentes incluyen:
- Club Don Angelo de Sevilla: Un gasto elevado de 14.737 euros en una sola noche (22-23 de marzo de 2010), coincidiendo con un cambio en la consejería de empleo.
- Club Top Show de Sevilla: 1.691 euros (17-18 de mayo de 2005) y 900 euros (24 de mayo de 2005).
- Club La Casita de Sevilla: 780 euros (8 de noviembre de 2005).
- Sala De Luxe de Córdoba: 1.120 euros (7 de abril de 2006) y 270 euros (9 de abril de 2006).
- Club Bahía 2 de Chiclana: 1.931 euros (11 de abril de 2008).
La Guardia Civil ha apuntado a un «posible maquillaje y falseamiento de la contabilidad de la Faffe» para ocultar estos gastos, sin alusiones a estos establecimientos en los apuntes contables.
Además, la fundación supuestamente creó facturas falsas con proveedores para justificar «millonarias subvenciones» y evitar devolver fondos públicos no utilizados o difíciles de justificar. Correos electrónicos revisados por la UCO revelarían que directivos pactaban con proveedores para elaborar facturas falsas por servicios no realizados. Se estima que las subvenciones a la FAFFE sumaron alrededor de 300 millones de euros, de los cuales 55 millones nunca fueron justificados.
Un Escándalo Político con Ramificaciones Legales
El caso FAFFE, junto con los ERE, es calificado por el Partido Popular de Sevilla como «el mayor pufo y escándalo político del PSOE». La investigación continúa abierta, afectando a 21 personas imputadas por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, incluyendo 17 antiguos directivos y técnicos de la fundación y 4 responsables de empresas proveedoras.
El caso de la FAFFE es un claro ejemplo de cómo las instituciones públicas pueden ser instrumentalizadas para fines clientelares y de lucro personal. ¿Crees que este tipo de «enchufismo» es un problema aislado o una práctica más extendida en la administración pública?
