Amaños en las oposiciones de policía local: Las oposiciones en Valencia y Sevilla, presentan escandalosas similitudes.

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Según la Agencia Valenciana Antifraude el 25% de expedientes abiertos están relacionados con posibles amaños en oposiciones a policía local en la Comunidad Valenciana.

En Sevilla, la fiscal Ana Linares denunció el ostracismo al que el cuerpo sometió a los tres opositores que denunciaron el proceso y a los policías que tuvieron que investigar a sus compañeros, varios de los cuales tuvieron que compartir destino.

En septiembre de 2018, inició el del juicio contra los 45 procesados por el fraude en las oposiciones a la Policía Local de Sevilla. Especialmente beligerante se mostró la Fiscal Ana Linares, que llegó a comparar la presunta trama con la camorra italiana. Los argumentos de la Fiscal explican el funcionamiento mafioso para acceder a la Policía Local de Sevilla: “Si usted presenta denuncia, nunca entrará en la Policía Local de Sevilla, y así ha ocurrido. Ninguno de los tres -opositores- ha conseguido entrar”, aseguró la fiscal respecto de los denunciantes. En cuanto a los policías encargados de la investigación, recordó las amenazas que sufrieron por ejercer sus funciones: “roturas de neumáticos, amenazas y acoso laboral”. “No han podido salir a la calle, les han hecho el gesto de cortarles el cuello con el dedo. Son elementos que recuerdan a la mafia siciliana”, señaló Ana Linares.

Absolución total. concedida por el juez de lo Penal número 10 de Sevilla, David Candilejo.

No obstante los demoledores argumento de la Fiscalía y los indicios de criminalidad evidentes, la acusación fue desestimada por el Magistrado David Candilejo, del juzgado penal número 10 de Sevilla.

 En la sentencia, que tiene una extensión de 238 folios, el juez no niega la filtración del examen de las oposiciones, sino que considera que no ha quedado acreditado que los miembros del tribunal tuvieran «un concierto previo en virtud del cual hubieran decidido filtrar la plantilla  a determinados opositores para que éstos aprobaran el proceso selectivo». El magistrado reconocía que es cierto que algunos de los procesados sí han podido tener dicha plantilla con carácter previo al examen.

El juez considera que “aunque algunos de los exámenes de los acusados presentan similitud con la plantilla de corrección y dentro de ellos” el de dos acusados “práctica identidad en muchas preguntas, no queda acreditado el modo en que dichos acusados pudieran haber obtenido, en su caso, dicha plantilla con anterioridad al examen”.

A las oposiciones bajo sospecha “concurrían aspirantes que tenían ya familiares o amigos relacionados bien con la Policía Local o Nacional, bien con el sindicato profesional de policías municipales de España, careciendo otros muchos opositores aspirantes de dichos vínculos o incluso teniendo otros opositores vínculos ajenos al cuerpo policial en sí”.

También hubo opositores que eran «hijos, hermanos o sobrinos de Policía u opositores igualmente relacionados con el sindicato profesional de policías municipales de España (Sppme), que no han superado los procesos selectivos”. 

El fallo concluyó que «sin ese concierto y sin la acreditación por tanto de cómo llega la plantilla de corrección a manos de alguno o alguno de los acusados, el pronunciamiento ha de ser absolutorio para los miembros del tribunal por falta de acreditación del concierto previo y por ello igualmente de la autoría directa de la filtración; y para los opositores por el principio de tipicidad, al desconocer cómo y de qué forma, en su caso, han podido recibir la plantilla de corrección y sobre todo y fundamentalmente de quién la han podido recibir», explicaba en su sentencia el juez Candilejo.

Según argumentaba el magistrado, “no hay elementos de cargo suficientes como para individualizar la conducta de la cual se acusa a los miembros del tribunal y por tanto atribuírsela a algunos de ellos en concreto (…), no aguantando la aplicación del principio de presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo el silogismo planteado de entender que, como no se sabe quién ha sido, han debido de ser todos, y ello tanto para el delito de revelación de secretos como para el delito de prevaricación, pues éste se anuda fácticamente a aquel”.

La Fiscalía explica el funcionamiento «mafioso» en el proceso de oposición a Policía Local.

Según el Ministerio Público, para “garantizar la opacidad absoluta en el proceso, todos los componentes del tribunal decidieron que la lectura del ejercicio del caso práctico no se llevara a cabo por el aspirante en lectura y audiencia pública, sino por ellos mismos a puerta cerrada”.

Con respecto a las oposiciones de 56 plazas, la Fiscalía señala que a la misma concurrían determinados aspirantes a los que, “por razones de vínculos de amistad, o familiares o sindicales, había intención premeditada de favorecer y de aprobar [por parte del superintendente y otro acusado], con independencia de sus méritos y aun cuando dicha resolución fuera injusta”.

El Ministerio Público explica que el papel en este caso de dos funcionarios del Ayuntamiento procesados consistía en “hacer la vista gorda a las irregularidades que cometieran y consentir no sólo con su silencio pasivo las mismas, sino incluso colaborar con ellas de modo activo, facilitando a los acusados, con anticipación suficiente, las preguntas y respuestas que ambos iban a formular en el cuestionario tipo test”.

Decía la Fiscalía que Juan José García y varios miembros del tribunal, incluido el vocal suplente, “filtraron, de modo intencionado y selectivo, la plantilla de corrección del caso práctico” a 19 aspirantes al cuerpo de la Policía Local para un proceso de 47 plazas convocado en abril de 2011 y otro de 51 plazas que había sido convocado en 2008.

En la Comunidad Valenciana se repite el mismo modus operandi.

La Agencia Valencia Antifraude, que dirige Joan Linares, denunció en marzo que el 25% de los expedientes de investigación abiertos por la Agencia, están relacionados con posibles irregularidades en la selección de personal en los cuerpos municipales de policía de la Comunidad Valenciana. Uno de los casos bajo la lupa de la agencia es el supuesto amaño de las oposiciones a Policía Local de Alicante, donde hay sospechas de que 60 de los 92 candidatos finales a vestir el uniforme tienen vínculos con altos cargos y agentes del cuerpo policial, representantes de diferentes partidos políticos y sindicatos y con contratistas vinculados al Consistorio.

“Hay que seleccionar mejor a los empleados públicos. Está en juego tener una Administración de calidad o no tenerla”, ha afirmado Joan Llinares, director de la Agencia Antifraude, durante la presentación a las Cortes Valencianas la Memoria de la institución correspondiente a 2021. El responsable ha explicado que aproximadamente el 48% de los expedientes abiertos por la entidad se refieren a la contratación de personal público y, de ellos, aproximadamente la mitad “son procedimientos vinculados a los cuerpos municipales de policía”.

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