José Luis Vera, que permanecía como jefe de los servicios jurídicos de Divalterra pese a su dilatado historial de escándalos, pone a su etapa en la mercantil coincidiendo con su liquidación.
José Luis Vera, el exjuez que el PSOE colocó en la Diputación de Valencia como asesor jurídico con la idea de que combatiera la corrupción del PP, cobró mordidas por valor de 1,3 millones de euros a cambio de favorecer los intereses de grandes promotoras en diversas administraciones socialistas.
Vera, que ha ejercido durante años de magistrado en la Audiencia Provincial de Valencia por el cuarto turno (reservado para abogados de reconocido prestigio y una trayectoria acreditada), es uno de los cabecillas de la supuesta «organización criminal» que se investiga en el caso Azud, que desmanteló la Guardia Civil y que supuestamente repartió comisiones millonarias entre cargos del PP y del PSOE durante 20 años.
A Vera, los investigadores le atribuyen el infame papel de conseguidor de contratos en Administraciones gobernadas por los socialistas. (Un caso que recuerda al papel de Juan Lanzas, principal conseguidor de los ERE). La apertura del sumario, ordenada la semana pasada, ha sacado a luz que intentó manipular su cuenta de correo oficial en la Diputación tras ser detenido.
Corruptor de políticos socialistas
A modo de ejemplo, la Guardia Civil cita en uno de los informes incluidos en el sumario los abultados honorarios que cobraba Vera por convocar reuniones entre el constructor y dirigentes socialistas y del Bloc, el partido mayoritario en Compromís, hoy rebautizado como Més Compromís.
En 2008, José Luis Vera habría percibido 174.000€ (150.000€ + IVA) del constructor con motivo de la firma de un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Burjassot, un municipio próximo a Valencia.
Directamente o a través de la mercantil Vera Llorens SLU, entre 2007 y 2012 este magistrado percibió al menos de las empresas del Grupo Axis más de 1.341.086 euros bajo «supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias», mediante pagos por servicios inexistentes. Su mujer, Antonia Armengol, fue diputada autonómica del PSOE. Según la investigación, «directamente o a través de la mercantil Vera Llorens SLU entre los años 2007 y 2012 percibió, por lo menos, de las empresas del Grupo Axis más de 1.341.086,36 euros».
«Aparentemente y según las evidencias recopiladas, la participación de José Luis Vera en relación a este convenio se circunscribe principalmente a una serie de reuniones de aparente carácter político», señala la Guardia Civil. En estas reuniones, además de Vera o Febrer, también participó el exeurodiputado de Compromís Jordi Sebastià, entre otros dirigentes.
Las medidas de investigación relativas a José Luis Vera se fundamentan «en la indiciaria participación del mismo en delitos continuados de cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales», ha justificado la juez para mantener su acusación.
Vera «aparece de forma indiciaria como intermediario al objeto de que la persona que le paga, Jaime Febrer consiga sus propósitos de trato de favor en la adquisición de terrenos y posterior desarrollo de los mismos, como igualmente aparece de forma indiciaria como partícipe en que parte de dicho metálico fuese a sufragar la campaña electoral del Partido Socialista, todo ello mediante la utilización de sociedades interpuestas», ha concluido la instructora en sus autos.
Subscribe to our newsletter!
