La Comisión Europea estudia la queja presentada por la «Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAYT)»
La Dirección General de Medio Ambiente de la CE, valora las informaciones trasmitidas por la asociación contra las autoridades jurisdiccionales españolas en relación con un procedimiento por hechos vinculados con el Parque Natural Doñana.
El parque natural Doñana cuenta con fuertes aliados que se niegan a ver agonizar uno de los mayores humedales de Europa. Un rico y variopinto ecosistema, que parece condenado a morir por la desmedida especulación política, el crecimiento turístico y la agricultura intensiva. Factores perjudiciales que ponen en grave riesgo la supervivencia de una auténtica maravilla natural y patrimonio del mundo.
Uno de los últimos diques de resistencia lo componen las asociaciones «Mediterránea por la Transparencia y Anticorrupción» y «Alianza Contra la Corrupción». Ambas, realizan un esfuerzo sobrehumano para defender del parque natural de quienes, en teoría, tenían la obligación de salvaguardarlo.
Ayer, informamos en este medio que Jaime González, presidente de «Alianza Contra la Corrupción», pedía reunirse con la delegación de parlamentarios alemanes para trasladar la información que disponen sobre la situación real del parque. Información que apunta irregularidades que podrían considerarse graves desde el punto de vista penal, administrativo y medio ambiental.
Un escenario judicial que conocen bien en la asociación «Mediterránea por la Transparencia y Anticorrupción» liderada Francisco José Sánchez del Águila Ramón, y Rogelio Vargas, un combativo letrado, que se vio condicionado abandonar la causa por las innumerables presiones que recibió durante la causa.
AMAYT impulsa la operación Zacayón.
La Operación Zacayón nacía tras las informaciones enviadas a la UCOMA unidad de la Guardia Civil desde varios ámbitos, todos vinculados al espacio natural. El arranque es el intento de poner a funcionar un viejo pozo para abastecer a ganado. A partir de ahí se despliegan como en un abanico prácticas, o dejaciones, con apariencia delictiva. En particular tres: uso del espacio protegido por ganado privado sin autorización; uso del agua de Doñana sin permisos; y no tramitación de las denuncias que interponen los agentes de Medio Ambiente.
El juez de La Palma, Carlos Serrano, concluyó el caso con una frase: «no está debidamente justificada la perpetración del delito». El archivo lo recurrió la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAYT), que preside Francisco Sánchez del Águila, y la SEO (Sociedad Española de Ornitología). La Fiscalía, según informaron fuentes cercanas a AMAYT, solicitó de forma incomprensible que, no se les considere parte en el proceso por no haber constituido fianza e interesándose por la desestimación del recurso de apelación.
En la investigación declararon unas treinta personas ante el juez y agentes de la UCOMA, Unidad Central Operativa Medioambiental, desplazados desde Madrid.
El oscuro escenario judicial motivo de la queja en la Comisión Europea.
Ante este sombrío escenario en AMAYT, se decidieron exponer ante el Comisario Sinkevičius y a la Directora General de Medioambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, las vicisitudes durante el procedimiento.
Recibiendo la contestación que fielmente reproducimos a nuestros lectores:
Asunto: Queja sobre contra las autoridades jurisdiccionales españolas en relación con un procedimiento por hechos vinculados con el Parque Natural Doñana.
Ref.: Ares(2023)3490618
«Quisiera agradecerle su correo electrónico de 15 de marzo de 2023 dirigido al Comisario Sinkevičius y a la Directora General de Medioambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, quienes me han pedido que responda en su nombre. En dicho correo electrónico alega que su asociación es parte activa en el procedimiento no 3/2020 que se tramita en el juzgado de instrucción no 3 de Palma del Condado, Huelva, iniciado a raíz de las investigaciones de la UCOMA (Guardia Civil) de varios hechos vinculados al Parque Natural de Doñana: uso del espacio protegido por ganado privado sin autorización; uso del agua de Doñana sin permisos y no tramitación de las denuncias interpuestas por los agentes de Medio Ambiente. Considera que dicho procedimiento ha sido objeto de una torpe y deficiente instrucción, que ha culminado con un «sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones»1, por lo que insta a la Comisión Europea a intervenir ante la complicada situación que se vive en el parque desde el punto judicial, político y medioambiental.
«Quisiera informarle de que la Comisión es conocedora de la situación medioambiental en la que se encuentra el Parque Nacional de Doñana. Por ello, en 2014, haciendo uso de sus atribuciones como Guardiana de los Tratados, inició de oficio un procedimiento de infracción para asegurarse de la correcta aplicación de la Directiva Marco sobre el Agua y de la Directiva sobre los Hábitats en el ámbito de Doñana y su entorno. En el marco de dicho procedimiento de infracción la Comisión decidió presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien declaró en su sentencia de 24 de junio de 2021 (Asunto C-559/195) el incumplimiento por parte del Reino de España de sus obligaciones en virtud de las citadas directivas».
«La Comisión vela por que las autoridades españolas adopten todas las medidas necesarias para cumplir con la sentencia del Tribunal de forma rápida y efectiva. En este sentido, el pasado 15 de julio de 2022, la Comisión decidió notificar una carta de emplazamiento al Reino de España en virtud del artículo 260, apartado 2, del Tratado sobre el Funcionamiento de la UE (TFUE). Actualmente, los servicios de la Comisión están analizando la repuesta de las autoridades españolas a la carta de emplazamiento para cerciorarse de que las medidas previstas son adecuadas y suficientes para cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia. Los servicios de la Comisión tendrán en cuenta en dicho análisis las informaciones que ha tenido a bien transmitirnos».
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