Nueva denuncia sobre el ERE FRAUDULENTO DE EGMSA
Nuevos indicios delictivos aporta sobre el ERE de EGMSA, el denunciante del vulgarmente conocido como «cartel del fuego».
El pasado 24 de octubre, se presentó una nueva denuncia en el registro general, dirigida al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, contra la EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA) en relación a la presunta perpetración de delitos de malversación y prevaricación.
Cabe recordar que EGMASA, fue una empresa pública (sociedad cuyo socio único era inicialmente la Agencia de Medio Ambiente, suprimida por Ley 8/1996, de 26 de diciembre (BOJA núm. 151, de 31/12/1996) dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, presentó en fecha 30 de junio de 2003 solicitud de Expediente Regulador de Empleo para la extinción de 373 contratos de trabajadores por causas productivas y organizativas, vinculadas con la necesidad de renovar la plantilla de personas de mayor edad dada su incapacidad física para el desempeño de su trabajo dentro del plan INFOCA ; ello así en el contexto de la negociación de un nuevo Convenio Colectivo que habría sido aprobado por el Consejo de Administración de EGMASA de 31 de marzo de 2003 y que preveía una disminución de la plantilla en 376 trabajadores con “Garantía de, al menos, el 85% de la renta neta para los trabajadores que se acojan a prejubilaciones.”. A este respecto se debe destacar que todos los trabajadores incluidos en este ERE habían trabajado en Ayuntamientos y Diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural, y tras cesar en sus puestos de trabajo pasaban a recibir prestaciones por desempleo o subsidios para mayores de 52 años, siendo entonces recolocados en EGMASA, en donde a la fecha del ERE llevaban trabajando una media de tiempo no superior a 4 años.
Sobre estas particulares, el denunciante, pregunta: –
¿No sería posible que esos prejubilado de EGMSA, sean familiares de responsables políticos que otorgaron cursos de formación a empresas del régimen, o cualquier tipo de ilegalidad grosera, y este privilegio que se concedió en el ERE de EGMSA sea el pago a sus servicios?
En la denuncia que hemos tenido acceso, se cuestionan sobre la normalidad de contratar a personas mayores de 52 años, señala: “No es normal de modo que primero EGMSA contratara a personas mayores de 52 años y que no tenían experiencia ni probablemente aptitudes para estar trabajando en oficinas de diputaciones, ayuntamientos, et… para pagar incendios forestales, y luego los prejubilaran. Evidentemente, los contrataron para pre jubilarlos y poder completar su pensión. Lo más plausible es que una cosa se hiciera para llegar a la otra, y eso es un plan criminal”.
La denuncia que es abundante en detalles y hechos ocurridos al interior de la Consejería de Medio Ambiente, relaciona los posibles vasos comunicantes entre la empresa EGMASA, FAFFE y la AGENCIA IDEA
En las investigaciones seguidas por el Juzgado de Instrucción N.6 de Sevilla, contra la EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA), se reconoce por parte de la Guardia Civil (UCO), que por parte de la Dirección de General de Trabajo y Seguridad Social (DGTSS) de la Junta Andalucía, habrían sido concedidas de manera ilícita y arbitraria ayudas por importe aproximado de 21.673.680,62 euros, de los cuales, consta que los pagos realizados desde el año 2004 hasta el año 2010 por la Agencia IDEA suman 16.069.3918,88 euros conforme al desglose que se recoge en el Informe Pericial de la IGAE obrante en autos, a los que habría que añadir la cantidad de 300.000 euros mediante los denominados “pagos cruzados» (cantidades que abonaba la agencia IDEA para el pago de la prima de una póliza que, por orden del entonces director General a la compañía aseguradora, ésta aplicaba a otras pólizas o compromisos) ordenados por el titular de la DGTSS, Francisco Javier Guerrero Benítez
Al respecto, el denunciante llega a reconocer que: -“Los planes estuvieron “encomendados” a la agencia IDEA, y que ésta a su vez en fraude de ley se lo subcontrataba a una serie de fundaciones medioambientales muy especiales, que forman parte de la segunda huida del derecho administrativo, esto es, fundaciones supuestamente privadas pero que dependen casi en su totalidad de financiación pública de una determinada consejería, realmente son unas fundaciones públicas con unos mariachis al lado para dar la apariencia de privadas, que sus trabajadores y directivos son parte orgánicamente del partido que gobierna, y que su objetivo real es hacer propaganda política más o menos descarada a favor del régimen que gobierna”.
Según las investigaciones practicadas se deduce que las ayudas concedidas a la EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA) carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad; concediéndose por el correspondiente Director General de Trabajo y Seguridad Social sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención, y sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda; realizadas con cargo a un concepto presupuestario inadecuado, «Transferencia de Financiación a IFA-IDEA”, cuya finalidad legal es solo la cobertura de pérdidas de la entidad pública IFA-IDEA; sin control administrativo, y sin justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos. Siendo así que por parte de la Consejería de Empleo no se habría realizado ningún seguimiento sobre la aplicación y destino de las ayudas concedidas.
Estas subvenciones y ayudas constituyen una verdadera subvención a empresa en cuanto que el destino de las subvenciones aprobado era financiar el coste de la extinción de las relaciones laborales -prejubilaciones- acordadas entre empresa y trabajadores en la tramitación de los mismos -algunos no vinculados a un expediente de regulación de empleo-, siendo la forma de pago -obligación de la empresa- la suscripción de un seguro de rentas a favor de los trabajadores. Por consiguiente, estas subvenciones habrían de corresponder al ámbito laboral al atender obligaciones surgidas para la empresa durante la existencia de la relación laboral del correspondiente trabajador y antes de que ésta se extinga. De este modo, si las subvenciones corresponden a dicho ámbito y dado que la Junta de Andalucía habría establecido un sistema propio de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social distinto al regulado por el Estado, se habría vulnerado la competencia exclusiva que en favor de éste establece el artículo 149.1.7º de la Constitución Española.
Nuevas líneas de investigación.
En la denuncia que tenemos acceso, se recogen nuevas líneas de investigación propuestas por el denunciante del vulgarmente llamado cartel del fuego.
Como línea primera, solicita al juzgado, se investigue a las cúpulas de las secciones sindicales de UGT y CCOO, relativas al plan INFOCA. Así como los nombres y apellidos de todos los altos cargos y directivos de la Consejería de Empleo de Córdoba y sobre todo el SAE, que de alguna forma intervinieron en el caso de los cursos de formación para la empresa FAASA AVIACIÓN, que se desprende del sumario 5196/2015