«Una chapuza legislativa, que no protege a las personas alertadoras de corrupción» señala Roberto Macías, Vicepresidente de Alianza Contra la Corrupción, sobre el Anteproyecto de Ley, que transpone la Directiva EU 1937/2019
Los miembros de la asociación Alianza Contra la Corrupción son categóricos al manifestar que, el Anteproyecto de Ley de Protección a Personas Alertadoras de Corrupción, está plagado de perversas deficiencias, que incluso desvirtúan la Directiva Europea 1937/2019, relativa a la protección de personas que informan infracciones al Derecho de la Unión.
El activista Roberto Macías, miembro de la asociación de whistleblowers, denuncia las deficiencias del Proyecto de Ley, que transpone la Directiva Europea 1937/2019, La norma europea daba un plazo de dos años a los Estados miembros para elaborar una ley que estableciera las medidas de protección en entendidas públicas y privadas para las personas que informen sobre asuntos relacionados con delitos o irregularidades en compras públicas, servicios financieros, lavado de dinero, financiación del terrorismo, seguridad del transporte, protección ambiental, seguridad nuclear, seguridad alimentaria, salud de los animales o o salud pública, entre otros. Al no cumplirse en tiempo y forma, la asociación de alertadores, presidida por Jaime Gonzalez Díaz, acudieron al Parlamento Europeo, para quejarse de la falta de transposición y de la actuación irregular de los tribunales españoles, que no aplican el Derecho de la Unión a pesar de ser de obligado cumplimiento.
Sobre la referida petición, la Comisión Europea (CE) ha remitido a España una «carta de emplazamiento» por no haber notificado las medidas de transposición de la Directiva (UE) 2019/1937, en la que se establecen medidas para proteger a los denunciantes de casos de corrupción, como Roberto Macías. La CE «está decidida a adoptar todas las medidas necesarias para hacer cumplir» esta directiva «por parte de todos los Estados miembros, incluida España», recoge la carta enviada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a la asociación nacional Alianza Contra la Corrupción.
Como viene informando Prometheus News, esta asociación fue la primera en España, en alertar a las instituciones de la UE sobre la condena a Roberto Macías, ya que condenar a una persona por revelación de secretos cuando está destapando un caso de fraude supone una «flagrante violación» de la Directiva europea que protege a los conocidos como whistleblower, o alertadores de casos de corrupción.
En una carta fechada el 16 de mayo de 2022, la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, informó de que la denuncia sobre el caso de Roberto Macías fue declarada «admisible, ya que el asunto entra dentro de los ámbitos de actuación de la UE». Además, solicitó a la Comisión Europea que iniciara una investigación «preliminar» que ahora ve sus primeros frutos.
El anteproyecto que según Macias, contraviene lo dictado por la Directiva Europea.
Es un Proyecto de Ley, hasta peligroso, en el sentido que amordaza a la sociedad. Tal y como está redactada en mi caso, volvería hacer condenado por revelar a la sociedad de las irregularidades en la UGT Andalucía. Excluyen de protección a personas que acudan directamente a los medios de información. Esto es una aberración legislativa, una perversión del espíritu de la Directiva Europea 1937/2019. Nos encontramos ante una chapuza en toda regla, que en lugar de empoderar a los activistas y asociaciones en la lucha contra la corrupción y el fraude, los excluye de una forma escandalosa. La sociedad debe saber que nos están colando un bodrio. Señala Macias.
En la asociación de whistleblowers, consideran que es fundamental que las personas alertadoras de corrupción tengan la libertad de formular su alerta en el medio que más consideren seguro y que les garantice su seguridad, integridad y anonimato. En este sentido, vuelven apreciar una grave deficiencia en el Proyecto de Ley, constituya una perversión de la Directiva, que ordena la protección de las personas que ponen información directamente en redes sociales o las transmiten a medios de comunicación, políticos, organizaciones sociales, sindicatos o otros colectivos.
Para exponer mejor la aberración que supone condenar a un alertador de corrupción, la asociación de alertadores que preside Jaime González, presentó en su canal de Youtube, un vídeo en el que expone el caso de Roberto Macías, que finalmente es condenado a prisión por revelar la corrupción sistémica del sindicato hermano del PSOE.
Roberto Macías, considera que ·en caso de no modificarse la norma y mantener el espíritu de la Directiva, equivaldría a un suicidio colaborar con los órganos jurisdiccionales. Pues bajo ese paraguas legal, lo único que tiene garantizado es la muerte civil del alertador».
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