La historia de un mexicano que lucha contra la corrupción en España. Roberto Macías, fue el primer denunciante en invocar la Directiva Europea 1937/2019, en un procedimiento judicial y el primero en denunciar al reino de España por su incumplimiento.

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Europa sancionará a España por la falta de transposición de la Directiva Europea EU 1937/2019, relativa a la protección de personas que informen infracciones al Derecho de la Unión.

Batalla épica mantiene el alertador de corrupción Roberto Macías, contra las autoridades nacionales, por conculcar sus derechos que emanan de la Directiva EU 1937/2019. Una lucha sin cuartel del activista mexicano por exigir la aplicación de la norma comunitaria que garantiza la indemnidad frente a represalias que sufren los alertadores de corrupción -Whistleblowers-. Macías, sostiene un intenso pulso judicial, que le ha llevado a denunciar al reino de España y al Parlamento Europeo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Este emigrante jalisciense, realizó una serie de filtraciones periodísticas desataron una intensa investigación política y judicial. Sus denuncias públicas sirvieron para investigar las principales vías de financiación ilícitas de la Unión General de Trabajadores en Andalucía  (UGT-A). 

Las filtraciones de Macías, resultaron claves en una dilatada investigación judicial. Fueron la punta de lanza para que la Junta de Andalucía, controlada por el PSOE,  decidieran revisar hasta 21 expedientes de ayudas públicas gestionadas por el sindicato socialista. Cabe destacar que el perito designado por el juzgado de instrucción número 9 de Sevilla, confirmó irregularidades  por valor de 41 millones de euros. 

Una lucha titánica de un humilde emigrante contra un Estado, que durante décadas favoreció el arraigo de la corrupción en todos sus estamentos. Un sistema perjudicial para el interés público que contó con el beneplácito de todas las élites del poder, que vieron la mejor forma de garantizar sus negocios y afianzar su poder. Ello explica la situación de vulnerabilidad e indefensión que enfrentan todas las personas que informan, alertan, denuncian actos de corrupción. El sistema se revuelve en su contra, para garantizar su supervivencia.

La Fiscalía Anticorrupción sostuvo las tesis esperpénticas del sindicato y amplió las represalias contra Roberto Macías.

En las cuestiones previas al juicio celebradas el 28 de noviembre de 2019, la defensa de Macías, ejercida por el ilustre letrado Francisco José Sánchez del Águila Ramón, argumentó ante la jueza sustituta del juzgado penal N.15 de Sevilla, que debía protegerse a Macías en su condición de alertador del caso de las facturas falsas de UGT-A, y según lo dispuesto en la Directiva, no podía ser perseguido en ninguna causa penal.

Además, sostuvo que los archivos de UGT-A, que Roberto Macías habría revelado -según la acusación del sindicato y la Fiscalía- no constituye ningún tipo de secreto al tratarse de «subvenciones y de dinero público».

Sin embargo, el Fiscal Fernando Soto Patiño, consideró que la directiva europea sobre los denunciantes de corrupción no es aplicable a este caso porque los gobiernos de cada país tienen dos años para trasponer esta norma a sus legislaciones  –Dos años después sigue sin transponerse la normativa-. Además, para que Roberto Macías se pudiera beneficiar de ella tendría que haber denunciando de forma «interna o externa» esta «corrupción, fraude o falsedades» de UGT.

La justicia española desprecia el Derecho de la Unión.

Ana María León, Magistrada suplente del Juzgado Penal N.15 de Sevilla y  Fernando Soto Patiño, Fiscal Delegado Anticorrupción en Sevilla, sin ruborizarse condenaron a Roberto Macías, a pesar de que el día en que empezaron las sesiones del juicio ya estaba en vigor la Directiva, que considera lícitas las revelaciones públicas de información sobre infracciones del Derecho de la Unión. El artículo 21 de la Directiva europea, no admite otra interpretación:

Cuando una persona denuncie o revele públicamente información sobre infracciones que entran en el ámbito de aplica­ción de la presente Directiva, y dicha información incluya secretos comerciales, y cuando dicha persona reúna las condiciones establecidas en la presente Directiva, dicha denuncia o revelación pública se considerará lícita en las condiciones previstas en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva (UE) 2016/943.

El Ministerio Público debe investigar la corrupción sin perseguir a las personas que alertan o informan dichos actos.

La Directiva Europea 1937/2019, exonera a Roberto Macías del «delito de revelación de secretos«. En ese sentido el legislador europeo exime cualquier responsabilidad a los alertadores:

“Las querellas por injurias y calumnias contra los denunciantes de corrupción son consideradas por la Directiva como actos constitutivos de represalia, y deben de archivarse de oficio y sin dilación”, dice el artículo 21.7 de la norma europea: “En los procesos judiciales, incluidos los relativos a difamación, violación de derechos de autor, vulneración de secreto, infracción de las normas de protección de datos, revelación de secretos comerciales, o a solicitudes de indemnización basadas en el Derecho laboral privado, público o colectivo, las personas a que se refiere el artículo 4 no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo como consecuencia de denuncias o de revelaciones públicas en virtud de la presente Directiva. Dichas personas tendrán derecho a alegar en su descargo el haber denunciado o haber hecho una revelación pública, siempre que tuvieran motivos razonables para pensar que la denuncia o revelación pública era necesaria para poner de manifiesto una infracción en virtud de la presente Directiva”.

El reino de España, enfrenta una posible sanción por no transponer a tiempo la Directiva Europea.

El Consejo de Europa, inicia un procedimiento sancionador contra el reino de España, por incumplir con los plazos para transponer la Directiva. Macías, es plenamente consciente que el escenario político-legislativo es adverso: «Es evidente que el Gobierno de España, no hace lo suficiente para proteger a los alertadores de corrupción. No hay una voluntad real para combatir la corrupción, el fraude y proteger a las personas que activan las primeras alarmas». 

Tanto el Ministerio de Justicia como la Fiscalía General del Estado se niegan a reunirse con los alertadores de corrupción. Primero, fue la espantada de la Fiscalía que dirige Dolores Delgado, suspendiendo in extremis la cita que tenían organizada con Macías y otros destacados alertadores de corrupción. Segundo fue la exclusión por parte del Ministerio de Justicia, dejando en manos de  «expertos» la propuesta de transposición de la Directiva, y relegando a los propios denunciantes.

Roberto Macías, seguirá luchando contra todo el aparato del Estado, por conseguir que en España, denunciar corrupción no constituya una pena capital. Es la lucha de un emigrante por construir una tierra más honesta, transparente y decente. Preguntado por una conclusión final sobre su historia, Macías confiesa: «Al final de mi vida, muchos dirán que fui un soñador que intentó cambiar un sistema; otros pensarán que fui un loco por no aceptar las reglas de juego del Estado; habrá algunos que piensen que mi vida se perdió buscando construir una sociedad más justa y decente, aunque fuera una entelequia. Pero nadie dirá que fui un hombre conformista o un cobarde. Nadie podrá decir nunca que fui un traidor a sus principios»

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