La Alianza Contra la Corrupción reprueba la «doble vara de medir que la cúpula de UGT Andalucía, aplica en el caso de Roberto Macías».

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Para la asociación de Whistleblowers, el apremio que hacen los servicios jurídicos del sindicato a los tribunales se trata de un «acto desesperado para impedir que su ex trabajador pueda acogerse a la nueva realidad jurídica que poco a poco se abre paso en España».

Los representantes de la asociación consideran que se trata de una «clara muestra de venganza y, también, pensando mal, la estrategia maquiavélica de una
organización que, lejos de aprender de sus errores».

El caso de Roberto Macías, ex trabajador de UGT Andalucía, podría ver su final si finalmente se aprueba el anteproyecto de ley, por el que se transpone la Directiva Europea EU 1937/2019, por la que se protege a las personas que informan infracciones al Derecho de la Unión. Este nuevo marco legislativo, abre las puertas a la aplicación de los beneficios de la exoneración a Macías, por haber filtrado a los medios de comunicación el supuesto saqueo de fondos públicos por parte del sindicato hermano del PSOE.

Pero los servicios jurídicos del sindicato, hacen maniobras desesperadas apremiando a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla para que emitan a la brevedad una resolución sobre el recurso presentado por la defensa de Macías, ejercida por el letrado de AMAYT, Francisco José Sánchez del Águila Ramón. De tal forma que el ex trabajador de UGT, condenado a dos años de prisión por revelación de secretos no pueda beneficiarse de los cambios legislativos que están a punto de producirse en España. Esta circunstancia contrasta con el caso de la financiación ilícita de UGT Andalucía, que desde el 17 de mayo de 2021, espera que se determine la fecha de juicio contra la ex cúpula del sindicato. Y que duerme el sueño de los justos, sin que nadie pida su celebración.

Francisco José Sánchez del Águila Ramón, letrado de Roberto Macías

Es por ello, que la Alianza Contra la Corrupción, informa a la sociedad de los siguientes extremos:

La asociación “Alianza Contra la Corrupción”, por unanimidad de su Junta Directiva, quiere trasladar a los medios de comunicación y al conjunto de la sociedad, las recientes cuestiones judiciales relacionadas con nuestro miembro y socio Roberto Alejandro Macías Chávez, alertador del caso de las “facturas falsas de UGT A” y sobre el Anteproyecto de Ley, aprobado el pasado 4 de marzo de 2022, por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia, por el que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción con el objeto de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea (UE).

En breve, España contará con un régimen jurídico que en teoría garantiza la protección efectiva de aquellas personas que, tanto en el seno de organizaciones públicas como privadas, comuniquen información relativa a infracciones del Derecho de la Unión y del Derecho nacional. Caso paradigmático es el de Roberto Macías, que ha solicitado durante su largo procedimiento Judicial, poder acogerse a los beneficios que establece la protección de Directiva “Whistleblowers” y acabar con el calvario inhumano que le supuso revelar una caso grave y grosero de corrupción.

Es por ello que queremos cuestionar que la UGT-A, a través de su letrado, trate de apremiar a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que revisa el recurso presentado por nuestro compañero, para que emita al más breve plazo posible una sentencia condenatoria contra él. Visto el nuevo contexto, entendemos las recientes actuaciones de la UGT-A como un acto desesperado para impedir que su ex trabajador pueda acogerse a la nueva realidad jurídica que poco a poco se abre paso en España. Una clara muestra de venganza y, también, pensando mal, la estrategia maquiavélica de una organización que, lejos de aprender de sus errores, se enroca en ellos, pretendiendo que la condena de Macías les sirva de herramienta para salir indemne del procedimiento penal contra su organización, donde se les reclama penas de cárcel por fraude en subvenciones y se les exige la devolución del dinero presuntamente sustraído correspondiente a la formación de los parados.

Nuestra asociación quiere dejar claro además que, si existe un colapso judicial, en buena parte es por los numerosos procedimientos judiciales en los que se ve implicada la UGT-A. El comportamiento desleal de la antigua cúpula sindical, que ahora la nueva trata de disipar, con los trabajadores desempleados y el conjunto de la sociedad, ha provocado que la Justicia tenga que revisar con lupa su actuación durante años.

Por último, queremos informar a la sociedad que nuestra asociación, presentó las alegaciones al anteproyecto de ley dirigido por Pilar Llop, Ministra de Justicia, al considerar que es mejorable en su contenido y articulado. Queremos que efectivamente sea un instrumento eficaz de protección a las personas que informan sobre irregularidades y corrupción

Sin otro particular, un saludo.

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