Los cursos de formación en Andalucía: Un macabro festival de corrupción. El Gobierno vuelve a destinar 525 millones para un «plan para formación y desarrollo de competencias».

Ayúdanos a difundir nuestra información

El Gobierno asigna en 2021 a Andalucía 525 millones del Plan de Recuperación para formación y desarrollo de competencias. Dinero susceptible a perderse por el sumidero de la corrupción.

Los antecedentes relacionados con la gestión de dinero para la formación de trabajadores desempleados en Andalucía es grave y escandalosa, pueden enumerarse: El fraude a las facturas falsas de UGT, el caso EDU, FAFFE, entramado OJEDA, clan de Rafael Velasco y hasta 45 empresas vinculadas a la órbita del PSOE, que posiblemente se lucraron con los cursos de formación.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía Pedro Fernández, acaba de informar que, con estos 525 millones de euros, «Andalucía ha sido la comunidad que más fondos ha recibido del Gobierno en 2021 para el desarrollo de políticas de formación y de competencias digitales». En su comunicado, se destaca la importancia de estos fondos para mitigar el desempleo en la región: «además de impulsar la digitalización de las pymes andaluzas, tienen como objetivos contribuir a que las personas desempleadas puedan encontrar un empleo, mejorar la capacitación laboral de trabajadores y personas en paro y avanzar en la digitalización del sistema educativo en todos los niveles».

Pero los antecedes recientes en Andalucía son desoladores: A través de las relevaciones en prensa y las distintas investigaciones judiciales,  ha podido constatarse que esta obscena ilegalidad ha servido de fuente de financiación de los agentes sociales y económicos, pero también de botín de numerosos políticos y 45 empresas afines al Partido Socialista, que posiblemente se enriquecieron delictivamente.

Los datos económicos del fraude son más que escandalosos

La jueza Mercedes Alaya, llegó a considerar que los exdirectores generales de Formación de la Junta de Andalucía Teresa Florido, Manuel Brenes, Andrés Sánchez y María José Lara habrían «contribuido decisivamente» durante sus respectivos mandatos «al mantenimiento del sistema de gestión de las subvenciones para la formación que implicaba indiciariamente un reparto arbitrario de los fondos públicos».

Con carácter general, la juez dice que «en la mayoría de los expedientes» las justificaciones «estaban fuera de plazo, a veces sin aportar siquiera resoluciones de exoneración, sin el certificado de finalidad del órgano gestor, y sin haberse iniciado procedimiento de reintegro, existiendo un total acumulado pendiente de justificación de más de 705 millones de euros»

Existe un informe que la Intervención General de la Junta, remitió al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla y cifraba en 3.015 millones de euros el dinero perdido en la formación entre los años 2005 y 2013.

El exConsejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, ofreció al Parlamento uno de los últimos datos conocidos: 632,3 millones de euros, que calificó «en proceso de justificación» por las empresas que los recibieron.

El ‘caso Edu’.

De acuerdo con la investigación, realizada por la UDEF, la Junta habría pagado cursos de formación que no se llegaron a realizar, sin exigir justificación de que habían sido realizados ni demandar la devolución del dinero en caso de no ejecutarse.

En concreto, en el procedimiento utilizado para la realización de este presunto fraude la Junta pagaba el 75% del importe de los cursos de formación profesional ocupacional para desempleados a la entidad formadora y el 25% restante se pagaba al finalizar el curso. Sin embargo, las investigaciones de la policía, pudieron detectar que en la provincia de Málaga había cursos impartidos en los que la entidad formadora, que había percibido el anticipo del 75%, no había solicitado el 25% que le correspondía tras la realización efectiva de los cursos. Hecho que alertó a los funcionarios policiales y que destapó el presunto fraude de cursos cobrados y no realizados, que se extendía por las ocho provincias de la comunidad autónoma.  Millones de euros que pudieron acabar en las cuentas de empresas vinculadas al Partido Socialista, los datos económicos son abrumadores: Se habla de 2.875 millones de euros. De ellos, 1.155 millones procedían de fondos de la Unión Europea y otros 1.720 millones del Estado.

Caso Faffe: El saqueo interminable de las ayudas para formar parados.

Un sinfín de irregularidades quedaron al descubierto después de que la UCO tuviera acceso a un disco duro con información de la contabilidad de la Faffe que facilitó el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) al Juzgado de Instrucción 6.

En ese disco se encontraron tickets de comidas e, incluso, de copas, que fueron pagadas con las subvenciones que la entidad recibía para cursos o programas de inserción laboral.  Gastos acreditados en prostíbulos en Sevilla, Cádiz y Córdoba en los que, de forma sistemática, pagaba con las tarjetas de crédito de la Faffe que Fernando Villén, exdirector de la entidad tuvo a su disposición. En total fueron trece bacanales las que pagó con las black de la entidad por un importe de 32.566 euros.

De acuerdo con los datos que obran en el sumario, entre 2008 y 2011, sólo cuatro años, la fundación gastó algo más de 3,1 millones de euros en viajes, hoteles y clubes de lujo. Un repugnante saqueo de fondos públicos, que ahora es objeto de investigación por parte del Parlamento Andaluz.

Clan de Rafael Velasco y Aulacen Cinco SL

La que fuera promesa del PSOE Andaluz, Rafael Velasco, tuvo que dimitir de sus cargos orgánicos y políticos tras conocerse que la empresa de su esposa Aulacen Cinco SL, recibió hasta 730.000 euros en subvenciones de la Junta para la realización de cursos de formación.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, en el que acuerda investigar a varios familiares de Rafael Velasco que estaban vinculados a la academia de Córdoba que recibió subvenciones para cursos de la Junta de Andalucía, en la etapa del PSOE.

Así, el juez ha acordado que se informe «expresamente» de su condición de investigados -antes imputados- a la mujer de Rafael Velasco –Antonia Montilla-, sus dos cuñadas –Rafaela e Inmaculada Montilla– y su hermano –Pedro Velasco– en la causa sobre el fraude de la formación, en la que se indagan presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación, según un auto emitido el pasado 28 de diciembre, adelantado por ABC y recogido por Europa Press.

Caso de las Facturas Falsas de UGT A.

El caso de las facturas falsas de UGT Andalucía está más cerca de llegar a juicio. El juez de Instrucción número nueve de Sevilla, procesa al ex secretario general de la organización Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas, entre sindicalistas y empresarios, por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. «El cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros», asegura el instructor, destacando que son los expedientes de los que tiene los papeles necesarios. Un caso que vio la luz pública, tras las revelaciones que hizo Roberto Macías, el honrado trabajador del sindicato que reveló el expolio sindical.

Ayúdanos a seguir informando de una forma libre, transparente y honesta.

Subscribe to our newsletter!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.