Alianza Contra la Corrupción, AMAYT y AEDICO critican la falta de medidas de protección
Hace un año, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que buscaba proteger a los informantes de corrupción en España, pero hasta ahora, la creación de la Autoridad de Protección del Informante sigue pendiente. Tres destacadas asociaciones anticorrupción, Alianza Contra la Corrupción, AMAYT y AEDICO, han levantado su voz para denunciar el retraso injustificado por parte del gobierno.
La situación actual deja desprotegidos a aquellos que denuncian prácticas corruptas, sin contar con una figura que les resguarde. «A pesar de los controles impuestos al resto de administraciones y empresas privadas, que deben contar con canales internos de información, la Autoridad de Protección del Informante brilla por su ignominiosa ausencia. Esta situación genera un escenario contrario al derecho europeo, colocando a los denunciantes en la más absoluta soledad y desamparo del sistema», señala Francisco José del Águila Ramón, presidente de AMAYT.
Para Roberto Macías, activista y miembro de Alianza Contra la Corrupción, denuncia que «la ley es papel mojado para el Gobierno de España, que se burla del Derecho de la Unión y de todas las personas que anhelan vivir en un Estado libre, transparente y libre de corrupción. Simplemente, no les interesa proteger a las personas alertadoras (whistleblowers) para seguir con el latrocinio continuado de fondos públicos, nadie quiere matar a la gallina de los huevos de oros».
La ley, que regula la protección de los denunciantes, entró en vigor el 13 de marzo del año pasado y responde a una directiva europea que debió transponerse antes del 19 de diciembre de 2021. Sin embargo, España incumplió los plazos, generando un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea. La ausencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante ha llevado a diversos incumplimientos en la aplicación de la ley.
La posición crítica de Alianza Contra la Corrupción, AMAYT y AEDICO destaca la urgencia de establecer medidas de protección para los alertadores de corrupción. En este contexto, la desprotección que sufre Roberto Macías, alertador del caso UGT A, condenado a un ano de prisión por exponer un fraude calculado en más de 40 millones de euros, evidencia la vulnerabilidad de quienes se encuentran en un limbo legal sin recibir la atención necesaria. Macías, solicitó la protección de la Agencia Antifraude Andaluza, que él mismo defendió en el parlamento andaluz, y que una vez constituida, le dejaron en la más escandalosa estacada.
Este martes marca un año desde la publicación de la ley, y las asociaciones anticorrupción instan al Gobierno a cumplir con la creación de la Autoridad de Protección del Informante para garantizar la seguridad y apoyo a quienes denuncian prácticas corruptas en interés público.
Ana Garrido Critica la Ineficacia de la Ley de Protección de Informantes
Ana Garrido, la denunciante que destapó la trama Gürtel, ha expresado fuertes críticas hacia la nueva Ley de Protección de Informantes en España. A pesar de que la ley fue diseñada para proteger a quienes alertan sobre casos de corrupción, Garrido destaca que las medidas propuestas, como el régimen sancionador a los autores de represalias y la creación de nuevas Agencias Antifraude, no se están aplicando como deberían.
Según Garrido, la Ley 2/2023, que regula la protección de los denunciantes, se ha vuelto estéril e inútil en ausencia de la Autoridad Independiente, el órgano de control que debería garantizar el cumplimiento de la ley. La falta de aplicación del régimen sancionador y el intento de cerrar Agencias Antifraude funcionales contradicen el propósito original de la legislación.
En este contexto, Garrido cuestiona la eficacia de una ley que, en lugar de incentivar a la ciudadanía a denunciar ilícitos penales, parece enviar un mensaje de desincentivo al no aplicar sanciones y garantizar una protección efectiva. Para ella, la situación es comparable a la ineficacia de la Ley de Protección de Datos sin la existencia de la Agencia Estatal de Protección de Datos.
La crítica de Garrido subraya la necesidad urgente de constituir la Autoridad Independiente como un órgano de control para hacer que la ley sea efectiva y proteger a quienes contribuyen a la lucha contra la corrupción.
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