Desprotección legal: AEDICO denuncia los fallos de la Oficina Antifraude de Cataluña, que vulneran los derechos de una funcionaria denunciante de corrupción.
La ‘persona protegida’ del Ayuntamiento de Mataró queda desamparada ante la desidia de la OAC en la aplicación de la ley
AEDICO expresa su preocupación por la falta de actuación eficaz de la Oficina Antifraude de Cataluña ante las represalias sufridas por una trabajadora del Ayuntamiento de Mataró. La desidia en la aplicación de la ley pone en riesgo la protección y los derechos de la ‘persona protegida’, exigiendo una respuesta urgente y efectiva, en colaboración con la fiscalía, para asegurar la justicia y la legalidad en este caso.
Desde la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DENUNCIANTES E INFORMANTES DE CORRUPCIÓN (AEDICO), realizan un enérgico pronunciamiento sobre lo que consideramos una lamentable desidia, inacción e ineficacia por parte de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) frente a las represalias sufridas por una funcionaria del Ayuntamiento de Mataró.
La relación laboral de esta empleada fue rescindida por el Ayuntamiento de Mataró con total impunidad, a pesar de haber sido previamente designada como «persona protegida» por la OAC. A pesar de los numerosos avisos desesperados de la afectada, la OAC ha fallado en aplicar la ley y sancionar al ayuntamiento como establece la normativa vigente, avisan desde la asociación.
La OAC ha mostrado una falta de diligencia al no responder en tiempo y forma a las solicitudes de asesoramiento de la «persona protegida». Aunque ha certificado una represalia como «acto nulo de pleno derecho», no ha establecido un plazo determinado para que el Ayuntamiento de Mataró revierta esta decisión.
En su comunicado, la asociación liderada por Ana Garrido Ramos, señala que, la OAC ha ignorado otras represalias comunicadas hace cuatro meses, sin elaborar informe alguno. No ha abordado la irregularidad de actos administrativos emitidos por un cargo público sin las atribuciones legales correspondientes, ni ha contactado al Secretario municipal de Mataró para instarlo a revocar actos ya certificados como nulos de pleno derecho.
La falta de aplicación de la «Ley de Protección al Denunciante» demuestran una preocupante desconexión con la legalidad. La OAC ha extendido de manera injustificada el procedimiento de investigación, agregando trámites ficticios y alargando el sufrimiento de la «persona protegida».
En AEDICO consideran grave la desconexión con la Fiscalía española. La OAC, a pesar de su convenio de colaboración, se desinhibe de su deber de detener una investigación y derivarla a la fiscalía en caso de indicios de delito.
Termina el comunicado avisando de la preocupación por el evidente temor de la OAC hacia un ayuntamiento importante como represaliador, abandonando al vulnerable denunciante frente al topoderoso ente denunciado. Asimismo, exigen urgentemente una actuación eficaz de acuerdo con la ley: protección en colaboración con la fiscalía, asesoramiento, celeridad y expedientes sancionadores contra los individuos y organismos represaliadores, independientemente de su posición o importancia. La justicia y la legalidad deben prevalecer, y la desidia de la OAC no puede tolerarse en casos de represión laboral.
