Corrupción de altos vuelos: La crónicas de dos rescates «estratégicos» Plus Ultra Líneas Aéreas y Ándalus Líneas Aéreas

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La gestión de las ayudas públicas en España vuelve a situarse en el centro del debate jurídico y político. Los casos del rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, hoy bajo investigación en la Audiencia Nacional, y de Ándalus Líneas Aéreas en el marco del Caso Invercaria, no son episodios aislados, sino ejemplos de un patrón que se repite: dinero del contribuyente inyectado en proyectos privados de viabilidad discutible, canalizado a través de estructuras públicas de naturaleza mercantil que rebajan los controles y diluyen responsabilidades.

El análisis de ambos casos, a la luz de los hechos conocidos y del marco jurídico aplicable, permite formular una crítica fundada: el sistema de ayudas estratégicas se ha convertido en un espacio de alta discrecionalidad política, baja transparencia y escasa eficacia en la exigencia de responsabilidades, tanto políticas como penales.

El “interés estratégico” como criterio de concesión: discrecionalidad con efectos jurídicos

En teoría, la declaración de una empresa como “estratégica” responde a la necesidad de proteger sectores esenciales para la economía o la cohesión territorial. En la práctica, el concepto se ha utilizado como llave de acceso a fondos públicos en condiciones de opacidad y con una motivación, en ocasiones, insuficientemente acreditada.

En el caso de Plus Ultra, el Gobierno aprobó en marzo de 2021 un rescate de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI. La aerolínea fue considerada estratégica por su conectividad con Latinoamérica. Sin embargo, informes críticos y la propia controversia política señalaron que la compañía ya presentaba problemas de solvencia antes de la pandemia, que su flota era reducida y que su posición en el mercado no era ni dominante ni exclusiva. La investigación actual en la Audiencia Nacional se centra, precisamente, en el presunto uso irregular de esos 53 millones y en la posible existencia de un entramado de blanqueo de capitales vinculado a fondos públicos y oro procedentes de Venezuela.

En el caso de Ándalus Líneas Aéreas, la Junta de Andalucía, a través de la agencia IDEA/Invercaria, inyectó 1,86 millones de euros en un proyecto presentado como “real y serio” en un contexto de expansión económica. La instrucción judicial posterior acreditó que el proyecto carecía de viabilidad suficiente y que la inversión pública se perdió en una empresa que terminó en quiebra. La calificación de la operación como apuesta estratégica no se apoyó en un análisis de solvencia comparable al que habría exigido la banca privada, que previamente había rechazado financiar proyectos similares.

Desde el punto de vista jurídico, la discrecionalidad administrativa en la apreciación del “interés estratégico” no es ilimitada: debe estar motivada, ser razonable y respetar los principios de buena administración y de servicio al interés general. Cuando la motivación es débil o se apoya en criterios vagos, se abre la puerta a la desviación de poder, figura clásica del derecho administrativo que, sin embargo, rara vez llega a traducirse en responsabilidad penal.

La huida del derecho administrativo: entes instrumentales y relajación de controles

Un elemento común a ambos casos es el uso de entes instrumentales de naturaleza mercantil para canalizar el dinero público. En el ámbito estatal, la SEPI; en el autonómico andaluz, IDEA e Invercaria. Estas entidades gestionan fondos públicos, pero lo hacen bajo formas de derecho privado, lo que tiene consecuencias relevantes.

En el plano formal, la sujeción al derecho mercantil permite una mayor flexibilidad en la toma de decisiones, en la contratación y en la gestión de inversiones. Pero esa flexibilidad se traduce, en la práctica, en una relajación de los controles previos que sí operan en la administración estrictamente sometida al derecho administrativo: fiscalización previa de la Intervención, concurrencia competitiva, publicidad y transparencia reforzada.

En el caso Invercaria, diversas resoluciones judiciales y de órganos de control describieron un “absoluto descontrol” en la concesión de préstamos y participaciones: operaciones sin informes de viabilidad, decisiones adoptadas por “órdenes que venían de arriba” y ausencia de auditorías previas. La lógica empresarial se invocó para justificar decisiones que, de haberse adoptado en un departamento administrativo clásico, habrían requerido expedientes mucho más sólidos.

En el caso Plus Ultra, la SEPI defendió el rescate como una decisión empresarial adoptada en el marco de un fondo diseñado para sostener empresas estratégicas durante la pandemia. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción denunció un posible “uso indebido” de los 53 millones, al sostener que los fondos se habrían destinado a devolver préstamos concedidos por sociedades vinculadas a una presunta trama de blanqueo internacional.

Desde una perspectiva periodística rigurosa, no se trata de afirmar que toda actuación de estos entes sea irregular, sino de subrayar un hecho verificable: la elección de estructuras mercantiles para gestionar dinero público reduce la intensidad de los controles ex ante y desplaza el foco hacia controles ex post (tribunales de cuentas, jueces), que llegan tarde y con menor capacidad de prevención.

Mecanismos de drenaje: del blanqueo a las subvenciones encubiertas

Los procedimientos judiciales y las investigaciones periodísticas han identificado varios mecanismos a través de los cuales el dinero público puede desviarse de su finalidad declarada.

En el caso Plus Ultra, la Audiencia Nacional investiga no solo la legalidad del rescate, sino también la posible existencia de un entramado de blanqueo de capitales vinculado a fondos públicos y oro procedentes de Venezuela. La causa, asumida por el juez José Luis Calama, se mantiene bajo secreto, pero los autos conocidos apuntan a una presunta organización criminal con ramificaciones en Francia, Suiza y España, dedicada a operaciones de blanqueo en varios países. La investigación se centra en si parte de los 53 millones se utilizó para devolver préstamos procedentes de sociedades de esa trama, lo que convertiría el rescate en un eslabón de un circuito financiero opaco.

En el ámbito de Invercaria, el Tribunal Supremo ha analizado el uso de complementos salariales y gratificaciones extraordinarias a directivos que excedían los límites fijados por las leyes de presupuestos, así como la concesión de préstamos participativos a empresas sin capacidad real de devolución. En la práctica, esos préstamos funcionaban como subvenciones encubiertas: se formalizaban como créditos, pero la falta de solvencia de los beneficiarios hacía previsible, desde el inicio, que no serían recuperados.

Periodísticamente, la crítica no reside en demonizar la figura del préstamo participativo o de la inversión pública en empresas de riesgo, sino en señalar un patrón: cuando el análisis de viabilidad es insuficiente, cuando la banca privada rechaza financiar y cuando el sector público asume riesgos que el mercado descarta, el umbral de exigencia debería ser mayor, no menor. Lo contrario convierte la inversión pública en un instrumento de transferencia de pérdidas al contribuyente.

La justicia penal ante la mala gestión: el muro del dolo y la lentitud

Una de las cuestiones centrales es por qué, pese a la gravedad económica y política de estos casos, las condenas penales son escasas o inexistentes.

El derecho penal económico español exige, para delitos como la malversación o la prevaricación, la prueba de que el funcionario o gestor actuó “a sabiendas” de la injusticia o del carácter ilícito de su decisión. En la pieza relativa a Ándalus dentro del Caso Invercaria, la Audiencia de Sevilla absolvió a los acusados al considerar que el fracaso empresarial se debió a la evolución de la economía y a decisiones de gestión discutibles, pero no a un plan delictivo probado. La frontera entre mala gestión y delito se convierte, así, en una línea difícil de trazar.

A ello se suma la duración de las macrocausas. Las investigaciones sobre corrupción y uso irregular de fondos públicos suelen prolongarse durante años, incluso más de una década. En el caso Plus Ultra, la primera investigación sobre el rescate fue archivada por un juzgado de Madrid por un defecto procesal (no prorrogar en plazo la instrucción), y solo posteriormente, a raíz de nuevas informaciones y de la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional ha asumido de nuevo la causa, que sigue bajo secreto. La lentitud no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que favorece atenuantes por dilaciones indebidas y dificulta la recuperación de activos.

Finalmente, las defensas recurren con frecuencia a la llamada “decisión de mercado”: argumentan que la inversión en empresas con riesgo es una práctica habitual en el sector privado y que la pérdida de dinero público es un riesgo inherente a la actividad económica, no necesariamente un delito. Cuando los jueces aceptan esta lógica, la responsabilidad se desplaza del ámbito penal al de la responsabilidad política o administrativa, mucho menos exigente en términos de consecuencias personales.

Un agujero negro en la fiscalización de las ayudas públicas

El paralelismo entre Plus Ultra e Invercaria permite formular una conclusión crítica, pero basada en hechos contrastables:

1. Las ayudas se conceden, en ocasiones, sobre la base de conceptos jurídicamente indeterminados como “interés estratégico”, sin una motivación económica y técnica suficientemente robusta.
2. Se utilizan entes instrumentales de naturaleza mercantil que rebajan los controles administrativos clásicos y dificultan la trazabilidad del dinero.
3. Se detectan mecanismos de drenaje —blanqueo, sobresueldos, préstamos irrecuperables— que transforman la finalidad declarada de las ayudas.
4. El marco penal, muy exigente en la prueba del dolo, unido a la lentitud procesal, hace que muchas causas terminen en archivo o absolución, incluso cuando se constata la pérdida total de los fondos públicos.

Desde una perspectiva periodística que aspire al rigor y a la objetividad, no se puede afirmar que todo rescate sea ilícito ni que toda ayuda estratégica sea un fraude. Pero sí es legítimo, y necesario, señalar que el diseño actual del sistema de ayudas públicas genera un espacio de impunidad funcional: las decisiones se toman en una zona gris entre lo político y lo empresarial, los controles preventivos son débiles y la reacción judicial llega tarde y con herramientas limitadas.