El Juzgado N.º 4 de Motril, Granada, sale en búsqueda de la persona o personas que alertaron de las presuntas irregularidades en la Comunidad de Regantes Nuestra Señora de la Aurora.
El presidente de la asociación Alianza Contra la Corrupción, está citado a declarar el próximo 23 de mayo, con objeto de identificar a la persona o personas que alertaron de la posible distracción de aguas públicas por parte de la Comunidad Regantes Nuestra Señora de la Aurora, en el término de los Guájares (Granada).
Bajo la inquisidora mirada de la justicia, se encuentra el reconocido activista Jaime González Díaz, presidente de la asociación Alianza Contra la Corrupción, luego de interponer una denuncia por las posibles infracciones cometidas por la Comunidad Regantes Nuestra Señora de la Aurora. En declaraciones que fueron publicadas en las redes sociales de la asociación, se quejan de la insólita actuación de la Magistrada Inmaculada Lara Blanco, que contrario a lo dispuesto a la Directiva 1937/2019, reclama identificar a la persona o personas, que les remitieron la información para interponer referida denuncia.
La inusual petición formulada por el juzgado mixto N.4 de Motril, reclama identificar a la persona que alertó de la posible distracción de aguas públicas por parte de la Comunidad Regantes Nuestra Señora de la Aurora, en el término de los Guájares (Granada). Se produce bajo los siguientes términos: «informe a este juzgado persona o personas que remitieron la resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, que se acompaña a la denuncia presentada en la oficina de correos de Sevilla, del 26 de junio del 2022″.
En un vídeo publicado por la asociación Alianza Contra la Corrupción, sus miembros denuncian una actuación que podría considerarse parte del lawfare judicial contra los informantes de irregularidades en España: «Nosotros quisimos ayudar a los agricultores de Los Guájares y encima vienen a por nosotros desde los juzgados de Motril, Granada. Lo que pretende el juzgado nº 4 de Motril y la jueza Inmaculada Lara Blanco lo vemos como un atentado a los derechos humanos», denuncian los activistas en el video.
La situación se agrava cuando reciben una citación del juzgado mixto número cuatro de Motril, requiriendo su comparecencia el próximo 23 de mayo como testigo. Consideran desde la asociación, que este requerimiento puede ser el inicio de un nuevo caso de represión judicial, al no poder identificar a los alertadores de esos hechos por ser materialmente imposible y, ser sancionados bajo el pretexto de negarse a colaborar con la justicia. Estos extremos lo explican en el siguiente vídeo:
No revelaremos la identidad de nadie.
En la respuesta que dieron en la fase de instrucción al juzgado N.4 de Motril, quedó en evidencia que resulta imposible revelar la identidad del alertador que informó de las posibles infracciones cometidas por la Comunidad Regantes Nuestra Señora de la Aurora. En el escrito que hemos tenido acceso, se posiciona contrario a la petición del Secretario Judicial, responden: «Con todos nuestros respetos, para información de la fiscalía y de ese juzgado, de lo anterior colegimos que aunque supiéramos la identidad de los remitentes, primero el requerimiento de revelar la identidad de estos sujetos es ilícito porque hay una ley que expresamente establece que no se puede revelar, sería un presunto delito de prevaricación del juzgado y por nuestra parte de revelación de secretos, y lo que nos queda la duda es si tendríamos que revelarlo (aunque lo supiéramos) si se demostrara que la resolución se ha obtenido ilícitamente, que entendemos que no es el caso, porque en el escrito del juzgado no se nos explica nada de nada, ningún tipo de antecedente o fundamentos en tal sentido, pareciera una investigación prospectiva, y nos da la sensación de que es imposible que haya pruebas de que haya habido una revelación de secretos, porque en ese caso nosotros deducimos que no nos pedirían a nosotros informe, si no que ya probablemente les constaría la identidad de los sujetos por sus propios medios y no se hubieran enterado a posteriori de nuestra denuncia».
Es desde luego, una actuación que «parece encaminada amordazar a la asociación y la sociedad en su conjunto», señala Roberto Macías, miembro de la asociación. «El Lawfare, es una realidad y lo sufrimos todos los días los activistas que intentamos construir una sociedad más democrática y libre de corrupción» sentenció el activista.