Alianza Contra la Corrupción y Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), piden a los legisladores transpongan la Directiva que ampara las revelaciones públicas formuladas por Roberto Macías.
El día de hoy, ambas organizaciones que entre sus fines se encuentra la protección de los conocidos como Whistleblowers, hacen un llamamiento urgente a los legisladores, para que prioricen la transposición de una Directiva que ampara las revelaciones públicas y la protección de las personas que alertan actos de corrupción.
Desde la Asociación Alianza Contra la Corrupción, denunciamos ante la opinión pública, que resulta incomprensible que, tengamos que esperar la transposición de la Directiva al ordenamiento jurídico nacional, para detener las graves represalias que venimos sufriendo desde hace años, todos los ciudadanos españoles que en su día decidimos dar un paso al frente y de informar/denunciar y poner ante la justicia española, cientos de graves casos de corrupción política, económica, sindical, urbanística, ambiental, etc. El proceso legislativo para la protección de personas alertadoras de corrupción, lleva años estancado en el Congreso de los Diputados y es posible que siga dilatándose en el tiempo. Reclamamos a nuestros legisladores que prioricen la transposición de la Directiva Europea 1937/2019, relativa a la protección de personas que informan actos de corrupción, y lo hagan respetando el espíritu que embuye la nueva concepción de transparencia y honorabilidad que debe presidir las relaciones dentro de todos los poderes y administraciones.
De forma contradictoria, los tribunales nacionales se oponen a la aplicación del Derecho de la Unión, y no cualquier normativa. Se resisten a aceptar una nueva concepción jurídica que emana del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. Pero es que es más, nunca se debió esperar a que las instituciones europeas se fijaran en esa realidad, sino que desde la Transición un país realmente democrático debió instaurar esa cultura, debió nacer con ella. Es el caso del alertador de corrupción Roberto Macías, ex trabajador de la Unión General de Andalucía, que sufre las consecuencias de la nula voluntad de los tribunales de aplicar la Directiva.
Consideramos un grave error que la Audiencia Provincial de Sevilla, no refleje esa cultura que ahora encima es de obligado cumplimiento, abandonando a un denunciante claro de corrupción, situándose en contra la voluntad obligada del Parlamento y Consejo de Europa, voluntad que quedó materializada y plasmada en la Directiva Europea 1937/2019, que desde el 17 de diciembre, de preceptivo cumplimiento para los Estados miembros y para todos los poderes, administraciones e instituciones nacionales, incluyendo por supuesto y por encima de todo a juzgados y fiscalías.
Por lo tanto, reclamamos de nuevo a los parlamentarios españoles, atiendan de forma inmediata nuestra petición, para que al Poder Judicial no le quede resquicio alguno donde parapetarse para cometer estos atropellos. Teniendo en cuenta que se están produciendo situaciones graves y esperpénticas entre la Fiscalía, Juzgados y Audiencias Provinciales, que en lugar de promover una cultura democrática de la transparencia, de la honorabilidad, de la participación, de la pluralidad y de la libertad ciudadana, se convierten en cómplices y consentidores directos de las represalias que sufrimos, incumpliendo gravemente su sacrosanta misión constitucional de defensa del más vulnerable, del honrado, del justo, del transparente, del cívico; de defender en suma la Constitución, la ley, el sistema de valores democrático, donde la libertad de información y expresión es parte capital.
En la Alianza Contra la Corrupción trabajamos para que algún día esa cultura realmente democrática presida nuestra sociedad, y en orden a ello, llevamos tiempo luchando contra una concepción corporativista de la Justicia, defendiendo que, para que quien destape abusos estructurales se sienta seguro de denunciar, la libertad de elección de canal de alerta es conditio sine qua non, lo cual también es lo mismo que define la Directiva. La libertad de información de los medios de comunicación se debe fortalecer, no quedar disminuida y en entredicho por culpa de las instituciones andaluzas. Si no queremos que las personas valientes y comprometidas renuncien a destapar todas aquellas ilegalidades que contemplen, se debe poder elegir libremente dónde hacerlo y sin sufrir represalias por ello.
Por último, informamos que el abogado de la asociación y presidente también de otra asociación contra la corrupción AMAyT, D. Francisco José Sánchez Del Águila Ramón, está estudiando las posibilidades de recurso contra esta sentencia, así como todas aquellas acciones legales necesarias que aporten luz y demuestren que la actuación de los fiscales y tribunales sevillanos así como de la acusación particular de la UGT son contrarias al derecho de la UE y constituyen una represalia grosera contra D. Roberto Macías.
