La «CUARTA PLANTA» una zona prohibida, donde asegura que se cocinaban una serie chanchullos y actos de corrupción, situada en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE) en la Cartuja, Sevilla.
Sale a la luz, la primera parte del basto testimonio de Jaime González, funcionario de carrera de la Junta de Andalucía, que realizó una serie de revelaciones sorprendentes sobre un oscuro capítulo de corrupción que involucra a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE). Este testimonio, que llega en virtud del artículo 262 de la LECr, pinta un cuadro perturbador de malversación de fondos, secretos ocultos y conexiones políticas que han estado plagando la administración pública.
El denunciante, quien prestó servicio en la CICE desde octubre de 2004 hasta principios de 2007, describe su experiencia como la más difícil en su carrera administrativa. Desde el principio, notó una serie de irregularidades en la Consejería, incluyendo un ambiente de secreto y opacidad en la cuarta planta del edificio que albergaba a los personajes más afines al Gobierno andaluz, dirigido por el PSOE.
«No he visto en mi vida tal nido de corrupción, ni remotamente, aquello fue para mí mi experiencia más difícil en mi vida administrativa, incluso más que el acoso laboral que he recibido por el tema de denunciar el caso llamado “cartel del fuego”, porque aunque el acoso laboral recientemente recibido ha sido más intenso, pero aquello me cogió con mucha menos experiencia y me afectó mentalmente incluso más. No estaba preparado para aquello».
El testimonio señala que en la cuarta planta se mantuvo una política de silencio y vigilancia, con advertencias explícitas de los superiores para evitar subir o investigar lo que sucedía allí. Se menciona la existencia de cámaras ocultas y vigilancia de seguridad en esa planta, lo que indica la posibilidad de actividades turbias que requerían un alto grado de confidencialidad.
«No te podías mover con total libertad por las tres primeras plantas, pero en la cuarta ya era diferente. No había una barrera o límite de entrada, no había controles ni en el ascensor ni en la escalera. Pero en cuanto subías por la cuarta, te miraban muy raro. Había algo en el ambiente».
Uno de los puntos más destacados del testimonio es la alegación de que el «Centro de Negocios de Madrid» era un esquema inventado para desviar fondos. Según el denunciante, se gastaron millones en este proyecto sin obtener resultados tangibles. Además, se insinúa que personas de la cuarta planta tenían conexiones cercanas con el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, lo que plantea interrogantes sobre posibles influencias políticas en el manejo de fondos públicos.
«Mis jefes me dijeron que lo del Centro de Negocios en Madrid era una cosa que se habían inventado unos amigos de D. Manuel Chaves, presidente de la Junta en ese momento, para llevarse el dinero. Que se habían gastado millones y sin embargo allí no había nada, solo el edificio. Creo que la gestión la llevaba alguien de los observatorios o entorno más cercano del consejero de la cuarta planta, y alguien lo había filtrado para abajo. Me lo contaban como si quisieran justificar que D. Francisco Vallejo no pudiera hacer nada para detener esos desmanes».
El denunciante también arroja luz sobre el controvertido caso de las subvenciones otorgadas a Laboratorio Rovi y las empresas del clan familiar Martínez. Afirma que las empresas que trabajaban con la Junta de Andalucía debían contribuir a un supuesto fondo del partido, en una escala que oscilaba entre el 7% y el 12% de los fondos recibidos. Se sugiere que estas contribuciones eran facilitadas de una manera que beneficiara a ambas partes, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y transparencia de estos acuerdos.
«Por último, comentarle por prensa que he leído que Laboratorio Rovi ingresó unos 6 millones de euros en subvenciones, y luego las empresas del clan familiar Martinez ingresaron de él unos 600.000 euros. En esa época yo tenía mucho contacto con trabajadores de empresas privadas que trabajan conmigo en la Consejería por la externalización de servicios que había. Algunos eran incluso socios capitalistas de esas empresas. Me trasladaron que todas las empresas que había en la Consejería trabajando por decenas, tenían que aportar a un supuesto fondo común del partido entre un 7% – 10% de lo que recibían (eso me lo dijo un apoderado de una de las empresas del clan de Dos Hermanas). Luego, después de ese destino, estuve destinado desde 2010 en adelante en otro donde también tuve gran contacto con trabajadores de empresas y allí me dijeron que el porcentaje era del 11 o 12 %, no recuerdo bien (eso me lo contó, entre otros, un encargado de una de las empresas más importantes en ese momento de Andalucía, donde había estado trabajando hacía no mucho P. C. I.)»,
En resumen, este testimonio desvela un panorama de corrupción, secretos y conexiones políticas que se extienden más allá de lo que inicialmente se había pensado. La denuncia del funcionario proporciona un vistazo escalofriante a las operaciones internas de la administración pública en Andalucía y plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad y rendición de cuentas en el más alto nivel del gobierno regional. Este escándalo podría tener implicaciones significativas a medida que las investigaciones continúen y se desentrañe el verdadero alcance de la corrupción en la CICE y más allá.
Mañana, daremos continuidad a la importante denuncia presentada en los juzgados por Gonzalez Díaz, sobre el Centro de Negocios de Madrid y la gestión del programa 62A, que destaca un saqueo generalizado de esta partida millonaria.
