Alianza Contra la Corrupción pondrá deberes al nuevo Ministro de Justicia para impedir que las causas de corrupción acaben archivadas.

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La Asociación Alianza Contra la Corrupción, liderada por el activista Jaime González, anuncia su intención de solicitar la revisión o modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) por la Ley 2/2020 de 27 de julio. La asociación argumenta que esta medida es esencial para abordar las preocupaciones sobre la eficacia del sistema judicial y evitar que numerosas investigaciones acaben siendo archivadas.

La decisión del grupo de activistas sociales, surge de la frustración ante la aparente ineficacia del artículo 324 de la LECrim, que regula la fase de instrucción de los procesos penales. Según la asociación, la disposición actual ha resultado en el archivo prematuro de numerosas investigaciones judiciales, dejando impunes casos de corrupción que deberían haber sido llevados a juicio.

Roberto Macías, portavoz de la asociación, señala un caso paradigmático que ilustra la necesidad urgente de reformas. «Hemos observado repetidamente que valiosas investigaciones judiciales quedan en nada, debido al archivo de las actuaciones. Por citar un ejemplo: La causa de corrupción abierta contra el cuñado y el marido de la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez, Bienvenido y Juan Carlos Martínez, por el presunto desvío de dinero público desde la agencia IDEA —la que pagaba los fondos de los ERE— hacia un entramado de empresas de su propiedad”.

Recientemente, la directiva de la asociación, tuvo acceso a la resolución rollo 6867/2023 de fecha 24 de octubre de 2023, dictada por los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla Doña Pilar Llorente Vara, Doña Purificación Hernández Peña, Don Francisco de Asís Molina Crespo, Don Juan Jesús García Vélez y Doña Patricia Fernández Franco. Por la que enmiendan al también juez instructor José Ignacio Vilaplana, al considerar que la instrucción estaba caducada cuando dictó la imputación de los hermanos Bienvenido y Juan Carlos Martínez en febrero de este año.

Es que, un error de cálculo del juez instructor José Ignacio Vilaplana, en lugar de dictar auto de prórroga antes del día 29 de julio de 2022, continuó con su tramitación en el erróneo entendimiento de que por dividirla, podría poner los contadores a cero. Y por ello, la presente instrucción, cuyos plazos son los de la matriz, caducó el día 29 de julio de 2022, dado que ni en la matriz ni en la presente causa se llegó a dictar auto de prórroga alguno antes del citado 29 de julio de 2022″, sostenía la defensa de Bienvenido M. M.

Así, avisaba de que el expresidente de Santana fue incluido en «una causa caducada», una decisión «contraria al ordenamiento jurídico (tesis unánimemente aplicada y superada por las audiencias, huelgan citas)», reclamando la estimación de su recurso y que Bienvenido M.M. sea «apartado» de la causa.

En ese sentido, la defensa de Bienvenido Martínez aseguró que «los plazos habrán de ser los que aplican en la causa matriz». «Dado que la instrucción de la causa matriz se incoó en el año 2015, dado que tras la reforma de 2020 las causas en tramitación ‘pusieron sus contadores a cero’ el 29 de julio de 2020 (nueva redacción dada al 324 LeCrim por la Ley 2/2020), dado que el 29 de julio de 2021 transcurrió el plazo ordinario y desde entonces, se dictaron autos de prórrogas sucesivos de seis meses, cuando en fecha 19 de julio de 2022 se incoó la presente causa, aún le restaban diez días de plazo de instrucción».

Por lo tanto, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, abrió la puerta a excluir al hermano de Bienvenido, Juan Carlos Martínez, marido de la exdirectora de la Guardia Civil María Gámez, quien renunció al cargo a cuenta de la situación de su esposo. La presente resolución es firme y no cabe recurso.

La asociación argumenta que la rigidez y redacción del artículo 324 ha llevado a situaciones en las que pruebas substanciales y testimonios relevantes se desechan prematuramente, socavando la lucha contra la corrupción y minando la confianza pública en el sistema judicial.

La solicitud de revisión o modificación del artículo 324 de la LECrim busca introducir mecanismos que permitan a los jueces instructores una evaluación más exhaustiva de las pruebas durante la fase de instrucción. Para Macías, el actual texto ha incidido negativamente en el normal funcionamiento de juzgados y tribunales, ya de por sí al límite de sus posibilidades.

La Alianza Contra la Corrupción tiene previsto presentar formalmente su solicitud ante el futuro titular de la cartera de justicia en las próximas semanas. Además, la asociación planea movilizar el apoyo público para respaldar sus demandas de reforma, organizando campañas de concienciación y buscando aliados en el ámbito político y legal.

Esta iniciativa de la Alianza refleja un llamado a la acción para abordar las deficiencias percibidas en el sistema judicial y reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción. El debate sobre la revisión del artículo 324 de la LECrim promete ser un tema candente en los próximos meses, con implicaciones significativas para la integridad del sistema de justicia en España.