AEDICO denuncia la impunidad institucional en Cataluña: “La ley no se aplica, y eso es corrupción
A pocos días de celebrarse la “III Cumbre contra las causas estructurales de la corrupción” en el Parlament de Cataluña, la Asociación Española de Denunciantes e Informantes de Corrupción (AEDICO) ha alzado la voz con firmeza y contundencia: las propias instituciones catalanas son responsables directas del enquistamiento de la corrupción por su reiterado incumplimiento de la ley vigente.
Desde AEDICO se ha recibido con escepticismo el comunicado enviado por el Observatorio Ciudadano Contra la Corrupción (OCCC) respecto al encuentro que tendrá lugar el 28 de mayo. En opinión de la asociación, los actores clave en la lucha contra la corrupción no solo han fallado en cumplir los compromisos adquiridos en las dos cumbres anteriores, sino que han bloqueado activamente la aplicación de la Ley 2/2023, que protege a las personas alertadoras de corrupción.
Una Oficina Antifraude que no protege
AEDICO denuncia el nulo compromiso de la Oficina Antifraude de Cataluña, encabezada por el magistrado Miguel Ángel Gimeno, con el mandato legal que le exige proteger y asesorar a los denunciantes de corrupción. Entre las principales omisiones señaladas se encuentran:
Falta de respuesta legal en plazo y forma a las solicitudes de protección.
Negativa a recibir en persona a alertadores protegidos.
Ausencia de sanciones frente a casos acreditados de represalias, como en el caso del Ayuntamiento de Mataró.
Desconexión y falta de coordinación con las personas denunciantes en los procedimientos judiciales abiertos.
Estas omisiones, según AEDICO, no son meros errores administrativos, sino acciones deliberadas que generan impunidad institucional y vulneran derechos fundamentales.
Casos concretos de impunidad
El caso del Ayuntamiento de Mataró es paradigmático. Antifraude identificó hace más de un año ocho represalias contra una persona alertadora. Según la Ley 2/2023, estas represalias son “actos nulos de pleno derecho” y deben ser revertidas con celeridad. Sin embargo, no se ha fijado un plazo para su anulación ni se ha incoado ningún expediente sancionador. Más aún, el funcionario de Antifraude que instruye el caso ha eludido toda responsabilidad sancionadora, incluso frente a declaraciones públicas del alcalde David Bote admitiendo su negativa a cumplir requerimientos.
AEDICO también denuncia que no se ha brindado información legal ni transparencia suficiente a las personas protegidas durante los procesos judiciales, obligándolas a emprender reclamaciones legales por su cuenta, en una clara vulneración del principio de tutela efectiva.
Políticos señalados: ¿pueden representar la lucha contra la corrupción?
La asociación va más allá y señala directamente a dos figuras políticas de primer nivel: Josep Rull, actual presidente del Parlament, y Núria Parlón, consejera de Justicia de la Generalitat. Ambos están acusados por AEDICO de haber represaliado a alertadores de corrupción en sus respectivos municipios (Esplugues de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet).
AEDICO considera que su trayectoria debería inhabilitarlos para ejercer cargos públicos en un contexto donde la regeneración democrática y la protección a los denunciantes deben ser prioridad.
Denuncia estructural: corrupción desde el poder
Lejos de tratarse de fallos puntuales, AEDICO plantea que las causas estructurales de la corrupción en Cataluña están en el interior de las instituciones que deberían combatirla. La negativa a aplicar la ley, la falta de sanciones, la permisividad con represalias y el abandono institucional de quienes denuncian, forman un patrón de conducta que blinda al poder político y administrativo frente a cualquier control ciudadano.
Exigencias concretas
AEDICO no se limita a denunciar, sino que exige:
Aplicación inmediata y completa de la Ley 2/2023.
Protección real y asesoramiento efectivo a alertadores.
Incoación de expedientes sancionadores a los responsables de represalias.
Transparencia y colaboración activa en los procedimientos judiciales con las personas protegidas.
Reforma profunda de la Oficina Antifraude, con liderazgo comprometido y supervisión ciudadana.
Conclusión
Para AEDICO, la III Cumbre puede convertirse en una pantomima más si no va acompañada de compromisos vinculantes, acciones concretas y depuración de responsabilidades. “No se combate la corrupción con discursos ni mesas redondas, sino con leyes aplicadas y sanciones reales. Hoy, eso no está ocurriendo en Cataluña”, concluyen.