Desde la Asociación ALIANZA CONTRA LA CORRUPCIÓN, formada por activistas comprometidos con la regeneración democrática en España, manifestamos nuestro firme apoyo al político Miguel Ángel Revilla ante la demanda interpuesta por el rey emérito Juan Carlos I. Consideramos que esta acción judicial constituye un intento de silenciar a quienes denuncian la corrupción y los comportamientos indecentes en las instituciones del Estado.
La demanda contra el señor Revilla no solo es injusta e infundada, sino que también representa una amenaza a la libertad de expresión. En una democracia, es esencial que los ciudadanos y sus representantes puedan criticar abiertamente a las figuras públicas, especialmente cuando existen indicios de conductas corruptas.
El historial del rey emérito Juan Carlos I está marcado por múltiples escándalos de corrupción:
Comisiones del AVE a La Meca: Se investigó el ingreso de 64,8 millones de euros en la cuenta de la Fundación Lucum, vinculada a Juan Carlos I, por parte del rey de Arabia Saudí en 2008. Aunque la Fiscalía archivó el caso por prescripción y falta de pruebas concluyentes, el hecho generó una gran controversia sobre posibles comisiones ilegales en la adjudicación del AVE a La Meca.
Tarjetas opacas: El rey emérito utilizó tarjetas de crédito sufragadas por un empresario mexicano para gastos personales, sin declararlos a Hacienda. En diciembre de 2020, realizó una regularización fiscal de 678.393,72 euros para saldar su deuda con el fisco.
Fundaciones en paraísos fiscales: Se descubrió la existencia de las fundaciones Lucum y Zagatka, utilizadas para ocultar fondos en paraísos fiscales y sufragar gastos personales del monarca y su entorno.
Caso Nóos: Aunque no fue imputado, su yerno Iñaki Urdangarin fue condenado por malversación y fraude en un caso que salpicó a la Casa Real y afectó gravemente a su imagen pública.
Estas actuaciones han deteriorado la confianza en las instituciones y han socavado la credibilidad de la monarquía en España.
La demanda contra Miguel Ángel Revilla se enmarca en una estrategia de intimidación hacia quienes se atreven a señalar estas irregularidades. Recordamos que la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo protege a los denunciantes de corrupción y garantiza su derecho a la libertad de expresión sin temor a represalias.
Por todo ello, exigimos el archivo inmediato de la demanda contra el señor Revilla y reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de los derechos fundamentales en nuestro país. Desde la asociación, se pide a la ciudadanía y partidos políticos que se impliquen en la defensa de Revilla.
