«El verdadero robo que se estaba produciendo en la Junta de Andalucía, que era por un lado la gestión del programa 62A que era el de ayudas a la industrialización de empresas y por otro lado el reparto de los fondos del FSE para la formación; el 31L (ERE) era peccata minuta». Afirma en su denuncia Jaime González Díaz.

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El posible destino de los fondos 62A, «Marruecos y Sudamérica y por supuesto en la burbuja inmobiliaria de entonces«.

Lo que inicialmente podría parecer un éxito empresarial brillante, según la denuncia de Jaime González, funcionario de carrera de la Junta de Andalucía, el éxito de algunos empresarios andaluces podría ser  el resultado de prácticas poco transparentes y posiblemente delictivas relacionadas con el Fondo 62A de Reindustrialización. Destaca en su denuncia al clan familiar Martínez, que según su denuncia pudieron beneficiarse con estos fondos y por eso, le advierte al juzgado de instrucción N.6 de Sevilla, de los posibles indicios de su participación.

En este sombrío panorama que dibujó el denunciante, al preparar su denuncia contra el Centro de Negocios de Andalucía en Madrid. Los datos que hemos podido analizar apuntan a la creación de un entramado de corrupción y rapiña de fondos públicos. Tal y como contamos ayer en el artículo: Testimonio de un funcionario desvela la corrupción en el Centro de Negocios de Andalucía en Madrid.

El denunciante, señala de forma categórica el destino de los fondos: «Si lo del centro de negocios de Madrid era del programa 62A, pues a lo mejor la información que les estoy proporcionando puede llegar a ser relevante para el caso. Yo tengo entendido que mucho del dinero del 62A terminó en Marruecos y Sudamérica y por supuesto en la burbuja inmobiliaria de entonces».

República Dominicana el paraíso del dinero de los andaluces.

En el asombroso paralelismo que traza el denunciante, sobre el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, que por la declaración del exbanquero Eduardo Pascual Arxé, de la consultora Vitalia, se sabe que parte del dinero de los andaluces acabó invertido en activos hoteleros en República Dominicana. En el caso que nos ocupa, González Díaz, a punta que fondos provenientes de la partida 62A, también acabaron en el mismo paraíso. En su denuncia relata: «El caso de los EREs se trata de unos fondos que venían en el programa 31L para la reestructuración laboral de las empresas y ellos los dan de tal forma que los sindicatos se puedan llevar una gran tajada, aunque seguramente los políticos también pillaron, como todos esos fondos que se fueron a la República Dominicana y que es obvio que están en manos de empresarios testaferros en ese país y que se puede intuir más o menos al ver los políticos que obtienen la nacionalidad dominicana y que reciben fondos de asociaciones y fundaciones radicadas allí. Pero se ha de saber que el 31L fue un fondo de réptiles, un fondo que se dedicó a comprar el silencio de los actores sociales, en este caso los sindicatos, pero no para robar el político, sino para que los actores sociales no sintieran un agravio comparativo al confrontarse con el verdadero robo que se estaba produciendo en la Junta de Andalucía, que era por un lado la gestión del programa 62A que era el de ayudas a la industrialización de empresas y por otro lado el reparto de los fondos del FSE para la formación (agravio que salía hasta en el BOJA, en los informes de la Cámara de Cuentas sobre el programa 62A). Esos eran los dos verdaderos robos, el 31L era peccata minuta en comparación con los otros y donde el político verdaderamente se lo llevaba».

Respecto a los posibles actores y la forma de repartirse los beneficios de la partida 62A, González Díaz, todavía es más explícito: «Por último, comentarle por prensa que he leído que Laboratorio Rovi ingresó unos 6 millones de euros en subvenciones, y luego las empresas del clan familiar Martinez ingresaron de él unos 600.000 euros. En esa época yo tenía mucho contacto con trabajadores de empresas privadas que trabajan conmigo en la Consejería por la externalización de servicios que había. Algunos eran incluso socios capitalistas de esas empresas. Me trasladaron que todas las empresas que había en la Consejería trabajando por decenas, tenían que aportar a un supuesto fondo común del partido entre un 7% – 10% de lo que recibían (eso me lo dijo un apoderado de una de las empresas del clan de Dos Hermanas). Luego, después de ese destino, estuve destinado desde 2010 en adelante en otro donde también tuve gran contacto con trabajadores de empresas y allí me dijeron que el porcentaje era del 11 o 12 %, no recuerdo bien (eso me lo contó, entre otros, un encargado de una de las empresas más importantes en ese momento de Andalucía, donde había estado trabajando hacía no mucho P. C. I.).»

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