En el Senado, se confirma la traición a los "Whistleblowers". A juicio de la asociación «Alianza Contra la Corrupción»: El legislativo corrompió el espíritu de la Directiva Europea 1397/2019.

«El proyecto de Ley, es un bodrio. Es una aberración de la propia Directiva, que venía a proteger a personas alertadoras de corrupción. En el Senado, se votó a favor de una norma que resulta un escandaloso esperpento. No solamente no corrige las dolorosas asimetrías que producen entre los poderes corruptos y la ciudadanía de a pie, sino que las agrava». Asegura Roberto Macías, Vicepresidente de la asociación Alianza Contra la Corrupción.

Sin duda, vimos en la era de la información. En nuestro tiempo, la información se convirtió en el recurso crucial para exponer los abusos, injusticias y vulneraciones que cometen los poderosos. Por eso, todos conspiran para hacerse con ese valioso tesoro y explotarlo con fines espurios. Los Estados y las oscuras corporaciones, se resisten a empoderar a los ciudadanos en la lucha contra la corrupción. Buscan siempre torpedear sus iniciativas, desvirtuar sus reivindicaciones, negarles cualquier posibilidad de protección. En definitiva, su malévolo objetivo es garantizar el statu quo, que garantice sus posiciones de poder, privilegios y control.

Corrompido el espíritu de la Directiva Europea 1937/2019 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen infracciones al Derecho de la Unión.

Para la asociación de activistas, es un auténtico disparate que se voté una Ley, con gravísimas deficiencias, que además viene a certificar la infame condena de personas alertadoras de corrupción como Roberto Macías, ex trabajador de UGT Andalucía, alertador de las irregularidades contables del sindicato afín al PSOE o, Germán Galera, activista, filtrador de los papeles de la castellana.

Dirigidos por Jaime Gonzalez Díaz, alertador en los amaños relativos a la contratación de medios aéreos, conocidos vulgarmente como «cartel del fuego«. El grupo activistas, denunciaron ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que los órganos jurisdiccionales nacionales, amparados en la falta de transposición de la Directiva EU 1937/2019, negaban su aplicación de forma directa a las víctimas de la corrupción.

En carta fechada el 16 de mayo de 2022, la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, informó de que la denuncia sobre el caso de Roberto Macías fue declarada «admisible, ya que el asunto entra dentro de los ámbitos de actuación de la UE». Además, solicitó a la Comisión Europea que iniciara una investigación «preliminar» que ahora ha dado sus frutos.

Tras esas pesquisas, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en una misiva fechada el 28 de junio de 2022, informa de la carta enviada por la CE a España para que aplique ya la Directiva europea que protege a los denunciantes de casos de corrupción.

En ese escrito, en poder de este medio, se destaca que la Directiva (UE) 2019/1937 establece unas «normas mínimas» que garantizan un «elevado nivel de protección» de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión en una serie de «ámbitos políticos clave». Además, «establece canales de denuncia eficaces y ampliamente disponibles y una sólida protección de los denunciantes frente a las represalias«.

Por ello, consideran que el espíritu de la Directiva, ha sido envilecido por los políticos españoles, que piensan más en mantener el «control» sobre las posibles alertas y ejercer el «monopolio» en exclusiva de las posibles investigaciones con la espuria intención de ocultar cualquier información que pudiera afectarles. Macías, lo tiene claro: «Todos los poderes conspiran para excluir a las personas y asociaciones en la lucha contra la corrupción. Nos ven como sus enemigos. Los derechos y el papel que nos reconoce la cita Directiva, ha sido literalmente mutilado».

Los activistas en su análisis, siguen estupefactos con el mediocre contenido de la norma. No dan crédito, que excluyan a las personas que puedan informar de cualquier tipo de información que pueda afectar el interés público. Pero lo que más les indigna, es que se abandone a las personas que puedan informar irregularidades o delitos por canales que no sean los oficiales. Tal es el caso de Roberto Macías, que ante la pasividad del juzgado de lo social, que condenó a la UGT por fraude a la contratación y considero su despido improcedente, pero no dedujo testimonio contra el sindicato, ni remitió a la fiscalía los indicios de criminalidad. Ante este escenario, acudió a la prensa para revelar el presunto desvío sistemático de fondos públicos. Cabe destacar que Fiscal Anticorrupción Fernando Soto Patino, siempre le reprochó a Macías, que nunca hubiera ido al juzgado, fiscalía o policía. Negándole la posibilidad de elegir libremente el canal más seguro, que establece la Directiva: