El activista Toni Estela Frau, acaba de convertirse en el primer perseguido político y judicial en Mallorca. Su condena por llamar al Fiscal José Díaz Capa, «corrupto» y «florero», forman parte de las represalias en su contra.

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Toni Estela Frau, presentó una denuncia en la Fiscalía de Menores en 2017, donde denunciaba los casos de corrupción y abusos de menores en la Isla, y que, a su juicio, fueron desatendidas por el fiscal José Díaz Capa.

Estela Frau, es uno de los principales denunciantes en la trama de prostitución de menores tuteladas de Baleares. Es el promotor de la investigación que realiza el Parlamento Europeo sobre estos hechos execrables.

En España, la libertad de expresión está siendo constantemente cercenada por los tribunales de justicia. Son los propios jueces y fiscales, los que ponen en grave riesgo uno de los pilares más valiosos para un sistema democrático, al considerar «injuriosas» cualquier tipo de crítica e información sobre su actuación. Resulta peligroso hablar de los miembros del Poder Judicial, que rápidamente buscan el auxilio, protección y defensa entre sus propios compañeros para defender un honor muchas veces cuestionable desde el punto de vista social, ético, humano, político, legal, etc.

Los órganos jurisdiccionales, sistemáticamente vulneran el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que en su artículo 10, consagrado a la libertad de expresión y de información, estipula:

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.

La condena al activista Antonio Estela Frau.

Fernando Ruiz Rico Alcaide, titular del juzgado penal número de 3 de Palma de Mallorca, acaba de firmar la sentencia número 447/21, condenando a Antonio Estela Frau, como autor de responsable de un delito de injurias graves con publicidad en relación con los artículos 208, 209 y 211 del Código Penal. La pena de multa queda fijada en una cuota diaria de 6 euros al día durante seis meses y pagar una indemnización al funcionario perjudicado, José Díaz Capa,  en la cantidad de 1.000 euros en concepto de daño moral, mas intereses de moral procesal y costas procesales.

Se consideran hechos probados.

Se declara probado que la mañana del día 23 de septiembre de 2020, se produjo una manifestación de personas en las inmediaciones de la Conselleria de Educación.  En ese lugar, el activista utilizó un megáfono para expresar su inconformidad respecto a la actuación de la Fiscalía de Menores. El juez, interpreta que esta acción fue movida por el ánimo de ofender y menoscabar la dignidad y prestigio personal y profesional del Fiscal Coordinador de Menores de la Fiscalía de Illes Balears, Ilmo. Sr. José Díaz Capa. Según el juzgador, el activista comenzó a proferir ante las personas allí congregadas, unas treinta y seis aproximadamente, las siguientes expresiones gravemente injuriosas referidas a su actividad profesional: «La Consellería de Educación, junto al servicio de menores de esta Comunidad y con la Fiscalía de menores y fuerzas de seguridad forman un grupo corrupto, una organización corrupta, que no han querido investigar la red de pedofilia y prostitución de menores que ha habido«. El relato sigue con otras series de manifestaciones que consideran expresadas por el activista: En una de las intervenciones del acusado, que consistió en la lectura de la denuncia, que, según dijo, registro en la Fiscalía de menores en 2017, fue grabada y subida a la red social «facebook». En dicha intervención, llamó al Sr. Díaz Capa, «florero».

Las denuncias de Antonio Estela Frau, desatendidas por la Fiscalía y la clase política mallorquín.

El activista considera que sus denuncias graves contra el abuso, violación y prostitución de menores tuteladas son desatendidas tanto por la Fiscalía como la clase política mallorquín. Las denuncias que presenta son directamente desestimadas o archivadas. Así lo explica Javier Marzal en un artículo publicado en Rambla Libre, titulado: Ante nuevas violaciones, un activista amenaza a la pederasta metamafia institucional balear, sobre el caso de Toni Estela Frau, refiere: «La fiscalía y los juzgados llevan tres años encubriendo la pederastia organizada en los centros de acogida y de menores tutelados del Instituto Mayorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Los fiscales y jueces han archivado más de cien denuncias interpuestas por mi colega el activista Toni Estela Frau. Por su parte los tres partidos de izquierdas que gobiernan en Baleares, se han negado a realizar una investigación de las numerosas violaciones denunciadas. El Defensor del Menor también ha encubierto este negocio institucional».

La respuesta de la Alianza Contra la Corrupción.

La defensa de la libertad de expresión ha sido siempre parte fundamental de la Asociación Alianza Contra la Corrupción, que considera esencial el papel de los activistas sociales para la rendición de cuentas de quienes ejercen y ostentan el poder. Es por ello, que su Vicepresidente Roberto Macías, considera una aberración judicial la condena contra el activista, asegura que se «trata de clarísima represalia contra la persona que permanentemente está informando de los abusos y violaciones a menores tuteladas». Considera que la represión judicial a Toni Estela Frau, puede suponer una nueva condena al reino de España por actuar contra la libertad de expresión.  Desde la asociación anticorrupción, liderada por Jaime Gonzalez Díaz, piden a la sociedad defender a los activistas sociales, que cumplen una función de control y vigilancia «watchdog» respecto a las actuaciones de los poderes públicos. Para los activistas que luchan contra la corrupción pública, consideran que Toni Estela Frau, es un perseguido político y judicial en la isla.

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