Con fuertes críticas es acogido el anteproyecto de ley de protección de denunciantes de prácticas corruptas.
Un proyecto que no alcanza el suficiente entre «Whistleblowers», activistas y asociaciones. El proceso que inició el Ministerio de Justicia en la Comisión de Codificación resulta deficiente y genera incertidumbre.
Las alegaciones presentadas por las víctimas de las tramas de corrupción, dejan constancia de su inconformidad y rechazo.
Fue German Galera, «alertador de los papeles de la castellana» el primero en señalar las deficiencias y falta de garantías que observó al leer el anteproyecto de ley que protege a los denunciantes de casos de corrupción. Su caso que es idéntico al de Rui Pinto, el hacker portugués que destapó el caso Football Leaks, no entra dentro del paraguas normativo.
Los papeles de la Castellana: La mayor filtración de documentos secretos en España, que pusieron al descubierto la evasión fiscal de las grandes fortunas.
German Galera, aprovechando sus conocimientos informáticos, logró acceder a los servidores de una firma de abogados, que prestaban asesoramiento a grandes fortunas y empresarios de nuestro país para ocultar su patrimonio. Nadie puede cuestionar algún fin espurio en Germán Galera; ni un intento de lucrarse o beneficiarse de alguna manera con sus filtraciones. Su actuación fue absolutamente exquisita: La información obtenida fue depositada en el buzón ético de la asociación Filtrala.org, y posteriormente analizada por las redacciones de Diario.es, La Marea y Diagonal. Finalmente en el mes de junio del año 2016, estallaría uno de los mayores escándalos en nuestro país.
En los archivos que filtró se encontraron los nombres de la nobleza, cifras exactas de dinero que movieron a paraísos fiscales. Más de 38.598 documentos que desvelaron las fórmulas que utilizaron las grandes fortunas, empresarios, funcionarios públicos y familias notables para ocultar su patrimonio o evitar el pago de impuestos. Los Borbones quedaron al descubierto por los papeles de Germán.
Así empezó el calvario de Germán Galera, que inmediatamente fue localizado, detenido y juzgado por las filtraciones. El premio que recibió fue una condena de dos años de prisión por haber tenido la osadía de destapar una profunda y asquerosa cloaca de corrupción. Las elites del poder no le perdonan que haya tenido el atrevimiento de revelar su podredumbre.
La «Alianza Contra la Corrupción» aprecia graves deficiencias.
Dos de integrantes de la asociación, fueron contundentes en sus declaraciones: «Hemos realizado un estudio minucioso del Anteproyecto; invertimos muchas horas de trabajo en analizar el texto y hacer una rigurosa comparación con la Directiva Europea. Por ello, llegamos a la conclusión que necesita mejorar aspectos claves en la protección frente a las represalias; por citar un fallo, se hace una omisión expresa de la inversión de la carga de la prueba como establece expresamente la directiva europea». Justificó Jaime Gonzalez, presidente de la asociación. Por su parte, Roberto Macías, alertador del caso UGT A, expresó su manifiesta inconformidad con el contenido del anteproyecto: «Es un bodrio de la Directiva Europea 1937/2019 EU, que además excluye a personas que obtuvieron información de forma desinteresada para denunciar corrupción como Germán Galera, alertador de los Papeles de la Castellana. Sinceramente una chapuza».
El colectivo de ciudadanos XNET, también suma su visión crítica al anteproyecto de ley respecto a los «canales denuncia».
Conocimos la visión crítica de la asociación XNET, a través del diario Público, que en un artículo titulado: la futura ley que supuestamente protegerá a informantes viene plagada de amenazas a periodistas, ‘hackers’ y denunciantes. Simona Levy, presidenta de la asociación, expresaba su opinión a Pablo Romero, sobre los denominados canales denuncia o buzones éticos: Xnet lleva tiempo «denunciando que muchos canales institucionales se anuncian con características que no se cumplen, como la de preservar el anonimato de las fuentes, lo que pone en peligro la seguridad de las personas que informan; por ejemplo, rastreando su IP».
«Nosotros vemos que este planteamiento ataca la libertad de información, al dificultar a los informadores que se apoyen en organizaciones o periodistas para sacar temas a la luz de la opinión pública», comenta a Público Levi, que añade: «Al obligar a pasar primero por los cauces institucionales, si la fuente no lo ha hecho, no tiene derecho al amparo de esta norma».
El ex Magistrado Fernando Presencia, presidente de ACODAP, presentó sus alegaciones contra el anteproyecto del Gobierno.
Al respecto señala: «el texto aprobado por el ejecutivo de Pedro Sánchez elimina injustificadamente los considerandos que hace la Directiva UE 2019/1937 sobre los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información, de manera que denunciar la corrupción deja de ser en el anteproyecto un derecho fundamental en clara desobediencia a las exigencias del Parlamento Europeo y del Consejo, convirtiendo en papel mojado los esperados buzones de denuncia y la protección frente a las represalias».
Las alegaciones de un reconocido «Whistleblower», reivindicando Juzgados especializados para atender las denuncias contra informantes.
En mi opinión, se hace IMPRESCINDIBLE, la formación de Jueces especializados para este tipo de casos. La solución más eficaz sería la creación de Juzgados especializados a tal fin, equivalentes a los de Violencia Doméstica, pero desconozco la viabilidad de dicha solución. Pero lo que sí es imprescindible, es establecer un nexo de unión de todos los procedimientos en los que el informante/denunciante se encuentra inmerso. Los denunciantes coincidimos en que no es lo mismo que a un Juez le llegue un hecho aislado sin importancia, que sea consciente de todos y cada uno de los procedimientos que vivimos a lo largo de los años.
No sé cual es la solución viable, pero es IMPRESCINDIBLE que alguien tenga una visión de conjunto en lo que se refiere a TODOS los procedimientos judiciales que afectan al informante, tras aportar su información o denuncia de corrupción.
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