Protesta de activistas a las puertas del Parlamento Andaluz contra los megaproyectos de energías renovables. Miembros de la Alianza Contra la Corrupción, exigen al presidente la Junta de Andalucía, acaben con el nuevo colonialismo energético.
Frente a las puertas del Parlamento Andaluz, se concentraron distintas asociaciones vecinales y colectivos ecologistas para mostrar su rechazo a la fiebre invasora de los megaparques de energías «renovables». Reclamaban la regulación de una moratoria para dejar en suspenso el desarrollo de megaproyectos de energías renovables hasta la aprobación del Plan de Transición Energética de Andalucía. Entre los asistentes al evento se encontraban Martín Rodríguez, secretario de la Asociación de Defensa de los Servicios Públicos de Cartagena (Asepucar), en Cartagena. También asistieron Jaime González y Roberto Macías, activistas miembros de la asociación Alianza Contra la Corrupción, que se distinguen por luchar contra el abuso y atropello de los poderosos.
La fiebre inversora de los megaparques de energías renovables afecta a todo el mundo rural en España, pero especialmente en Andalucía se han disparado y ya suman 1.200 proyectos previstos con una potencia de 25 gigas [cada giga equivale a 1.000 megavatios], según cifras de la Junta. El Gobierno andaluz tiene prisa por visarlos y solo en esta legislatura quiere dar salida a 12 gigas bajo la premisa de la transición energética que combata al cambio climático.
Las corporaciones energéticas, supieron seducir a la mediocre clase política española, que vio un mundo nuevo más allá de su actividad pública. Basta con ver la trayectoria de los ex presidentes Felipe Gonzáles y José María Aznar, fichados por eléctricas para participar en sus Consejos de Administración. El último miembro de la clase política en sumarse a esta lista es el socialista Antonio Miguel Carmona, que se convirtió en vicepresidente de Iberdrola España. Carmona, Doctor en Ciencias Económicas y profesor de la Universidad CEU San Pablo, fue diputado de la Asamblea de Madrid (junio de 1999 -diciembre de 2002 y junio de 2011 -junio de 2015) y concejal en el Ayuntamiento de Madrid (junio de 2015- junio de 2019) con el PSOE.
Las arbitrarias decisiones políticas podrían suponer un tráfico de favores.
Las arbitrarias decisiones políticas que afectan el interés general, tienen una explicación: El posible tráfico de favores entre entidades privadas y las élites políticas. Las puertas giratorias, constituye una forma grotesca de corrupción que permite el paso de políticos sin escrúpulos a la empresa privada. Por eso, les da igual destruir el modo de vida de los agricultores, arrancar los olivares, viñedos o alcornocales. Todo vale, para seguir ganando terrenos para instalar más paneles solares y molinos de viento.
La empresa promotora de gran parte de estos proyectos es la Red Eléctrica Española (REE), un grupo empresarial multinacional que lleva desde su fundación en 1985 con el monopolio de las actividades eléctricas en el territorio nacional y colaborando con las instituciones públicas. Desde 2015 la empresa cuenta con una inversión extranjera que supone el 80% de su accionariado, frente al 20% de participación con el que cuenta Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Entre las empresas que participan en ese 80% de su accionariado se encuentran, entre otras, la compañía de gestión de inversiones BlackRock, el banco alemán Deutsche Bank o el estadounidense JP Morgan Chase.
Los municipios reclamaban un Plan de Transición Energética aprobado como ley, pero el Parlamento Andaluz, les dio la espalda.
El Pleno del Parlamento autonómico rechazó el pasado miércoles con los únicos votos del PP la regulación de una moratoria para dejar en suspenso el desarrollo de megaproyectos de energías renovables hasta la aprobación del Plan de Transición Energética de Andalucía.
De este modo, la mayoría absoluta de los populares bastó para tumbar una proposición de ley tramitada como Iniciativa Legislativa Municipal por 70 ayuntamientos, a la que se adhirió también Jerez, cuyo teniente de alcaldesa de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, José Antonio Díaz, demandó en el Pleno de octubre “una distribución homogénea y planificada” de este tipo de plantas generadoras de energías renovables en toda la Comunidad autónoma.
PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía votaron a favor y Vox se abstuvo.
Ante este lamentable escenario, que supone un atentado medioambiental y la democracia, aseguran desde la Asociación Alianza Contra la Corrupción, que seguirán apoyando a los vecinos afectados, defendiendo los recursos naturales que son de todos y luchando contra la corrupción política.
Suscríbete a nuestro grupo teaming, Es solo un euro al mes y sirve para algo. Ya lo estáis viendo, intentamos enseñaros cómo es la realidad y dar una formación. Detectamos los fraudes y se lo contamos a la gente. 
https://www.teaming.net/defiendoelestadodelbienestar
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=Z3MSKPTA9NJT2
Para hacer directamente una transferencia: