El Investigador Bajo Sospecha: Cuando la Corrupción Policial Entra en el Caso Mediador
Del Jefe de Blanqueo Detenido a los Altos Cargos de la Guardia Civil y el Narcotráfico: Un Mosaico de Corrupción Policial en España.
La sombra de la corrupción policial en España se alarga, tiñendo de sospecha incluso las investigaciones más sensibles. Si bien la opinión pública ha sido testigo en diversas ocasiones de la deshonra de miembros de las fuerzas de seguridad, el reciente giro en el conocido ‘Caso Mediador’ o ‘Caso Tito Berni’ ha introducido un elemento particularmente inquietante: la presunta implicación en narcotráfico del inspector jefe jubilado Francisco Moar, quien inicialmente dirigió la investigación policial de esta trama de corrupción política.
Este suceso, ocurrido en abril de 2025 con la detención de nueve personas por tráfico de drogas – incluyendo a Moar y otros dos expolicías nacionales –, pone de manifiesto la fragilidad del sistema y la facilidad con la que la corrupción puede infiltrarse en los encargados de hacer cumplir la ley. Moar, apartado previamente de la investigación del ‘Caso Mediador’ por una controversia relacionada con la sustracción de teléfonos móviles clave, ahora enfrenta graves acusaciones que incluyen narcotráfico, blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y falsedad documental. Esta conexión directa entre el investigador de un caso de corrupción política y una trama de narcotráfico y corrupción policial siembra dudas sobre la integridad de las investigaciones y la verdadera extensión de la podredumbre dentro de las instituciones.
Este caso no es un hecho aislado. Como telón de fondo, otros escándalos recientes ilustran la diversidad y profundidad de la corrupción policial en España. En noviembre de 2024, la detención de Óscar Sánchez Hill, jefe de la unidad de la UDEF en Madrid dedicada a la lucha contra el blanqueo de capitales, junto a su esposa también policía, reveló una presunta conexión con la mayor incautación de cocaína en la historia del país. La investigación desveló la existencia de más de 20 millones de euros ocultos, sugiriendo que Sánchez Hill podría haber estado facilitando el paso de cargamentos de droga a cambio de elevadas comisiones. La paradoja de un jefe de la unidad antiblanqueo presuntamente involucrado en estas actividades subraya la audacia y el daño que la corrupción puede infligir al corazón de las fuerzas de seguridad.
La Guardia Civil tampoco escapa a este sombrío panorama. En octubre de 2024, el Tribunal Supremo confirmó la condena de un comandante jefe de la Policía Judicial y de Información en Granada por colaborar en la introducción de hachís desde Marruecos a cambio de dinero. Este caso, junto con otros arrestos de agentes de la Guardia Civil por su implicación en operaciones de narcotráfico en diversas provincias, evidencia que la corrupción trasciende cuerpos policiales y jurisdicciones geográficas. Incluso un capitán de la Guardia Civil, jefe de la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal en el puerto de Valencia, fue detenido en diciembre de 2024 por su presunta vinculación con una mafia de tráfico de cocaína.
Estos ejemplos, lejos de ser meras anécdotas, señalan un problema sistémico que mina la capacidad del Estado para combatir eficazmente el crimen organizado y la corrupción en todas sus formas. La implicación de agentes corruptos, con su conocimiento de los procedimientos policiales y su capacidad para manipular información, representa un obstáculo formidable en la lucha contra las tramas delictivas.
La Unidad de Asuntos Internos (UAI), encargada de supervisar la conducta policial, se encuentra en el centro del debate sobre su eficacia e independencia. Su dependencia jerárquica de los mandos policiales ha generado dudas sobre su capacidad para investigar a fondo y sin sesgos la corrupción dentro de sus propias filas. La sugerencia de que estas unidades dependan de organismos externos, como la fiscalía anticorrupción, cobra cada vez más fuerza como una posible solución para garantizar una investigación más imparcial y transparente.
La lucha contra la corrupción policial requiere una voluntad política firme, la asignación de recursos adecuados y una profunda revisión del modelo policial. La cultura del silencio y el miedo a las represalias internas deben ser erradicadas para fomentar la denuncia y proteger a aquellos agentes que se atreven a exponer la corrupción. La prensa y los medios de comunicación juegan un papel crucial al denunciar estas prácticas y exigir transparencia, fortaleciendo así el Estado de Derecho. En última instancia, la integridad de las fuerzas de seguridad es un pilar fundamental de una sociedad justa y democrática, y su erosión por la corrupción representa una grave amenaza para la confianza pública y la seguridad ciudadana. La reciente conexión del investigador del ‘Caso Mediador’ con el narcotráfico es un recordatorio sombrío de la urgencia de abordar este problema de raíz.