El «informe Jíbaro» reveló gastos de más de 100.000 euros en mariscadas y comilonas pagadas a los exdirigentes de la Federación de Servicios Públicos (FSP) en Madrid.
José Ricardo Martínez, exSecretario General de la UGT Madrid, tuvo que dimitir tras aparecer su nombre entre los consejeros de Caja Madrid que habrían usado tarjetas opacas de la entidad para gastos privados.
La Policía investiga el supuesto uso fraudulento de tarjetas de crédito por altos cargos de UGT Madrid.
La corrupción en la UGT Madrid, alcanzó límites inadmisibles para una organización que dice enarbolar la bandera de la defensa de los derechos de los trabajadores. Una historia de escándalos relacionados con la mangancia de fondos públicos y sindicales. Un comportamiento totalmente indigno y despreciable por parte de las cúpulas que representan a una de las organizaciones sindicales más longevas de España.
Los episodios más execrables de la UGT madrileña, han causado sonrojo a toda la sociedad, que aún permanece anonadada ante la inmensa corrupción del sindicato socialista. Por eso, repasamos los hitos más penosos vividos en la última década. Excluimos el ignominioso escándalo de la Promoción Social de Viviendas (PSV), por no corresponder al ámbito temporal del artículo.
El informe jíbaro
Se conoció a través de una resolución judicial dictada en el año 2013, que durante el año 2004, empezó a circular entre los afiliados y afiliadas de la FSP el denominado «informe jíbaro», en el que según estos datos, tres dirigentes de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Madrid, gastaron al menos de 100.000 euros anuales en mariscadas y comilonas.
En octubre de 2004, J.F.R, que trabajaba como informático en el sindicato, redireccionó la página web de tal forma que cualquier afiliado que entrara con sus claves se encontraba con la detallada contabilidad de la federación. El alertador de las cuentas de la FSP, registró un dominio laugtpordentro.org, y redirigió a otra web conocida como la otrafsp.net, donde los afiliados podían descargarse el «informe jíbaro» en el que se daba publicidad a la supuesta contabilidad de la organización que reflejaba numerosas irregularidades en la gestión y el gasto.
La magistrada del Juzgado de lo Penal número 30 de Madrid sostuvo que el informe publicado por el trabajador que resultó absuelto «reveló supuestas irregularidades, ocultación de activos financieros, excesivos gastos con cargo a la Visa, sobresueldos fiscalmente opacos, etc.» y añade que «la página web es un vehículo para esa crítica política al sindicato».
El infame caso de José Ricardo Martínez, exSecretario General de la UGT Madrid, condenado a dos años de prisión por el uso de la tarjeta Black de caja Madrid.
El exsecretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, uno de los primeros en presentar su dimisión cuando se destapó el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid realizó fortísimos gastos en diciembre de 2010.
En un momento en el que la crisis económica ya azotaba con fuerza a la sociedad española, y Caja Madrid presentaba algo más que síntomas de tener fuertes problemas, Ricardo Martínez realizó seis cargos contra la tarjeta de Caja Madrid por valor de 12.750 euros aproximadamente. Todos corresponden a compras en El Corte de Inglés.
El Tribunal Supremo confirmo en el 2018, la condena a dos años de prisión a José Ricardo Martínez, por el uso de la tarjeta con la que realizó el dispendio estimado en 44.200 euros.
La Policía investiga el supuesto uso fraudulento de tarjetas de crédito por altos cargos de UGT Madrid
Continúan las investigaciones sobre el caso de corrupción en la UGT Madrid. Ahora es la Policía la que investiga si las tarjetas de crédito del sindicato se han usado de forma fraudulenta. La unidad de delitos económicos sospecha que esas tarjetas se han utilizado no para gastos de representación, sino para uso y disfrute privado.
Se tratan de gastos efectuados con tarjetas reservadas a los ejecutivos de UGT Madrid que el propio sindicato reconoce que no puede justificar como propios, sin que de momento haya trascendido el tipo de gastos a los que se refiere la investigación de la Policía, que sigue bajo secreto.
Fue el exsecretario general del sindicato, Luis Miguel López Reillo, quien lo denunció antes de dimitir. Sin embargo, la dirección general de UGT le había puesto ya bajo su lupa y presentó una denuncia por la presunta estafa de tres millones de euros de la tramitación del Fondo de Garantías Salarial (Fogasa).
El fraude se realizó sin tener la necesidad de recurrir a sofisticados sistemas o artificios financieros, al parecer se inventaban unas deudas a unos trabajadores inexistentes que habrían pagado mediante cheques falsos de 5.000 euros, tramitados supuestamente por una administrativa, hija de una parlamentaria del PSOE en la Asamblea de Madrid.
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