Políticas autoritarias, regresivas y lesivas al medioambiente es la que practican en la Junta de Andalucía, denuncian los activistas.
La asociación de activistas y alertadores de corrupción se suman a la concentración de este miércoles 8 de febrero, a partir de las 16:00 horas, en la puerta del Parlamento de Andalucía para solicitar la aprobación de la Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) presentada hace unos meses por más de 70 municipios andaluces con la que se pretende lograr una moratoria en la autorización de renovables a gran escala.
Una asociación que nació con un determinante compromiso medioambiental y ecológico, tal es así que, forma parte de su Junta Directiva, José Manuel Cantó Romera, distinguido luchador social en Huelva, que hasta el último día de vida, lo dedicó para denunciar el crimen contra la salud pública que supone las balsas de fosfoyesos.
En la Asociación de Alertadores de Corrupción, conocidos vulgarmente como «Whistleblowers», apoyan el objetivo de esta iniciativa, que no es otro que, conseguir una planificación ordenada, sostenible y bajo el consenso con los ayuntamientos y la ciudadanía. Es decir, que la instalación de plantas fotovoltaicas se haga compatibilizando el aprovechamiento y la proliferación de las energías renovables con la conservación de la gran riqueza ambiental, paisajística y natural de los municipios.
El pasado mes de noviembre el grupo de activistas, se reunieron en Baza, Granada, para protestar contra a los megaproyectos que amenazan al mundo rural en general y el medioambiente en Andalucía. Los activistas difundieron un vídeo en la red, sobre la preocupación de madres y activistas:
Hace unos días, tanto desde la Junta de Andalucía como del Ministerio de Transición Ecológica, se han emitido informes ambientales favorables a 5 de estos proyectos, sin ni siquiera haberse contestado a las alegaciones presentadas por parte del Ayuntamiento de Campillos y de la ciudadanía y varias asociaciones, y sin haber recibido ninguna información al respecto. Por otro lado, el Ayuntamiento de Campillos, lleva esperando más de un año la contestación e informes definitivos de la Junta de Andalucía para la modificación de las normas subsidiarias con la que se pretende realizar una planificación y ordenación de este tipo de instalaciones en la localidad.
Esto es una forma más de corrupción y la peor forma de hacer política. Políticas autoritarias, regresivas y lesivas al medioambiente es la que practican en la Junta de Andalucía. Esta forma fascista de hacer políticas fue denunciado por miembros de la asociación.
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