Misión: Salvar a Isabel Díaz Ayuso y desactivar las alertas de corrupción. El PP se resiste a investigar las comisiones que cobró Tomas Díaz Ayuso.
El Partido Popular, fiel a su tradición de represaliar a alertadores de corrupción, cargó toda su furia contra Teodoro García Egea, que realizaba una investigación interna sobre los contratos del hermano de Ayuso.
Una denuncia anónima alertaba a la Dirección nacional del PP, del cobro de comisiones por la venta de mascarillas. Pero la investigación fue rápidamente sofocada por los barones y medios afines, que defendieron a ultranza a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Teodoro García Egea, ex secretario general del Partido Popular, unas horas después de haber presentado su renuncia para calmar la sed de venganza de los barones y contener la presión de los medios afines a Isabel Díaz Ayuso, que pedían su «cabeza» por cometer la osadía de investigar una alerta anónima que daba cuenta de las comisiones cobradas por Tomas Díaz Ayuso por dotar de mascarillas a la Comunidad de Madrid.
En su intervención en el programa que dirige la periodista Ana Pastor, expuso que el expediente con la información no fue filtrado desde la Moncloa. Descartando la participación del Gobierno de Pedro Sánchez o cualquier agencia privada de investigación. Fue categórico al manifestar: «Si tengo la información, ¿para qué quiero investigarla?».
De igual forma, García Egea, terminó por desmentir que se llevase a cabo cualquier tipo de espionaje, tanto directa como indirectamente, al entorno de Isabel Díaz Ayuso, informaciones que tildó como «absolutamente falsas».
«¿España quiere unos partidos políticos que pregunten dentro, o prefiere que cuando reciban informaciones de activos internos la tiren a la papelera?», manifestó durante la entrevista con Ana Pastor.
En un Partido Político podrido hasta la médula, investigar la corrupción de su baluarte -Díaz Ayuso- sale muy caro.
La cifra que el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, finalmente reconoce que cobró Tomás Díaz Ayuso es muy similar a la que una semana antes Casado había dado en una entrevista en la Cadena Cope cuando aseguró que fueron 286.000 euros y habló de un posible delito de «tráfico de influencias». Casado también dejó entre ver que Daniel Alcázar, amigo del hermanísimo Tomás Díaz Ayuso y propietario de la empresa, podría haber actuado como «testaferro» del hermano de la presidenta madrileña al haber usado su sociedad como intermediaria para poder contratar con la Comunidad de Madrid.
Entonces, llegó la respuesta de Isabel Díaz Ayuso, que inmediatamente entró en el programa de Carlos Herrera, para asegurar que no sabía de dónde había sacado esa cifra el presidente de su partido, unas cantidades que ella dijo desconocer. Paralelamente, se activó la maquinaria política-mediática, para linchar a los responsables de la formación. Una forma de actuar propia de las organizaciones que defienden un modelo de gestión basado en la opacidad, el fraude y la corrupción.
Matar al mensajero
Según Pablo Montesinos, vicesecretario de comunicación del PP, aseguró ante un grupo de periodistas que Pablo Casado, hizo lo que tenía que hacer» y que «lo hizo por los cauces correctos». «Al final lo que está ocurriendo y lo que estamos comprobando es que el presidente [del PP] siempre ha dicho la verdad e hizo lo que tenía que hacer, que era preguntar».
«Cuando nos llega una información, el presidente [del PP] habla cara a cara, en privado, con la persona con la que tenía que hablar y le pide información, que le cuente qué es lo que ha ocurrido», ha explicado Montesinos. Según él, «la bandera de la transparencia y la ejemplaridad» en este caso es la de Casado. «Puede llevar la cabeza bien alta porque ha hecho lo que tenía que hacer».
Esto demuestra que en el Partido Popular, siguen actuando como una organización mafiosa, que prefiere matar al mensajero para garantizar la impunidad y mantener ocultos los secretos de sus líderes.
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