El Gobierno de España no hace lo suficiente para proteger a los alertadores de corrupción. "No hay una voluntad real para combatir la corrupción, el fraude y proteger a las personas que activan las primeras alarmas", señala Roberto Macías.
Jaime González, funcionario de la Junta de Andalucía, desató un terremoto político en la Consejería de Medio Ambiente al denunciar al poderoso "Cartel del Fuego". Hoy es un referente de la lucha contra el fraude y gira su mirada hacia las criptomonedas.
En España, los grandes medios de comunicación favorecen la mediocridad y el servilismo. Comunicadores como Carlos Herrera o Ana Rosa Quintana, defienden los pilares más rancios del sistema. Sus voces y tertulias, están destinadas a sofocar cualquier señal de rebeldía. Favoreciendo la modorra social, apatía política y el conformismo. Engañan, manipulan y tergiversan la realidad para mantener a la gente encadenada al sofá.
Mientras Ferraz agita la bandera del intervencionismo, señala a la propiedad privada y demoniza a los rentistas, una radiografía minuciosa de las declaraciones de bienes del Congreso revela una realidad incómoda: decenas de altos cargos y diputados socialistas acumulan abultados patrimonios inmobiliarios y perciben jugosas rentas privadas
Un superávit patrimonial inicial de más de 400 millones de euros no impidió la liquidación forzosa del grupo. Nuevas acciones judiciales y denuncias ante el Banco de España y el BCE apuntan a un presunto concierto entre el despacho Garrigues, la administración concursal (Banco Santander/Banesto) y el BBVA para provocar la indefensión del grupo, dejar ir inmuebles estratégicos a manos del BBVA y boicotear el convenio de acreedores.
