Una movilización transversal exige frenar el vertido de aguas con metales pesados al estuario, mientras la adjudicación de Aznalcóllar sigue en los tribunales.
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Mientras Ferraz agita la bandera del intervencionismo, señala a la propiedad privada y demoniza a los rentistas, una radiografía minuciosa de las declaraciones de bienes del Congreso revela una realidad incómoda: decenas de altos cargos y diputados socialistas acumulan abultados patrimonios inmobiliarios y perciben jugosas rentas privadas
En un vídeo publicado en YouTube, los activistas éticos, revelan las posibles deficiencias, opacidad y desinterés en la lucha contra la corrupción en la...
Acto de ciudadanos y organizaciones exigen cumplimiento de leyes por parte del Ayuntamiento.
En un acto de movilización ciudadana llevado a cabo en Plaza Nueva,...
Mensaje urgente de Iván Úbeda en Plaza Nueva: Exigencia del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
En una manifestación realizada el 2 de diciembre...
Robert Martínez y María José Alarcón, reconocidos integrantes de la Organización por BBS Serveis, son víctimas de una medida arbitraria que amenaza su estabilidad...
La 'persona protegida' del Ayuntamiento de Mataró queda desamparada ante la desidia de la OAC en la aplicación de la ley
AEDICO expresa su preocupación...
La ciudadanía se une para denunciar la negligencia del Ayuntamiento de Sevilla en materia de Memoria Histórica y exigir el cumplimiento de las leyes...
En una destacada muestra de valentía y dedicación en la lucha contra la corrupción, Jaime González Díaz, funcionario del servicio de contratación de la...
Mientras Ferraz agita la bandera del intervencionismo, señala a la propiedad privada y demoniza a los rentistas, una radiografía minuciosa de las declaraciones de bienes del Congreso revela una realidad incómoda: decenas de altos cargos y diputados socialistas acumulan abultados patrimonios inmobiliarios y perciben jugosas rentas privadas
Un superávit patrimonial inicial de más de 400 millones de euros no impidió la liquidación forzosa del grupo. Nuevas acciones judiciales y denuncias ante el Banco de España y el BCE apuntan a un presunto concierto entre el despacho Garrigues, la administración concursal (Banco Santander/Banesto) y el BBVA para provocar la indefensión del grupo, dejar ir inmuebles estratégicos a manos del BBVA y boicotear el convenio de acreedores.