Infraestructuras al límite del colapso: cómo la corrupción erosiona la seguridad ferroviaria en España
Los accidentes del ALVIA e IRYO reavivan el temor a un sistema debilitado por décadas de parches, falta de inversión y adjudicaciones bajo sospecha
Los recientes accidentes del ALVIA y de un tren de IRYO han vuelto a encender las alarmas sobre el estado real de la red ferroviaria española. Más allá de las causas técnicas inmediatas, expertos, asociaciones y usuarios coinciden en señalar un problema de fondo que se arrastra desde hace décadas: la corrupción estructural y la mala gestión de los recursos públicos.
Un modelo de adjudicación bajo sospecha
Investigaciones periodísticas y procesos judiciales abiertos han puesto el foco en empresas integradas en UTEs que participaron en obras clave de la alta velocidad y que, según diversas informaciones, habrían mantenido vínculos con intermediarios hoy bajo investigación. Entre ellas, compañías que contrataron a figuras como Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, en el marco de actividades que la justicia sigue analizando.
Aunque no existen sentencias firmes, estos casos han reforzado la percepción de que la proximidad política y los favores cruzados han pesado más que la solvencia técnica en determinadas adjudicaciones. Un sistema que, según denuncian asociaciones anticorrupción, ha permitido que obras estratégicas se ejecuten con sobrecostes, retrasos y soluciones improvisadas.
Parches desde 1992: la herencia de la desinversión
Técnicos ferroviarios y sindicatos llevan años alertando de que gran parte de la red convencional no ha sido renovada desde principios de los años 90. En algunos tramos, las vías acumulan más de treinta años de servicio sin sustitución integral. Las intervenciones realizadas han consistido, en muchos casos, en parches temporales que se han convertido en soluciones permanentes.
El resultado es una red donde conviven tramos modernos con otros que funcionan al límite de su vida útil. Y cuando la infraestructura depende de remiendos, la fiabilidad se resiente.
El AVE, de símbolo de modernidad a infraestructura cuestionada
Durante años, el AVE fue el emblema de la modernización española. Sin embargo, los incidentes recientes han puesto en evidencia que la alta velocidad tampoco es inmune a los efectos de la falta de inversión y la mala gestión.
Asociaciones de usuarios advierten de que, si no se renuevan los tramos envejecidos y no se refuerzan los sistemas de seguridad, un simple fallo en un punto mal mantenido puede desencadenar un accidente grave.
“La corrupción es una prisión que impide a España avanzar”
Las palabras más contundentes llegan desde la sociedad civil. Jaime González, presidente de la Asociación Alianza Contra la Corrupción, sostiene que el deterioro de las infraestructuras es inseparable del sistema de corrupción que, según afirma, opera en España desde hace décadas.
En conversación con este medio, González asegura:
“Con los niveles de corrupción que existen en España es imposible garantizar unos servicios públicos adecuados.”
Explica que, durante años, el país pudo sostener un nivel razonable de calidad porque la presión sobre las infraestructuras era menor. Pero esa etapa quedó atrás:
“Hoy somos más ciudadanos, utilizamos más los servicios públicos y la actividad es mucho mayor. Todos los fallos que se han ido acumulando sin corregirse terminan pasando factura.”
González es especialmente crítico con la gestión de las grandes redes de transporte:
“No se pueden mantener cientos de miles de kilómetros de vías ferroviarias, carreteras o infraestructuras aéreas con el nivel de corrupción que hay. Es imposible. La corrupción funciona como una prisión que nos impide avanzar.”
Y advierte de que el problema no es solo económico, sino sistémico:
“Si seguimos con el mismo modelo para combatir la corrupción, no podremos mantener la calidad de los servicios públicos. La corrupción influye directamente en su deterioro. Y cuando se usan intensivamente, simplemente explotan.”
Prioridades invertidas: chiringuitos, sobrecostes y abandono
Mientras tanto, la ciudadanía observa cómo fondos públicos se destinan a estructuras administrativas, consultorías o entidades de dudosa utilidad, mientras las infraestructuras críticas acumulan retrasos, sobrecostes o directamente se degradan.
Cada euro desviado o mal gestionado es un euro que no se invierte en renovar vías, mejorar señalización o reforzar sistemas de seguridad. Y esa ecuación, según los expertos, tiene consecuencias directas sobre la seguridad de los viajeros.
Una confianza ciudadana en mínimos
Los accidentes recientes han reabierto heridas que nunca terminaron de cerrarse desde la tragedia del ALVIA en 2013. Las víctimas llevan más de una década reclamando transparencia y responsabilidades. Hoy, la percepción de que el país no ha aprendido lo suficiente vuelve a ganar fuerza.
La confianza en las instituciones se erosiona cuando los ciudadanos sienten que las revisiones técnicas no son independientes, que las adjudicaciones no son transparentes y que la seguridad depende de parches.
Un aviso que no debería ignorarse
España necesita, según coinciden expertos y asociaciones, una reforma profunda del modelo de contratación pública, una auditoría independiente del estado real de la red ferroviaria y un plan de inversión sostenido que priorice la seguridad por encima de la propaganda política.
Porque, como recuerdan los técnicos, un parche puede aguantar… hasta que deja de hacerlo. Y cuando eso ocurre en una vía férrea, las consecuencias pueden ser devastadoras.
