Contaminación Judicial: Parcialidad y Favoritismo en el Sistema de Justicia en Andalucía
La justicia, como garante del Estado de derecho, debe ser independiente e imparcial. Sin embargo, en España, ciertos casos de alto perfil han puesto de manifiesto aparentes patrones de parcialidad y favoritismo dentro del sistema judicial, socavando su credibilidad. Esta situación, conocida como “contaminación judicial,” afecta gravemente la confianza pública en una de las instituciones clave de la democracia.
El Caso ERE: Una Revisión Cuestionada
El Consejo General del Poder Judicial ordenó que la magistrada Encarnación Gómez se reincorporara a la Audiencia de Sevilla para participar en la nueva sentencia del caso ERE, tras la anulación parcial del fallo original por el Tribunal Constitucional. Este organismo consideró que se habían vulnerado la presunción de inocencia y el principio de legalidad penal. Ante la jubilación de uno de los jueces y la excedencia inicial de Gómez, la Sección Primera decidió ampliar el tribunal a cinco magistrados, sumando a Francisco de Asís Molina Crespo, Juan Jesús García Vélez y Patricia Fernández Franco, con Pilar Llorente como ponente.
La ampliación de la sala, avalada por los artículos 199.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, responde a la complejidad y trascendencia jurídica del caso. Sin embargo, esta decisión también ha generado controversias debido al historial de algunos de los magistrados implicados.
Historias de Decisiones Controvertidas
Francisco de Asís Molina Crespo, conocido por su papel en el caso de Marta del Castillo, ha enfrentado críticas por la gestión de la instrucción, que dejó a varios acusados en libertad mientras la única condena recayó sobre Miguel Carcaño. Este magistrado también aparece vinculado al reciente archivo del caso Isofotón, relacionado con presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos, lo que refuerza las sospechas sobre la imparcialidad en casos vinculados a figuras políticas.
Juan Jesús García Vélez también arrastra antecedentes polémicos. Es conocido por haber cargado contra el funcionario que denunció irregularidades en el caso INFOCA, el cual implicaba a la Consejería de Medio Ambiente y altos cargos vinculados al PSOE y la llamada “administración paralela” de Andalucía. Además, este magistrado mantuvo paralizado durante tres años el caso de las facturas falsas de UGT Andalucía, un escándalo de corrupción sindical que afectó a la gestión de fondos públicos destinados a formación.
Patricia Fernández, siendo juez de instrucción 3 de Sevilla, ordenó el archivo del caso de la concesión de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) por parte de la Junta de Andalucía a la empresa Minorbis-Grupo México.
La jueza, consideró que no existían indicios de prevaricación en la decisión adoptada por la Junta de Andalucía. Según se señala en el auto: «no puede convertirse a la instrucción penal en instancia encargada de la baremación de las diversas soluciones propuestas si no existen indicios suficientes más allá de meras sospechas o conjeturas de la existencia de desviación de poder al ejercer las potestades de selección de las ofertas presentadas».
La juez explica en su resolución que el archivo provisional de las actuaciones se acuerda con independencia de que haya que actuar por la vía de lo contencioso administrativo, y de que la administración competente deba cumplir con rigor el control del uso racional de las adjudicaciones.
La Doble Vara de la Justicia
La repetición de patrones cuestionables en las decisiones de ciertos jueces alimenta la percepción de que la justicia no actúa con la misma severidad contra los poderosos que contra los denunciantes de corrupción. Por un lado, se observan resoluciones que benefician a figuras vinculadas al poder político. Por otro, los denunciantes enfrentan, en ocasiones, un trato que roza lo antijurídico. Este desequilibrio no solo refuerza la desconfianza en la justicia, sino que además perpetúa un sistema que parece proteger a los implicados en corrupción estructural.
Organizaciones como Alianza Contra la Corrupción han señalado insistentemente la necesidad de abordar estos problemas, subrayando que sin una justicia equitativa e independiente, la democracia se convierte en un sistema vulnerable a los abusos de poder.
Recientemente, la asociación de activistas y denunciantes de corrupción, pusieron de nuevo la lupa en las resoluciones de la Audiencia Provincial de Sevilla, al analizar el caso de Marta del Castillo y las declaraciones de su padre, al señalar: «El nivel de fango en la Audiencia sólo es comparable al que deja una DANA».
La nueva sentencia del caso ERE será un momento clave para evaluar si la justicia española puede superar sus sombras de parcialidad y recuperar la confianza de la ciudadanía. Mientras persistan las dudas sobre la imparcialidad judicial, el camino hacia una verdadera justicia igualitaria seguirá siendo incierto.
Vídeo de los activistas de la asociación Alianza Contra la Corrupción, explicando el nivel de contaminación político judicial en 2019, en relación con el caso de Marta del Castillo y la Administración Paralela.