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La gran mentira del Gobierno se llama Ingreso Mínimo Vital.

Miles de familias avocadas a la mendicidad por el injusto cálculo de su ingreso y patrimonio. as familias más vulnerables empiezan el año con drásticas reducciones o perdidas de la prestación. Inician campaña de recogida de firmas para reclamar al Gobierno se tenga en cuenta los ingresos actuales.

El Partido Popular implantó su modelo de corrupción en Andalucía.

El Juzgado de Instrucción 3 de Almería cita a Doña Carmencita Crespo como investigada por su participación en la concesión de una subvención a la construcción del Museo de Agricultura en el municipio de La Mojonera.

UGT: Cementerio de denunciantes de corrupción.

Entre todas las organizaciones participantes en este obsceno festín de fondos públicos, destaca la Unión General de Trabajadores (UGT), que se ha distinguido por represaliar con especial dureza a los trabajadores y trabajadoras que han tenido la decencia de informar de sus corruptelas.

Amarga Navidad para beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

Miles de familias beneficiarias del IMV, despertaron el 25 de diciembre con sus cuentas vacías o con «ingresos de mierda».

Misión: Salvar al rey emérito y garantizar la monarquía.

En su caso, todos los nodos de poder construidos durante su reinado cumplieron su misión: Salvar al monarca y garantizar la monarquía.

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Mientras Ferraz agita la bandera del intervencionismo, señala a la propiedad privada y demoniza a los rentistas, una radiografía minuciosa de las declaraciones de bienes del Congreso revela una realidad incómoda: decenas de altos cargos y diputados socialistas acumulan abultados patrimonios inmobiliarios y perciben jugosas rentas privadas

Caso Grupo JALE: Del imperio inmobiliario andaluz a la acusación de un «expolio planificado por la Administración Concursal».

Un superávit patrimonial inicial de más de 400 millones de euros no impidió la liquidación forzosa del grupo. Nuevas acciones judiciales y denuncias ante el Banco de España y el BCE apuntan a un presunto concierto entre el despacho Garrigues, la administración concursal (Banco Santander/Banesto) y el BBVA para provocar la indefensión del grupo, dejar ir inmuebles estratégicos a manos del BBVA y boicotear el convenio de acreedores.
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