Aznalcóllar y los fosfoyesos comparten un patrón: se actúa tarde, se controla poco y se paga después.
Cuando miles de personas salen a la calle para pedir que se evalúe científicamente un vertido antes de que empiece, algo ha fallado antes. La pregunta no es solo qué se autoriza, sino por qué una administración llamada a proteger la salud pública acaba avalando proyectos tan discutidos. Huelva ofrece un caso de estudio.
El polo químico y las balsas. Durante décadas, la industria de fertilizantes del polo químico de Huelva depositó sus residuos junto a la ciudad. Se acumularon unos 120 millones de toneladas de fosfoyesos, a un ritmo de unos 3 millones al año, en balsas de casi 30 metros de altura que arrasaron buena parte de las marismas del Tinto. Los vertidos se detuvieron en 2010, siete años y un mes después de la orden de caducidad de la concesión.
Una restauración que no llega. El Tribunal Supremo confirmó una sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a Fertiberia a presentar un aval de 65 millones de euros para eliminar las balsas. La empresa presentó un proyecto de sellado, no de eliminación. En 2025, el Fiscal de la Audiencia Nacional pidió modificar la declaración de impacto ambiental de ese proyecto, apoyándose en un dictamen del Instituto Nacional de Toxicología que cuestiona su viabilidad. Según la Universidad de Huelva, las 750 hectáreas de balsas que se creían restauradas siguen liberando arsénico, cadmio, uranio y zinc a la ría.
El cáncer: lo que se sabe y lo que no. Hay indicios serios. Un estudio del CSIC detectó una mortalidad por cáncer un 10% mayor en los hombres y un 6% mayor en las mujeres de Huelva que en el resto de capitales andaluzas. Un estudio publicado en Environment International atribuye, según la prensa que lo recoge, el exceso de mortalidad a las emisiones industriales. Un análisis de uñas de residentes halló arsénico y uranio en la población cercana a las balsas, resultados que el comité describe como compatibles con su llegada desde ellas.
¿Por qué ocurre? Lo que sigue es opinión de esta redacción, no hechos probados contra nadie. Vemos patrones que se repiten:Dependencia económica: donde el empleo es industrial o minero, los puestos de trabajo pesan más que el principio de precaución.Quién vigila a quién: quien promueve, quien autoriza y quien controla comparten intereses, y los plazos políticos son más cortos que los daños.Responsabilidad diluida: Junta, Estado, confederaciones y ayuntamientos se pasan el balón. Cuando todos son competentes, nadie responde.Asimetría de recursos: la empresa tiene gabinetes permanentes; la ciudadanía depende del voluntariado y de tribunales que tardan décadas.Huelva y el Guadalquivir se parecen en lo esencial: se actúa tarde, se cuestiona poco y se paga después, y no pagan quienes decidieron. Por eso la petición de una comisión científica independiente no es un capricho. Es exigir que, esta vez, el orden sea el contrario.
